Diez años después de la Resolución 2286: de la protección jurídica a la voluntad política
La protección de la misión médica en los conflictos armados enfrenta una situación especialmente grave desde la aprobación de la Resolución 2286 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Diez años después, la distancia entre el marco jurídico existente y su cumplimiento efectivo sigue ampliándose, en un contexto marcado por el aumento de los ataques contra instalaciones, personal y transportes sanitarios, la criminalización de la acción humanitaria, el debilitamiento del multilateralismo y el uso creciente de nuevas tecnologías en los conflictos armados.
Esta fue una de las principales ideas abordadas durante la jornada organizada en torno al décimo aniversario de la Resolución 2286, aprobada en 2016. La sesión permitió analizar tanto la relevancia jurídica y política de la resolución como las tendencias actuales de violencia contra la asistencia sanitaria, a partir de las experiencias de actores institucionales, humanitarios y operativos.
La jornada partió de una constatación clara: no parece necesario aprobar nuevos marcos normativos, sino garantizar el cumplimiento de los ya existentes. El derecho internacional humanitario continúa ofreciendo un cuerpo jurídico suficiente para proteger a la población civil y a la misión médica. Sin embargo, su eficacia depende en gran parte de la voluntad política de los Estados, de la existencia de mecanismos de rendición de cuentas y de la capacidad colectiva para elevar el coste político de los incumplimientos.
En este sentido, se subrayó que la Resolución 2286 supuso un hito al dar mayor visibilidad, densidad jurídica y exigibilidad a la protección de la asistencia sanitaria. No obstante, también se señaló la persistencia de una brecha estructural entre las obligaciones estatales de respetar, hacer respetar y sancionar las violaciones del DIH, y la práctica observada en numerosos contextos de conflicto.
Un aumento sostenido de los ataques y de sus impactos
Durante la jornada se alertó sobre el incremento de los ataques contra la misión médica desde 2016, así como sobre el subregistro de muchas de estas violaciones. Los ataques no solo producen víctimas directas entre el personal sanitario y pacientes, sino que generan efectos acumulativos sobre los sistemas de salud, reducen el acceso de la población a servicios esenciales y dificultan la recuperación posterior de las comunidades afectadas.
Desde una perspectiva operativa, se identificaron distintos patrones de violencia: ataques contra la vida y la integridad del personal sanitario, restricciones al paso de medicamentos, ambulancias y equipos médicos, ataques contra infraestructuras, violaciones del secreto profesional y uso indebido de emblemas protegidos. En algunos contextos, como Colombia, estos patrones se producen en entornos de multiamenaza, donde confluyen conflictos armados, violencia social, desastres, movilidad humana y crisis del sistema sanitario.
Las organizaciones humanitarias destacaron además la creciente normalización de estos ataques. La falta de sorpresa, condena y rendición de cuentas contribuye a que la violencia contra la asistencia sanitaria sea percibida como un riesgo inherente al trabajo en contextos de conflicto, cuando en realidad constituye una vulneración grave del DIH y una amenaza directa al acceso a la salud.
Criminalización, desinformación y erosión del espacio humanitario
Otro de los ejes centrales fue la criminalización de la ayuda humanitaria y del personal sanitario. En varios contextos, la prestación de asistencia en zonas controladas por actores armados no estatales es presentada como apoyo a grupos terroristas o como colaboración con una de las partes. Esta tendencia provoca que, en lugar de exigir a quien ataca que justifique legalmente la pérdida de protección de una instalación sanitaria, se obliga a las organizaciones a demostrar que sus hospitales, equipos o pacientes “están limpios”.
Esta dinámica erosiona la protección que el DIH otorga por defecto a la misión médica y dificulta la negociación humanitaria. También se ve agravada por campañas de desinformación que desacreditan al personal sanitario, cuestionan la neutralidad de las organizaciones y debilitan la confianza necesaria para operar en terreno.
La instrumentalización de la acción humanitaria, tanto a nivel geopolítico como operativo, fue identificada como otro factor de riesgo. En un espacio humanitario cada vez más fragmentado, con mayor diversidad de actores, mandatos y agendas, la preservación de los principios humanitarios se convierte en una condición indispensable para sostener el acceso y la aceptación por parte de las comunidades y de los actores armados.
Nuevas tecnologías, viejos problemas
La jornada también abordó los retos que plantean los drones, la inteligencia artificial y la automatización de la guerra. Aunque las nuevas tecnologías modifican los patrones de amenaza, no eliminan las obligaciones existentes bajo el DIH. Los principios de distinción, proporcionalidad y precaución siguen siendo plenamente aplicables.
Sin embargo, el uso de algoritmos y sistemas automatizados introduce nuevos problemas de atribución, interlocución y rendición de cuentas. Las organizaciones humanitarias señalaron que, en un modelo de seguridad basado en la aceptación y el diálogo con las partes, resulta cada vez más difícil negociar con cadenas de mando opacas o con decisiones mediadas por sistemas tecnológicos. La preocupación principal, no obstante, no reside solo en la tecnología, sino en la voluntad política de quienes la emplean.
Rendición de cuentas y presión política
Uno de los consensos de la jornada fue la necesidad de fortalecer los mecanismos de documentación, investigación y sanción. La recolección de datos, su estandarización, el apoyo a mecanismos independientes y la cooperación entre Estados, organizaciones humanitarias y sociedad civil son elementos esenciales para avanzar en la rendición de cuentas.
También se insistió en la importancia de bajar las obligaciones internacionales al plano interno: legislación nacional, reglas de enfrentamiento, formación de mandos militares, asesoría jurídica en la cadena de mando y mecanismos nacionales de investigación. La presión internacional y social fue señalada como una herramienta clave para obligar a los Estados a responder ante posibles violaciones.
España, por su parte, ha mantenido la protección de la misión médica como una prioridad dentro de su diplomacia humanitaria y de su política exterior. Entre las líneas destacadas figuran la promoción del DIH en foros internacionales, la participación en iniciativas junto a otros Estados, la actualización de la Estrategia de Diplomacia Humanitaria y el trabajo en espacios multilaterales y de donantes.
Proteger la asistencia sanitaria es proteger la cohesión social
Más allá de los efectos inmediatos sobre hospitales, ambulancias o personal sanitario, los ataques contra la misión médica tienen consecuencias profundas sobre las comunidades. Interrumpen el acceso a servicios esenciales, aumentan la morbilidad y la mortalidad, generan miedo, favorecen desplazamientos y debilitan la resiliencia social.
Por ello, la protección de la asistencia sanitaria no puede entenderse únicamente como una cuestión técnica o sectorial. Es un componente central de la protección de la población civil, de la preservación del espacio humanitario y de la vigencia del DIH.
La jornada concluyó con una idea compartida: el DIH sigue salvando vidas cada día, pero necesita mayor músculo político, mayor coherencia estatal y una movilización social capaz de exigir responsabilidades. La Resolución 2286 sigue siendo un instrumento relevante, pero su promesa solo podrá cumplirse si los ataques contra la misión médica dejan de tratarse como daños inevitables y pasan a tener consecuencias políticas, jurídicas y reputacionales reales.
