Crisis de financiación en el sector humanitario: impacto y oportunidades para un sistema desbordado  

Lucía Mateos TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN

Las recientes órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump han congelado la ayuda humanitaria estadounidense. En un contexto creciente de crisis humanitarias provocadas por conflictos violentos, desastres y desplazamientos masivos, la retirada del mayor donante de ayuda humanitaria deja en situación de riesgo extremo a millones de personas y genera un profundo malestar entre los actores humanitarios. 

Un giro en la política de ayuda, ¿qué está pasando? 

El 20 de enero, día en el que Trump asumió su cargo como presidente, se publicó la Orden Ejecutiva que suspendía durante 90 días los programas de ayuda exterior de Estados Unidos. El objetivo expresado era realizar una revisión exhaustiva para reorientar la ayuda humanitaria y eliminar aquellos programas que no se alineasen con la política «America First», que prioriza los intereses de Estados Unidos sobre sus compromisos internacionales.   

La suspensión, a pesar de las exenciones posteriormente anunciadas, ha afectado a programas de ayuda exterior, incluidos aquellos relacionados con la asistencia humanitaria de emergencia, el cambio climático y la igualdad de género, entre otros. La primera de las exenciones solo contemplaba la ayuda alimentaria de emergencia, lo que generó gran desconcierto entre los actores humanitarios. Días después, el 28 de enero, el secretario de Estado, Marco Rubio, amplió las excepciones añadiendo la asistencia médica esencial, servicios de salud, alimentos, alojamiento, asistencia de subsistencia, suministros y ciertos gastos administrativos. Sin embargo, programas clave como los de lucha contra el VIH/SIDA, gestión de la información, o de transferencias monetarias (PTM), permanecieron sin claridad sobre su futuro. Paralelamente, las organizaciones comenzaron a recibir órdenes de suspensión de operaciones mientras se dejaban de efectuar los pagos.  A pesar de que el 13 de febrero un juez federal ordenó revertir la suspensión de fondos para todos los contratos vigentes antes del 20 de enero, la administración Trump continuó con la revisión y, el 27 de febrero, anunció la cancelación de casi 10.000 adjudicaciones: 5.800 de USAID y 4.100 del Departamento de Estado. Esto representa la anulación del 90 % de las subvenciones otorgadas por USAID. Además, el gobierno aún debe grandes sumas a sus socios en todo el mundo, incluidas deudas de contratos finalizados antes de la congelación de fondos. 

Efecto cascada del bloqueo de fondos 

El congelamiento de fondos ha tenido un impacto devastador en las operaciones humanitarias, especialmente en regiones afectadas por conflictos, crisis crónicas o desastres. Organizaciones que dependían de la financiación de EE. UU. se vieron obligadas a suspender actividades, cancelar programas o reducir personal. Esto ha afectado de manera significativa la provisión de servicios y bienes que dan apoyo vital a millones de personas. 

El bloqueo ha generado una crisis en el sistema de ayuda internacional, evidenciando su fragilidad y la necesidad de diversificar las fuentes de financiamiento. Las organizaciones locales se han visto particularmente afectadas dada su posición al final de la cadena de suministro de la ayuda. Sin embargo, continúan buscando estrategias para seguir prestando asistencia y salvar vidas. La encuesta realizada por ICVA para conocer la materialización del impacto a nivel internacional, reveló que, a 18 de febrero de 2025, el 67 % de los 246 respondientes (en su mayoría ONG nacionales, locales y organizaciones de la sociedad civil), había recibido órdenes de suspender sus operaciones. Esto ha afectado servicios esenciales de salud, lucha contra la malaria o programas de diversidad e inclusión. También, muchas organizaciones internacionales se han manifestado ante las repercusiones del bloqueo. El Consejo Noruego para Refugiados (NRC) anunció el 10 de febrero la necesidad de tener que suspender los proyectos humanitarios financiados por Estados Unidos en casi 20 países afectados por conflictos, desastres y desplazamiento. NRC tiene alrededor de 20 millones de dólares pendientes de ser pagados tanto de gastos incurridos en 2024 como de costes que estarían dentro de las exenciones. La situación ha generado una crisis de liquidez, pero, incluso si los pagos se reanudasen, miles de personas seguirían sin asistencia humanitaria en sectores no cubiertos por las exenciones, como en educación en emergencias, medios de vida o protección. VOICE también publicó un comunicado conjunto con 99 organizaciones humanitarias donde se señalaba que la suspensión de USAID haría que 95 millones de personas dejasen de tener atención médica, y 23 millones de niños, niñas y adolescentes perderían acceso a programas educativos. En España, organizaciones como Acción Contra el Hambre, MedicusMundi o Médicos Sin Fronteras también han declarado su preocupación por las graves consecuencias de la medida. 

