Túnez, el país seguro, ante sus propios límites
La imagen que transmite actualmente Túnez, catorce años después de la proclamación de la Segunda República bajo el control omnipresente de Zine Abidine Ben Ali, es de un notable contraste. En relación con sus vecinos magrebíes es percibido como un país que ha sabido extraer resultados positivos de un programa de ajuste estructural, iniciado en 1986, y de un modelo político autoritario, que ha desactivado toda oposición al poder presidencial. Aparece así como “un país viable y vivible”, en boca de sus propagandistas, que disfruta de unos niveles de crecimiento inauditos en la región y en el que el peligro islamista está totalmente controlado. Por el contrario, si la referencia a utilizar es la que define a los países democráticos y a las economías de mercado, la conclusión deja de ser tan positiva, al constatar los límites en los que se mueve el modelo tunecino, necesitado urgentemente de llevar a cabo reformas profundas para hacer frente a los retos que se le presentan a corto plazo.
Evolución sociopolítica
En su aparición a la cabeza del Estado, tras los tensos episodios del 7 de noviembre de 1987 que desencadenaron el desplazamiento del carismático Bourguiba, el presidente Ben Ali proclamó que su actuación en el terreno político se centraría en consolidar la apertura, la democracia y el Estado de derecho. A la luz de estos objetivos, es inmediato comprobar que la situación actual no se corresponde con las promesas formuladas entonces. Por una parte, el régimen practica una política represiva frente a cualquier tipo de disidencia, insensible a las denuncias que formulan diferentes organizaciones de defensa de los derechos humanos, que evalúan en más de dos mil el número de prisioneros políticos que pueblan las cárceles tunecinas. Por otra, y a pesar de la existencia de seis partidos políticos legales, el panorama político está prácticamente bloqueado, sin que exista ninguna alternativa sólida al poder del omnipresente partido gubernamental (RCD, Agrupamiento Constitucional y Democrático). Este partido no sólo ocupa, en función de los resultados de las últimas elecciones de 1999, la práctica totalidad de los escaños de la cámara de diputados (148 de un total de 182) y de los gobiernos locales, sino que su propio modelo de implantación en cada núcleo de población lo convierte en la referencia imprescindible para asegurar el éxito de cualquier iniciativa social o económica. Por otra parte, más que de política gubernamental o estatal habría que hablar de política presidencial, dado que en la figura de Ben Ali se concentran todos los poderes efectivos, ejercidos de manera unipersonal, sin permitir la consolidación de otros actores que puedan hacerle sombra (en estos años se han sucedido más de 120 ministros en los diferentes gabinetes). Una de las razones últimas de esta situación hay que buscarla en la experiencia vivida durante los últimos momentos de la presidencia de Bourguiba, cuando la presencia de los grupos islamistas radicales (fundamentalmente el Movimiento de Tendencia Islámica, transformado posteriormente en el partido Al-Nahda) planteó un reto al poder tradicional, con un discurso y una práctica política que atraía crecientemente a distintos sectores de la población. Si en un primer momento la represión se combinó con una cierta permisividad (sin que, en ningún caso, se optara por legalizar estos partidos, se les permitió concurrir a las elecciones como independientes), el ejemplo argelino sirvió para cerrar definitivamente cualquier asomo de apertura.
En cualquier caso, el grado de apoyo popular a la figura de Ben Ali es incuestionable, entre una población que a menudo es definida como apolítica, de tal forma que si el régimen se atreviera a abrir totalmente el marco político, los resultados de unas hipotéticas elecciones volverían a otorgarle la victoria. No parece que esta sea la intención de un presidente que acaba de anunciar, en noviembre de 2001, la promesa de reformar la ley electoral, introduciendo mecanismos de proporcionalidad en el actual sistema mayoritario, y de llevar a cabo una nueva reforma constitucional (la última fue en 1999), que limite la edad de los candidatos presidenciales a menos de 70 años, que instaure una nueva cámara de representación territorial y que inicie un proceso de descentralización del poder a las regiones. Todo ello, con la vista puesta en las próximas elecciones presidenciales de 2004, puede esconder la intención de aprovechar las reformas para permitir que el propio Ben Ali puede saltarse el actual límite de mandatos. En resumen, la concepción patrimonialista y clientelar del poder, junto al temor que suscitan las opciones islamistas, a las que se niega de partida toda capacidad de convivencia en el marco de un modelo político abierto, siguen apuntando hacia una resistencia a ultranza del modelo actual.
Evolución económica
Túnez sigue figurando como uno de los veinte países del mundo con mayor ritmo de crecimiento económico. En estos últimos años no sólo ha logrado restablecer sus equilibrios macroeconómicos, sino que continúa incrementando el porcentaje de población que percibe una mejora en sus condiciones de vida, tal como lo demuestra las doce posiciones que ha avanzado en términos de desarrollo humano, según el informe elaborado anualmente por el PNUD. Al mismo tiempo, es el país magrebí que ha logrado una mayor diversificación productiva y en el que el sector privado ocupa mayores cuotas de protagonismo. Esta tendencia positiva no debe ocultar, sin embargo, la existencia de problemas:
– El modelo ha sido útil hasta aquí, pero parece necesario acelerar las reformas para adaptarse a un entorno mucho más exigente, definido por: a) la pérdida de ventajas preferenciales para los productos textiles, a partir de enero de 2005, teniendo en cuenta que este sector supone casi la mitad del empleo industrial y el 6% del PIB; b) la pertenencia a la OMC, que implica un esfuerzo añadido para sobrevivir en un clima de alta competitividad y; c) sobre todo, la creación, en el marco euro-mediterráneo, de una zona de libre comercio en 2010.
