La hora de la verdad de la transición marroquí
El cuadro clínico que presentaba Marruecos antes de los atentados de Casablanca estaba compuesto, a grandes rasgos, por numerosas patologías bien conocidas: enormes desigualdades sociales, concentración de poder y riqueza en una minoría, sistema de libertades restringido, discriminación de la mujer, alta tasa de analfabetismo y paro, malestar económico, un quinto de la población sobreviviendo por debajo del umbral de la pobreza… En el orden político los actores también tienen carta de presentación: un aparato de poder formado por elites inmovilistas, unos militares con un peso creciente, unos partidos políticos desarticulados y un islamismo de corte no violento muy extendido. El diagnóstico más inmediato era que el país necesitaba marcar con paso firme la senda democrática y de auténtico desarrollo, a riesgo de iniciar, tarde o temprano, una involución de consecuencias desbordantes.
En esta tesitura, que tenía todos los ingredientes de una fase crítica y decisiva para un país hasta entonces al abrigo de acciones terroristas, el día 16 de mayo doce fundamentalistas marroquíes activaron su carga asesinando a 31 personas en la ciudad de Casablanca. La consiguiente conmoción dio paso a una inmediata reacción social contra el terrorismo y en defensa de la democracia. Una gran manifestación- en la que los organizadores (partidos políticos y asociaciones) denegaron la participación a los islamistas- se convirtió en exponente del frente común creado por los primeros y de su enfrentamiento con los últimos, a cuya única fuerza política con representación parlamentaria, el Partido Justicia y Desarrollo (PJD), se le ha acusado desde algún sector de ser moralmente responsable de los atentados por su política retrógrada.
El punto de inflexión que provoca cualquier atentado terrorista ha tenido un carácter muy marcado en Marruecos y ha supuesto una sacudida de hondo calado, tras la cual se está produciendo un cuestionamiento y reconsideración general en diferentes planos políticos y sociales. Se abre un panorama en el que las oportunidades de progreso tendrán que cohabitar con otras fuerzas de signo negativo hasta ahora contenidas, y en un terreno muy propicio para la confusión y la manipulación de las ideas. Esta nueva etapa de reajuste multidimensional ha quedado reflejada en el discurso que el rey Mohamed VI ha dirigido a los marroquíes, en el que solemnemente ha declarado que ha sonado la hora de la verdad para aquellos que utilizan la democracia con el fin de atentar contra la autoridad del Estado y para aquellos cuyas ideas son semillero de «ostracismo, fanatismo y discordia». Las grandes líneas trazadas en dicho discurso atañen tanto a la vertiente política, social, económica, institucional y de seguridad, como a la religiosa, educativa, cultural y mediática. Todas ellas sustentadas en los pilares de la democracia y del Estado de Derecho.
Por el momento, y dentro de la lógica de los acontecimientos, se han reforzado las políticas de seguridad y emprendido acciones expeditivas hacia el islamismo más extremista. La ley antiterrorista, que había sido objeto de una fuerte crítica y oposición por parte de las asociaciones de derechos humanos y de los islamistas, ha sido aprobada de forma fulgurante por todas las fuerzas políticas sin excepción. Se estudia incluso cómo salvar el principio constitucional de la irretroactividad de las leyes para poder aplicar la nueva legislación a aquellos islamistas cuyas prédicas han incitado al odio.
Los retos del régimen
El Estado marroquí tiene que enfrentarse a tres grandes retos: conciliar seguridad y libertad, replantearse adecuadamente su política con las fuerzas islamistas y ejecutar proyectos de desarrollo económico y social, acompañados de toda una serie de reformas legales e institucionales, determinantes para el futuro democrático del país. Por lo que se refiere al terrorismo se trata de combatirlo con más democracia, no con menos.
A finales del 2002, el periódico Le Journal, representante de la exigua prensa independiente en Marruecos, sacaba en portada a un grupo de generales bajo el lema «paranoia por la seguridad». El titular respondía a las acciones de algunos militares y personas próximas a Palacio que, con el fin de frenar cualquier medida liberal y ocultar determinados expedientes, se dedicaron a contaminar la opinión pública anunciando una serie de conspiraciones contra los fundamentos del régimen. Por otra parte, la represión hacia islamistas y defensores de los derechos humanos se ha endurecido en los últimos meses.
