Un panorama humanitario sombrío para 2026

Andrés Felipe Gómez González Responsable de Investigación

Elena Garagorri Responsable de Asistencia Técnica

La semana pasada se publicó el Panorama Humanitario Global (GHO) de 2026 en un contexto marcado por recortes severos en la financiación humanitaria y un aumento sostenido de las necesidades a nivel global. La gravedad del escenario que refleja este documento ha saltado las alarmas de cientos de organizaciones alrededor del mundo, incluyendo a este instituto, quienes hemos firmado un comunicado de ICVA (Coordinadora internacional de organizaciones humanitarias) sobre el GHO 2026 llamando la atención sobre los puntos más preocupantes.

A continuación, se analiza el escenario que se perfila para el próximo año, los principales dilemas y apuestas del sistema humanitario ante la escasez de recursos, así como los retos políticos más amplios en un contexto de crisis global y erosión del orden internacional.

El panorama para 2026

El mensaje de Tom Fletcher, vicesecretario de asuntos humanitarios de la ONU, transmite una sensación clara de excepcionalidad, al presentar la situación actual no solo como una crisis del sistema humanitario, sino como un auténtico punto de ruptura. Al describir 2025 como el año en que millones de personas perdieron el último apoyo disponible (con el cierre de servicios básicos como salud, alimentación o protección) el énfasis se desplaza de la falta de recursos a la incapacidad real de seguir respondiendo. Este deterioro se produce, además, en un contexto especialmente grave, marcado por la violencia contra el personal humanitario, la impunidad por las violaciones del derecho internacional, los conflictos armados y el impacto creciente de la crisis climática, que juntos agravan de forma estructural las necesidades humanitarias. Frente a este escenario, el GHO 2026 se plantea como un plan deliberadamente reducido, pero a su vez ambicioso, que asume la escasez como punto de partida y prioriza salvar vidas por encima de cualquier otra consideración. No pretende cubrir todas las necesidades existentes, muchos menos las de protección, sino definir un mínimo imprescindible de acción humanitaria en un contexto en el que la insuficiencia de financiación se ha convertido en una constante del sistema.

Entre 2025 y 2026, se refuerza una tendencia más marcada: mientras el número de personas con necesidades humanitarias aumenta de 197 a 209 millones, el número de personas priorizadas para recibir asistencia se reduce de 89 a 72 millones. Esta contracción evidencia el ejercicio de priorización extrema causado por los recortes brutales de financiación y al énfasis casi exclusivo en intervenciones orientadas a salvar vidas. En este contexto, las crisis que concentran mayores requerimientos financieros son las de Palestina, para atender a una población y a una infraestructura profundamente diezmadas por la guerra; y Sudán, donde una hambruna severa se desarrolla en una de las crisis más invisibilizadas a nivel mediático. Siria y Ucrania les siguen de cerca. En América Latina, destaca el aumento de los recursos priorizados para Colombia, en contraste con una respuesta a la crisis de personas refugiadas y migrantes de Venezuela que sigue estancada en torno al 30 % de los recursos necesarios. Al mismo tiempo, crisis como las de El Salvador, Honduras y Guatemala vuelven a quedar fuera del foco, algo que ya se había observado en la hiperpriorización aplicada en el GHO 2025 y que muestra cómo este nuevo ejercicio de priorización apuesta por delegar la atención de las necesidades menos urgentes a actores más enfocados en el desarrollo.

Los dilemas y apuestas ante la escasez

En este contexto de priorización extrema, resulta una apuesta valiosa y políticamente relevante que el GHO siga contabilizando tanto el total de personas en necesidad como la población objetivo, más allá de la reducción del número de personas priorizadas. Desde una perspectiva humanitaria, los recortes presupuestarios no deberían traducirse en una renuncia a identificar y visibilizar las necesidades humanitarias existentes, incluso cuando no puedan ser atendidas. Mantener esta distinción permite evitar que la falta de financiación redefina de facto quién “cuenta” y quién queda fuera del sistema. Mientras no exista un consenso amplio sobre una reconfiguración profunda del modelo de financiación humanitaria, contar con una imagen clara de las brechas financieras y de cobertura seguirá siendo clave para la rendición de cuentas, la incidencia política y la defensa del mandato humanitario frente a una normalización del recorte y la exclusión.

