La gestión del riesgo de desastres en España: una asignatura pendiente para todas las administraciones públicas 

El impacto devastador de las inundaciones en Valencia del que llevamos días siendo testigos pone en evidencia como nuestro país se encuentra en una posición muy atrasada en el desarrollo de políticas de prevención, mitigación y preparación ante desastres. España tiene una alta exposición a determinadas amenazas o peligros, entre ellas las inundaciones y se han elaborado mapas de riesgo que así lo muestran. Sin embargo, no ha tenido un gran interés por desarrollar e implementar políticas que reduzcan y en algunos casos eliminen o mitiguen los riesgos, o lo que es lo mismo la probabilidad de que se produzcan muertes, lesiones o destrucción y daños en una comunidad.  

El concepto de gestión del riesgo no es nuevo, aunque, por las narrativas de nuestros dirigentes políticos y de la mayor parte de los mensajes de los medios de comunicación, sí lo pareciera. La escasa prioridad que se ha dado en nuestro país a este tema es algo que desde el IECAH llevamos constatando y denunciando desde hace demasiados años¹. Se trata de una cuestión que debería ser transversal en nuestras políticas públicas, pero la realidad es que, por norma general, se implementa su componente reactivo y de manera inconexa.  

El hecho de que la gestión de riesgos sea un campo muy técnico, puede llevar a una gran confusión conceptual. No todas las amenazas se convierten en desastres. Este es una probabilidad que se materializa en función de la intensidad y virulencia de la amenaza, las vulnerabilidades y la exposición a las mismas, así como de las capacidades de las poblaciones y sus bienes y medios de vida, donde las políticas públicas aplicadas tienen una gran responsabilidad. 

Formalmente España ha suscrito las iniciativas internacionales que se han desarrollado en este campo, siendo el Marco de Sendai², firmada por 186 países, la actualmente vigente. Sin embargo, los avances que ha dado en su cumplimiento son muy escasos. Hacemos referencia a este Marco, no solo por su importancia a nivel global, sino también para compartir algunas pinceladas de su contenido. Basta con analizar una de sus cuatro prioridades para darnos cuenta de que la senda correcta está marcada desde hace años. Es el caso de su prioridad 1, «comprender el riesgo de desastres», que implica entender todas las dimensiones del riesgo. Lo que supone no centrarse exclusivamente en la amenaza, por ejemplo, las lluvias torrenciales agravadas por el calentamiento global, sino que también exige analizar qué factores o procesos hacen que determinadas personas o comunidades sufran en mayor medida sus efectos. Esto es lo que se conoce como vulnerabilidad, concepto en el que se suele integrar la exposición —por ejemplo, que nuestra casa esté ubicada en una zona inundable por un mal planteamiento urbanístico— y las capacidades existentes —por ejemplo, que el funcionariado, el sector privado y la sociedad civil posea formación en la materia— o que existan planes de contingencia y protocolos para la respuesta si esta fuera necesaria.  

Su prioridad 2 «fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para gestionarlo» implica contar con objetivos, planes, competencia y directrices, así como una coordinación efectiva entre los mecanismos e instituciones en la aplicación de los instrumentos pertinentes para la reducción del riesgo de desastres y el desarrollo sostenible. El alto nivel de descentralización administrativa que existe en nuestro país parece servir de excusa en el avance de esta prioridad, pero la realidad es que la gestión del riesgo es cuestión de todos/as y el plano local cobra una importancia fundamental. La coordinación vuelve a ser una cuestión clave. 

Las otras prioridades de este marco son: invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia y aumentar la preparación para casos de desastre a fin de dar una respuesta eficaz y «reconstruir mejor» en los ámbitos de la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción. Si nos paramos a reflexionar sobre ellas considerando la situación actual que está viviendo Valencia, concluiremos que queda mucho trabajo por hacer. La fase de recuperación, rehabilitación y reconstrucción es una oportunidad fundamental para integrar el análisis del riesgo de desastres en las medidas de planificación. 

Las imágenes de devastación de estos días deberían servir como una llamada urgente para impulsar de manera decidida la gestión y reducción de riesgos en nuestro país. España, debido en parte al cambio climático, pero no únicamente a él, enfrentará cada vez más amenazas vinculadas con el clima. Estas no solo intensificarán los riesgos actuales, como ya estamos viendo, sino que también traerán nuevos. Es fundamental que se tomen diferentes tipos de medidas:  

• Medidas de gestión correctiva de riesgo, son las que abordan y tratan de eliminar o reducir los riesgos de desastres que ya están presentes y que han de ser gestionados y reducidos de inmediato. 

• Medidas de gestión prospectiva del riesgo, son las que tratan de evitar la aparición de nuevos riesgos y la intensificación de los ya existentes. También tratan de abordar los riesgos que podrían surgir en el futuro si no se establecieran políticas de reducción del riesgo de desastres. 

• Medidas de gestión compensatoria, que son aquellas que tratan de reforzar la resiliencia social y económica de las personas y las sociedades ante el riesgo residual que es aquel que, a pesar de tomar las medidas necesarias, no es posible reducir de manera efectiva. Entre ellas encontraríamos actividades de preparación, respuesta y recuperación o los seguros. 

Sabemos que la prevención no vende, no implica rédito político. ¿Seremos capaces esta vez de planificar nuestras políticas con las gafas del riesgo puestas? Una cosa es clara, si no lo somos, los riesgos a los que nos enfrentaremos serán cada vez mayores. 

¹ El artículo que publicábamos en 2021 sobre este tema, es una pequeña muestra de ello. 

² Para más información consultar aquí.