Estados Unidos, OCHA y el reseteo humanitario: interrogantes sobre el futuro de la acción humanitaria  

Lucía Mateos Jaquete Técnica de investigación

Un año después del desmantelamiento de USAID y del giro introducido en la política exterior estadounidense, la Administración Trump anunció el 29 de diciembre de 2025 un nuevo aporte de 2.000 millones de dólares a los fondos de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA). El anuncio fue recibido con agradecimiento y cierto alivio en un contexto en el que se estiman necesarios 23.000 millones de dólares para atender a las 87 millones de personas priorizadas. Sin embargo, esta nueva cantidad resulta modesta si se contrasta con la capacidad histórica de financiación de Estados Unidos que, en 2022, destinó más de 18 mil millones de dólares. 

Más allá del alivio inmediato, esta contribución debe entenderse en un contexto en el que Estados Unidos confirma no estar interesado en la acción humanitaria, salvo a través de una financiación concentrada, políticamente condicionada y con efectos directos en la redefinición de prioridades. 

Las declaraciones públicas de OCHA tras el anuncio del acuerdo permiten vislumbrar una relación cada vez más condicionada por las prioridades del principal donante. El hecho de que el Coordinador de Ayuda de Emergencia, Tom Fletcher —el máximo responsable de la acción humanitaria de Naciones Unidas—, califique la contribución estadounidense como un “voto de confianza al reseteo humanitario”, es una interpretación que resulta cuestionable si se consideran las circunstancias en las que este se produjo. El reseteo no se configuró como una reforma estratégica deliberada del sistema, sino como una respuesta reactiva a los importantes recortes de financiación adoptados por los principales donantes humanitarios, un proceso acelerado por Estados Unidos el año pasado. Por tanto, presentar este ajuste forzado como una muestra de confianza corre el riesgo de legitimar un nuevo sistema impuesto por la crisis financiera más que construido colectivamente.  

Si bien la acción humanitaria nunca ha estado completamente al margen de intereses políticos, lo que parece cambiar ahora es el grado de explicitación de esos intereses y su traducción directa en criterios operativos y de asignación de recursos. Por tanto, lejos de constituir un respaldo neutral al multilateralismo, el nuevo acuerdo posiciona a Estados Unidos como un actor central en la redefinición del cambio de rumbo de la ayuda humanitaria. 

La declaración publicada por el Departamento de Estado es ilustrativa en este sentido. En ella se insiste en la necesidad de reformas dentro del entramado de Naciones Unidas, retomando críticas recurrentes sobre duplicidad de mandatos, déficits de coordinación e ineficiencias operativas. No obstante, a estas se suma una crítica explícita a la supuesta “progresiva ideologización” del sistema —uno de los argumentos utilizados previamente para justificar la congelación de la ayuda—, acompañada de una apelación a un retorno a un mandato estrictamente centrado en “salvar vidas”. El problema reside en que estos condicionantes pasen a configurar el marco político que acompaña la financiación, delimitando de facto qué sectores y prioridades son considerados legítimos y cuáles pasan a ser prescindibles. 

Esta lógica se manifiesta también en las crisis priorizadas en el acuerdo. Los 2.000 millones de dólares se destinan a diecisiete crisis específicas alineadas con los intereses estadounidenses, excluyendo contextos como Gaza, Afganistán o Yemen —siendo tres de las crisis en situación de mayor necesidad— e incluyendo países como El Salvador, Guatemala y Honduras, que no figuran como crisis prioritarias en el Global Humanitarian Overview. De este modo, las necesidades humanitarias parece que dejan de operar como el criterio vinculante para la asignación de recursos.  

A ello se suma la exigencia de un control politizado sobre el uso de los fondos, presentada bajo el paraguas de la rendición de cuentas. La Administración estadounidense reclama información detallada sobre la alineación de la financiación con sus prioridades de política exterior, lanzando un mensaje inequívoco: las Naciones Unidas deben “adaptarse, reducirse o morir”. La canalización de la financiación a través de OCHA y sus fondos mancomunados es coherente con una lógica de mayor control de flujos, planteando interrogantes sobre el papel real de Estados Unidos en la redistribución de estos.  

El 9 de enero, Tressa Finerty, Chargé d’Affaires de la Misión Permanente de los Estados Unidos ante la ONU lo dejó claro: el apoyo estadounidense se regirá por “acuerdos políticos claros que establezcan prioridades, garanticen la rendición de cuentas y maximicen el impacto que salva vidas”. 

Este contexto pone en jaque los principios humanitarios de imparcialidad, neutralidad, e independencia, así como los criterios de la Buena Donación Humanitaria, y agrava riesgos ya identificados por numerosos actores humanitarios. La hiperpriorización, entendida de forma restrictiva, desplaza la protección de las personas afectadas por las crisis a un segundo plano. Bajo este paradigma, programas clave como la prevención de la violencia basada en género o la protección de la infancia quedan seriamente comprometidos. Según el Clúster de Protección, la hiperpriorización acabará traduciéndose en un aumento de violaciones no detectadas, retrasos en la respuesta y una mayor exposición de las comunidades a amenazas y violencia. 

Asimismo, otros enfoques que han marcado la evolución reciente de la acción humanitaria entran en tensión. El triple nexo se ve debilitado si la ayuda se redefine exclusivamente como una respuesta inmediata, desconectada de procesos más amplios de recuperación, desarrollo y construcción de paz. Del mismo modo, la localización y los compromisos del Gran Pacto se enfrentan a contradicciones evidentes. Aunque el reseteo incluye referencias a la importancia de impulsar la localización, la canalización de la financiación a través de OCHA y sus fondos comunes aumenta el riesgo de que se concentre el poder y los recursos en un único organismo. Esto también lo menciona ICVA, indicando que los Fondos Humanitarios de País de OCHA (CBPF) están influenciados por las prioridades estratégicas y operativas de la persona Coordinadora Humanitaria y de los clústeres, roles mayoritariamente liderados por agencias de Naciones Unidas. Si bien es ampliamente reconocido que los CBPF han permitido mejorar el acceso a financiación a organizaciones nacionales y locales, persisten déficits significativos. Como recordó Start Network, los fondos comunes de Naciones Unidas son importantes, pero solo una parte de la solución. Estos deben complementarse con otros fondos liderados por actores locales, feministas y de personas refugiadas para maximizar el impacto colectivo. 

Las posibles consecuencias descritas no constituyen meros efectos colaterales, sino que apuntan a un cambio estructural en la acción humanitaria. La reconfiguración de prioridades, la reducción de enfoques complejos y la concentración de poder financiero reflejan un modelo en el que la lógica política del donante gana centralidad frente a los marcos normativos y colectivos que históricamente han sustentado la legitimidad del sistema. En este sentido, el acuerdo con Estados Unidos no solo condiciona qué se financia, sino también cómo se concibe la acción humanitaria y quién define sus límites. En un contexto de crisis prolongadas, necesidades crecientes y recursos estructuralmente insuficientes, preservar espacios reales de autonomía, deliberación colectiva y rendición de cuentas mutua se convierte en una decisión política de primer orden. La forma en que Naciones Unidas, concretamente OCHA y Tom Fletcher, gestionen este precedente, marcará no solo el rumbo del actual reseteo, sino la credibilidad futura del sistema humanitario.