– La Unión Europea es una referencia ineludible para Túnez (el 75% de sus intercambios comerciales, el 90 de la IDE y el 63% de los ingresos por turismo tienen esa procedencia). Ha sido el primer país en firmar un acuerdo de asociación euro-mediterráneo, que ya está en vigor desde 1996, y queda por ver de qué manera logrará rebatir unas previsiones preocupantes que hablan de que está en juego el mantenimiento del 58% del PIB, un tercio de los ingresos del Estado y el 30% del sector industrial manufacturero. Un elemento importante de esa estrategia de preparación es la aplicación del programa de puesta a punto, iniciado en 1996 con una financiación de 2.500 millones de dólares a lo largo de diez años tanto del Banco Mundial como de Bruselas, del que se beneficiarán 4.000 empresas.
– Los planes de privatización de las empresas públicas, ya contemplados en el marco del IX Plan de Desarrollo (1997-2001), no han alcanzado los objetivos previstos. El Estado sigue siendo el principal actor económico nacional, como lo demuestra el hecho de que los diez primeros grupos económicos están, directa o indirectamente, en sus manos, mientras que el primer grupo privado tiene un volumen anual de negocios que apenas supera los 75 millones de dólares. Sin modificaciones sustanciales en el ámbito político no es fácil que se logren resultados más significativos en este campo, toda vez que el Estado tratará de mantener su predominio y de evitar el inevitable impacto que estas medidas tendrán en el delicado equilibrio social.
– Las autoridades tunecinas reconocen que, a pesar de los buenos resultados cosechados, no tienen capacidad para crear suficientes puestos de trabajo para satisfacer la demanda. Si en 1986 la tasa de paro era del 15%, en la actualidad es del 15,6%, sin que haya señales de que puedan cumplirse las previsiones de reducirla al 11%, tal como se plantea en el X Plan de Desarrollo (2002-06). Las labores que se financian con el Fondo de Solidaridad Nacional, tratando de atender las necesidades de poblaciones que habitan en las llamadas “zonas de sombra del desarrollo”, no bastan para modificar esa tendencia estructural, a pesar de que se logren ritmos de crecimiento económico anual del 6%, como el que se espera alcanzar este año.
– La necesidad de inversiones extranjeras es una constante de la economía tunecina, dado su escaso ahorro nacional y la errática evolución de los ingresos por turismo y de las remesas de emigrantes (con previsiones a la baja). Hasta ahora, Túnez ha disfrutado de una atención especial en el entorno magrebí, pero sin perder de vista que la región en su conjunto apenas ha absorbido el 0,9% de la inversión extranjera realizada por los países comunitarios. El dinamismo de la economía tunecina, no puede ocultar el hecho de que su mercado nacional es muy reducido y que mientras no se desarrolle una experiencia de integración regional a escala magrebí, con las economías de escala de que ello se derivaría, el atractivo se reduce considerablemente. Probablemente ésta es una de las consideraciones que han tenido en cuenta las autoridades tunecinas para impulsar la reciente Declaración de Agadir (2001), por la que se pretende poner en marcha una zona de libre comercio a la que se incorporarán Marruecos, Egipto y Jordania.
– Para los empresarios e inversores extranjeros la diversificación productiva alcanzada por Túnez no parece atraer su atención que, preferentemente, sigue volcada en el sector energético, en ciertas industrias manufactureras y, en mucha menor escala, en el turismo. Queda un largo camino por recorrer para que esta presencia exterior beneficiosa se traslade a otros sectores, no sólo para atender las necesidades internas (todavía está por alcanzarse la autosuficiencia alimentaria), sino también externas, permitiendo la mejora de la tasa de cobertura en los intercambios comerciales. La industria textil, sigue siendo una apuesta razonable, junto a las del turismo, cuero, mecánicas y eléctricas. En el caso de España, sorprende, en cualquier caso, la escasa atención prestada por nuestros inversores y empresarios al mercado tunecino, con una presencia apenas testimonial (en la que destacan únicamente las experiencias del Grupo Sans y Uniland) en el conjunto de las 2.139 empresas extranjeras existentes.
Conclusión
En definitiva, el éxito relativo que Túnez ha experimentado cuando se compara la situación actual con la de finales de 1987, no debería hacer pensar que este mismo modelo es adecuado para hacer frente a las nuevas circunstancias internas y externas que asoman en el horizonte. La opción más previsible por la que optará Ben Ali es la de tratar de mejorar la situación económica, sin modificar en su esencia las bases del modelo político que ha instaurado. De esta manera, confía en que si los tunecinos percibieran una mejora continuada en sus niveles de vida, arrinconarían sus reclamaciones políticas por un verdadero Estado de derecho, al tiempo que los islamistas desaparecerían de la escena. A corto plazo estas previsiones pueden cumplirse, pero finalmente el propio desarrollo económico obligará a plantear la necesidad de reformar el escenario político. La voluntad para adelantarse a esta previsión puede ser una medida de la inteligencia política de los actuales dirigentes.