Con estos antecedentes, la gran tarea de reforzar las políticas de seguridad sin menoscabar el régimen de libertades y el Estado de Derecho- cuestión a la que estamos asistiendo en Occidente después del 11 de septiembre- no va a ser fácil. Tarea ardua, considerando, además, que el referente islamista, en forma de amenaza, ha servido de justificación a la ausencia de políticas aperturistas y al mantenimiento de amplios poderes en favor del monarca. Todo indica, pues, que van a ganar peso las opciones más represivas y las figuras del régimen más radicales.
Se configura a su vez un nuevo escenario en torno a las relaciones con los islamistas, en el que se cuestiona la política de integración (con fines de domesticación) en el juego político del PJD. Este partido ya ha comunicado, a través de uno de sus líderes, que está reconsiderando su participación en las elecciones municipales de septiembre de 2003, en las que se preveía que iban a obtener el gobierno de varias ciudades importantes. Sería un grave error del régimen no hacer distingos entre islamistas violentos y no violentos y excluir a éstos últimos del sistema político. En este sentido, todas las miradas se han de orientar hacia el Partido Justicia y Espiritualidad, auténtica fuerza islamista del país, no legalizada pero tolerada, con una gran capacidad de movilización gracias a sus acciones bien organizadas de asistencia social hacia ese amplísimo sector de la población totalmente desasistido por el Estado.
En materia de libertades, el régimen tiene un examen inmediato que superar liberando al periodista Alí Lmrabet. Su condena por ultraje a la persona del rey y por atentar contra el régimen monárquico y la integridad territorial, como consecuencia de la publicación de unas caricaturas (además de la dotación de la casa real en los presupuestos del Estado y la reproducción de una entrevista con un republicano marroquí favorable a la autodeterminación del Sahara), es el último ejemplo de un régimen con complejos autoritarios y solapamiento entre poderes, ya que el rey preside el Consejo de la Magistratura. Lmrabet, director de los semanarios satíricos Demain, en francés, y Duman, en árabe, acaba de poner fin a una huelga de hambre que inició a principios de mayo, ante la imposibilidad de seguir imprimiendo y tras el convencimiento de que está sufriendo una acción ejemplarizante cuyo último objetivo es la libertad de prensa en el país. Condenado a cuatro años de cárcel y conducido inmediatamente a prisión, aplicándose por primera vez esta última medida a un delito de prensa, su caso está siendo objeto de una extraordinaria movilización tanto dentro como fuera de Marruecos. Después de enormes presiones sociales, destacando España, e institucionales, a nivel internacional, llegando el propio Chirac a instar al Primer Ministro Jettou al efecto (quién respondió que el asunto se trataría con «sabiduría y moderación»), el tribunal de apelación se ha limitado a rebajar en un año la condena impuesta.
En este contexto, es importante no olvidar que, tras los atentados, el primer ministro marroquí criticó abiertamente a aquellos medios de comunicación y asociaciones que hasta entonces habían denunciado sin concesiones a los poderes públicos por sus actuaciones contrarias a las libertades y derechos fundamentales.
En el ámbito de las reformas, la llave está depositada, como siempre hasta ahora, en Palacio y su entorno. Siguiendo con su trayectoria de abrir resquicios sobre las llamadas líneas rojas (las derivadas de las cuestiones intocables: la monarquía y la persona del rey, la religión y la integridad territorial), el citado semanario independiente se preguntaba a finales de abril en otra portada candente- bajo una foto del monarca- si lo sagrado está en contra de la democracia. Introducía de nuevo una cuestión fundamental reivindicada desde hace tiempo por un amplio espectro de la clase política: la separación de poderes o, en términos más directos, la reducción de los poderes del rey.
