El proceso de reforma de la acción humanitaria española

Alicia Daza Pérez RESPONSABLE DE FORMACIÓN E INVESTIGADORA

Desde que la acción humanitaria empezara a tomar fuerza en España, muchos han sido los cambios que se han producido, tanto a nivel contextual como de procedimientos y reflexión, que han hecho necesaria una reforma integral del sistema español de cooperación al desarrollo, marco en el que se incorpora la acción humanitaria. Un claro ejemplo es la Ley 23/1998 de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que si bien, en el momento de su aprobación supuso un paso positivo, en la actualidad, y desde hace ya bastantes años, se ha mostrado como claramente insuficiente y anticuada. Esta necesidad de cambio no es exclusiva de España, sino que el conjunto del sistema internacional de ayuda está evolucionando y acometiendo reformas de relevancia.

Analizando los contextos en los que se desenvuelve la acción humanitaria, hay una gran cantidad de retos a los que el sistema humanitario debe responder con premura. La COVID-19 ha devastado los sistemas sanitarios, económicos, sociales y educativos de múltiples países, incrementando a cifras nunca vistas los niveles de hambre e inseguridad alimentaria, así como de violencia sexual y de género contra mujeres y niñas. Por otro lado,  los desastres relacionados con el clima aumentan año tras año. Según estimaciones de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA), hasta 216 millones de personas podrían tener que desplazarse dentro de sus propios países en 2050, en el año 2020 esa cifra fue 30,7 millones; los conflictos armados son cada vez más complejos y se desarrollan fundamentalmente en el interior de los países, y la población civil, así como el propio personal sanitario y sus infraestructuras, se han convertido en objetivo de ataque, y además se han incrementado las nuevas formas de violencia, especialmente urbana, con importantes consecuencias humanitarias.

Pero a pesar de los múltiples retos que el contexto exigiría a la acción humanitaria, gracias a la proactividad del sector y a la experiencia acumulada, no partimos de cero. Como es conocido, algunos de los cambios necesarios en el sistema de ayuda, se aceleraron con la celebración de la primera Cumbre Humanitaria Mundial que tuvo lugar en Estambul en el año 2016. Y si bien esta cumbre no cubrió las enormes expectativas generadas, sí sirvió para poner sobre la mesa algunos temas de gran relevancia para el sistema humanitario, en los cuales debemos seguir trabajando ya que siguen estando totalmente vigentes. El mayor de los compromisos fruto de la misma fue el Grand Bargain, que en la actualidad ha evolucionado al conocido como Grand Bargain 2.0. Este pacto es un gran hito en el sector humanitario al tratarse del mayor acuerdo hasta la fecha en materia humanitaria entre los principales países donantes y proveedores de ayuda, del que España es signatario. Su objetivo era mejorar la calidad de la ayuda. Algunos de los compromisos de este gran acuerdo entre donantes van en línea con una mayor y mejor financiación y un mayor protagonismo de los actores locales y nacionales, lo que se ha conocido como localización de la ayuda.

En el ámbito español tenemos grandes retos por delante para garantizar la protección y los derechos de las poblaciones desde el campo humanitario y cumplir además con los compromisos internacionales que hemos firmado. La base para afrontarlos es que el sistema de cooperación, y específicamente la acción humanitaria, sea considerado como una prioridad dentro del gobierno ya que, de no ser así, el peso y la fuerza que van a poder tener será insuficiente. Con una financiación humanitaria en el año 2020 de 96 millones, frente a los 465 millones del año 2009, una gran variedad y disparidad de financiadores públicos donde comunidades autónomas y entidades locales forman parte del sistema de ayuda con sus propias especificidades en materia humanitaria, un marco legislativo y normativo que ha dificultado cuestiones como la localización o la rapidez en el desembolso de fondos, así como unos sistemas de seguimiento y evaluación centrados en cuestiones puramente económicas, la reforma solo puede venir a mejorar estas debilidades.

La aprobación de una nueva Ley de cooperación al desarrollo sostenible con la incorporación de una definición de acción humanitaria que ponga énfasis en los principios humanitarios y en la protección de las personas y el reconocimiento de su dignidad, sin olvidarse de las tareas más asistenciales requeridas en determinadas crisis por algunas personas; la modernización y fortalecimiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y en concreto de la actual Oficina de Acción Humanitaria (OAH) dotándola de la capacidad técnica y estratégica necesaria para convertirse en un actor de relevancia tanto a nivel nacional como internacional y el establecimiento de un marco de diálogo con los actores de la acción humanitaria descentralizada que permita aprovechar sus singularidades son pasos necesarios en este proceso.

Hasta ahora, se han dado algunos avances, aunque a su vez se esté constatando cierto estancamiento. En el Congreso de los Diputados, se creó a mediados de noviembre de 2020 la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo con el objetivo de hacer propuestas para reformar la Ley de Cooperación Internacional y todo el sistema de cooperación. Desde la sociedad civil se está trabajando de manera coordinada para que la reforma avance con la mejor letra posible. En el marco del Consejo de Cooperación, se ha conformado un grupo de trabajo de acción humanitaria, que tras un proceso participativo, publicó un Informe sobre la reforma del sistema de acción humanitaria y la Coordinadora de ONGD ha elaborado de manera participativa un documento de análisis y propuestas sobre el nuevo sistema de cooperación donde se incorpora  la acción humanitaria. Desde el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, hemos estado presentes en todos los espacios facilitados y hecho incidencia para tratar de situar el proceso de reforma y sus reflexiones en el espacio apropiado.

Queremos ser optimistas esperando un 2022 en el que se haga efectivo este proceso que ya está en camino. Recordemos que el acuerdo de coalición de PSOE-Unidas Podemos establecía en este sentido aumentar el compromiso de España con el multilateralismo y el desarrollo de terceros países. Incrementar los recursos presupuestarios hasta el 0,5% de la Renta Nacional Bruta a final de la legislatura, en el año 2020 dicha cifra se situó en el 0,23%, destinando el 10% de la Ayuda Oficial al Desarrollo a la ayuda humanitaria, en el año 2020 este porcentaje fue del 3,69%. Fortalecer la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y reformar la Ley de Cooperación española, para facilitar la aplicación de las subvenciones, la mayor coordinación con todas las administraciones y la máxima implicación de todos los agentes públicos y privados.