No obstante, aún está por verse si este esfuerzo de priorización extrema se traduce efectivamente en una mayor capacidad para desbloquear fondos adicionales, ya sea por parte de donantes tradicionales o mediante la incorporación de nuevos actores. Si la reducción de ambición y el énfasis en salvar vidas no logran revertir la tendencia a la baja en la financiación, existe el riesgo de que la distinción entre recursos necesarios y recursos priorizados se convierta en un ejercicio meramente técnico, con escaso impacto real sobre la movilización de recursos. En ese escenario, la priorización dejaría de ser una herramienta estratégica para adaptarse a la escasez y pasaría a reflejar una aceptación implícita de un sistema crónicamente infrafinanciado, sin capacidad efectiva para responder siquiera a sus propios mínimos definidos.

Por otra parte, la apuesta por la localización que recoge el GHO 2026 resulta no solo valiosa, sino más relevante que nunca en el contexto actual. El documento subraya la magnitud de este giro con datos concretos: a finales de 2025, el 55 % de los fondos canalizados a través de los Country-Based Pooled Funds (Fondos mancomunados a escala país)se destinó a actores locales y nacionales, el porcentaje más alto registrado hasta la fecha. Asimismo, los actores locales están cada vez más presentes en los Equipos País. El GHO plantea además una reducción del papel de intermediarios y un mayor uso de instrumentos de financiación colectiva para transferir poder real y recursos directos a los actores mejor situados para responder.

Sin embargo, esta apuesta también entraña desafíos significativos: el riesgo de trasladar responsabilidades sin los recursos suficientes, las limitaciones persistentes en la capacidad de influencia real de los actores locales en la toma de decisiones, y la tensión entre promover liderazgo local y gestionar salidas forzadas de actores internacionales por falta de fondos. En un entorno de financiación decreciente, la localización aparece así como una oportunidad estratégica, pero también como un proceso que requiere inversiones sostenidas, cambios estructurales y una atención cuidadosa para no convertirse en una respuesta de sustitución ante la retirada internacional.

Del mismo modo, es valioso que el GHO 2026 insista en la asistencia en efectivo, especialmente tras la fuerte reducción de este tipo de programas en los últimos años. Existe evidencia suficiente sobre su eficacia, incluso en contextos de alta complejidad, por lo que insistir en su uso es fundamental para maximizar el impacto de la respuesta humanitaria en un contexto de recursos cada vez más limitados.

En contraste, llama la atención la escasa referencia explícita a una visión de triple nexo entre lo humanitario, el desarrollo y la paz, más allá de menciones puntuales a la “transición” desde la asistencia humanitaria hacia acciones de desarrollo a más largo plazo en algunos lugares. En contextos de crisis complejas y prolongadas, esta idea de transición resulta, en gran medida, un espejismo: las necesidades humanitarias, los déficits estructurales de desarrollo y las dinámicas de conflicto coexisten y se refuerzan mutuamente, lo que exige enfoques simultáneos y coordinados, no secuenciales. El énfasis en la hiperpriorización, aunque comprensible ante los recortes, implica el riesgo de perder oportunidades para construir respuestas más articuladas y coherentes con actores de desarrollo y de paz, precisamente en escenarios donde esa articulación es clave para evitar la repetición de crisis y avanzar hacia soluciones más duraderas.

Los retos políticos son mayores en un mundo que vira hacia el caos

En definitiva, las cifras del GHO confirman que vivimos en un mundo que empuja a cada vez más personas hacia situaciones de necesidad extrema. Los esfuerzos por mitigar el impacto de los recortes, aunque necesarios, resultan claramente insuficientes frente a la urgencia de frenar las dinámicas de conflictividad global, que continúan en aumento y alimentan nuevas crisis humanitarias. En este contexto, el papel de Europa aparece especialmente desdibujado: atrapada entre expresiones tímidas y ambiguas de rechazo ante la devastación en Palestina, una apuesta tambaleante por el armamentismo como respuesta a los riesgos, y una falta de claridad estratégica frente a los cambios políticos en la Casa Blanca. Esta combinación de indecisión y repliegue político limita la capacidad europea para actuar como un actor coherente en la prevención de conflictos y en la defensa efectiva del multilateralismo y del derecho internacional.

Mientras tanto, las voces que buscan relativizar o socavar el derecho internacional humanitario y los derechos humanos van en aumento, en paralelo a una erosión progresiva del sistema multilateral que los sustenta. Esta erosión avanza sin que existan, por ahora, propuestas alternativas sólidas, creíbles y capaces de generar consensos amplios para reemplazar el orden internacional vigente. Ante este escenario, nos encontramos frente a la necesidad de defender y preservar los valores y acuerdos fundamentales que han sido alcanzados bajo este sistema, como lo son el reconocer la humanidad del otro, la protección de la población civil y la centralidad de los derechos humanos. A su vez, será necesario reforzar los intentos por abrir canales de diálogo que nos permitan abordar y reconfigurar las partes del sistema que no han dado, hasta ahora, los frutos prometidos.