Además de las necesarias modificaciones constitucionales para reforzar el poder de la cámara de representantes y eliminar la facultad de control que sobre ella tiene la de consejeros, escasamente democrática, son necesarias reformas en materia económica y social, que en esta nueva etapa deberían recibir por fin el empuje definitivo. Es prioritaria, en esta línea, la aprobación del nuevo estatuto de la mujer y el plan para integrarla en el desarrollo, proyecto que hasta el momento no se ha podido llevar a cabo por la oposición de los islamistas. Por otro lado, y a raíz de los atentados, se ha anunciado también una campaña nacional de alfabetización. La reforma educativa debe incidir en las raíces del sistema. Como ejemplo de la complejidad del entramado social y sus diferentes actores, las ONG que dedican sus esfuerzos a las niñas del medio rural, cuentan con desesperación que cuando consiguen por fin escolarizarlas, en pueblos a menudo lejanos de sus aldeas de origen, se encuentran con que el responsable de su educación es un maestro islamista que imparte sus ideas con la inestimable ayuda de un material didáctico elaborado a su medida por el propio Estado.
Otra reforma pendiente es la de la Administración de Justicia, incluida la Corte Especial de Justicia. La supresión de este tribunal de excepción, con competencia en asuntos como la corrupción de altos cargos y cuya eficacia es más que dudosa, aportaría vientos renovados a la tan proclamada moralización de la vida pública.
Los partidos políticos y la sociedad civil
Las elecciones generales de septiembre de 2002 estuvieron marcadas por el salto fulgurante a la arena política de los islamistas del Partido Justicia y Desarrollo. Se produjo entonces un hito, al añadirse a las dos variables que habían ocupado la escena política durante los últimos cuarenta años- el Palacio y el Movimiento nacional- una tercera, la islamista, que se convirtió en la tercera fuerza parlamentaria (y en la segunda por número de votos obtenidos), pese a haberse presentado únicamente en 55 circunscripciones electorales (de 92) y no haber obtenido el respaldo electoral del Partido Justicia y Espiritualidad. A partir de este momento, lo que debería haber sido una reacción consecuente del resto de partidos político todavía no se ha producido, ensimismados en su incapacidad autocrítica y debilitados por la falta de renovación de sus dirigentes y la carencia de un auténtico proyecto nacional. Proyecto que, aunque retrógrado e integrista, sí tienen los islamistas.
Ante esta situación se impone una completa regeneración en el seno de dichos partidos para dotarse de credibilidad de cara a un electorado desmotivado en su gran mayoría. La movilización política de la juventud es decisiva. La izquierda tiene además la acuciante tarea de desarrollar acciones de proximidad hacia las capas de población más desfavorecidas.
Por su parte, la sociedad civil, actor clave para el futuro de Marruecos, volvió a dar muestras, antes de los atentados, de su buen estado de forma y su progresiva madurez al reaccionar enérgicamente contra la detención de 14 músicos de rock acusados de satanismo y conseguir su liberación. Una acción miope del gobierno, interpretada como un torpe gesto de compensación hacia los islamistas, y que tuvo una gran repercusión en el país.
En este contexto se inscribe la creación del denominado Colectivo Democracia y Modernidad, una plataforma fundada por personas muy acreditadas y que pretende llevar a cabo la primordial tarea de configurar un proyecto social de participación ciudadana y paliar especialmente el desencanto de los más jóvenes.
Las relaciones exteriores también entran en una nueva fase. Marruecos necesita el apoyo y la colaboración de España y de otros países, así como de la Unión Europea. Las medidas anunciadas por el gobierno español, tendentes a la normalización de las relaciones, son un signo positivo. A la Unión Europea, por su parte, se le presenta una buena oportunidad para ampliar sus apoyos a la sociedad civil progresista y contribuir con sus políticas a que el gobierno marroquí realice reformas institucionales y obtenga resultados tangibles. Se iría corrigiendo de esta manera la distancia entre dos planos que discurren lamentablemente de forma paralela: el elaborado por el discurso de la Unión Europea sobre los valores democráticos y los derechos humanos, que fundamentan los acuerdos de asociación y las propuestas como la reciente de vecindad, y el entretejido por los regímenes de países como Marruecos, con claras deficiencias democráticas.
La hora de la verdad ha sonado y a Marruecos no le queda otro remedio que dirigirse, con políticas de libertad y desarrollo, hacia la proclamada democracia. En caso contrario, los problemas no harán más que aumentar.