Las poblaciones más vulnerables, especialmente mujeres, niñas y personas LGTBI+, serán las más afectadas. El Instituto Guttmacher estima que, tras el periodo de revisión, 11,7 millones de mujeres y niñas verán denegado el acceso a atención anticonceptiva. En cuanto a los países receptores de ayuda, según el Centro para el Desarrollo Global (CGD), son ocho los que estarían más expuestos. Entre estos se incluye Sudán del Sur, Somalia, República Democrática del Congo, Liberia, Afganistán, Sudán, Uganda y Etiopía. En América Latina y el Caribe, la situación también es crítica, especialmente en lo que respecta a los movimientos mixtos y las causas de estos. Estados Unidos es el principal donante de la plataforma R4V, encargada de coordinar la respuesta humanitaria para personas migrantes y refugiadas en diecisiete países de la región. En contextos frágiles como Haití, se teme que el bloqueo fortalezca a los grupos armados, acentúe la pobreza y aumente la migración. 

El reflejo de un problema estructural  

Estados Unidos ha sido tradicionalmente el mayor donante de ayuda humanitaria, aportando aproximadamente el 40 % de la financiación humanitaria multilateral. Sin embargo, esta contribución no se puede calificar de generosa si se tiene en cuenta la resolución de la ONU de 1970, que establece que los países del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) deben destinar el 0,7 % de su Renta Nacional Bruta (RNB) a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) dentro de la cual se incluye la humanitaria. En este sentido, Estados Unidos solo ha alcanzado un 0,24 %. Porcentaje similar al de la Cooperación Española. 

A esta reducción de fondos se suman los recortes que venían anunciando otros actores clave como Francia, Alemania o la Unión Europea. Recientemente, Reino Unido también ha anunciado recortes en la ayuda internacional para aumentar el gasto en defensa. En 2023, por primera vez desde 2015, disminuyeron los fondos destinados a los llamamientos coordinados por la ONU, lográndose solo el 45 % de los requisitos de financiación. El impacto de ello se ha traducido en la suspensión de muchas operaciones, viéndose interrumpidos servicios básicos para comunidades afectadas por crisis humanitarias en todo el mundo. Ya lo anunciaba ACNUR en 2020, señalando la falta de artículos de emergencia y ayudas en efectivo en Siria, en República Democrática del Congo o en varios países de acogida de personas venezolanas.  

Mientras los fondos disminuyen, la demanda de asistencia humanitaria sigue en aumento. El 4 de diciembre de 2024, la OCHA publicó su informe anual Panorama Global Humanitario (GHO, por sus siglas en inglés), proyectando que en 2025 más de 305 millones de personas requerirán asistencia humanitaria y de protección. Para atender a casi 190 millones de ellas, se necesitarán más de 47.000 millones de dólares. 

Esta inflexión del escenario internacional está manifestando la necesidad de replantear el sistema de ayuda internacional, particularmente de su componente humanitario, e impulsar un cambio estructural basado en el liderazgo local para reducir la dependencia del financiamiento externo. Se hace imperativo que los gobiernos locales y otros actores relevantes asuman su responsabilidad como primeros respondientes para proteger a la ciudadanía y garantizar la continuidad de la asistencia humanitaria sin dejar a nadie atrás. En este sentido, empresas, universidades e instituciones filantrópicas podrían desempeñar un papel más activo en la financiación humanitaria. Muchas organizaciones locales ya han comenzado a explorar alternativas para compensar la reducción de fondos estadounidenses y reducir su dependencia de las organizaciones internacionales.  

De la crisis a la transformación: la visión de IECAH 

Durante décadas, la necesidad de repensar el sistema ha estado en la agenda de los actores humanitarios. Prueba de ello es la Reforma Humanitaria de Naciones unidas de 2009 para mejorar la capacidad de respuesta. El momento en el que nos encontramos, requiere una adaptación holística para garantizar la continuidad de la ayuda, por lo que es clave identificar y analizar los procesos que ya se están poniendo en marcha a nivel global. Desde hace más de 20 años nuestro instituto elabora, en colaboración con Médicos sin Fronteras, informes anuales sobre la evolución del llamado “sistema humanitario internacional”. En este sentido, el IECAH está organizando un estudio enfocado en la región de América Latina para analizar de manera tangible el impacto de la situación financiera actual y las estrategias adoptadas por los actores humanitarios. 

En un contexto donde la demanda de asistencia sigue en aumento y los fondos disminuyen, el IECAH considera imprescindible fortalecer un enfoque humanitario basado en principios y en derechos. Es necesario empezar a construir alianzas sólidas que vinculen la ayuda con iniciativas de desarrollo y de construcción de paz. El sistema debe redirigirse a la creación de nuevos mecanismos de financiación que prioricen la labor de las organizaciones de la sociedad civil, logrando una localización efectiva.  

A pesar de los efectos negativos que ya se han producido y los que vendrán, estamos en un momento clave para debatir, reflexionar y reconstruir un sistema feminista, decolonial y transparente. La acción humanitaria debe adaptarse e innovar apostando por la anticipación y prevención, la coordinación de actores, la diversificación de fondos y la complementariedad de acciones que eviten la duplicación de esfuerzos.  

El IECAH asume el compromiso de actuar como plataforma de debate y un espacio de apoyo estratégico para los actores humanitarios. Mediante la generación de conocimiento, promoción de la reflexión y la construcción de acuerdos comunes se podrán dar pasos firmes para lograr la transición hacia un modelo de asistencia centrado en las personas y en la justicia social.