El Plan Colombia y la convulsión andina
La reciente crisis diplomática entre Colombia y Venezuela, por una parte, y el inédito pulso, que podría llevar a una eventual secesión territorial, entre el gobierno central boliviano y la rica región petrolera y gasística de Santa Cruz, por otra, aunados a las turbulencias políticas internas en Perú y Ecuador, conforman un complicado rompecabezas en la región andina. El problema se acrecienta si se toma en cuenta la débil gobernabilidad, el constante aumento de las desigualdades socio-económicas y los efectos negativos de la lucha contra el narcotráfico y la insurgencia, enmarcada en la «guerra contra el terror» liderada desde Washington.
No deja de ser llamativo el hecho de que, hace un año, el Council of Foreign Relations, influyente think tank estadounidense, publicara un extenso y revelador informe titulado «Andes 2020: los desafíos del Plan Colombia en la región». En el mismo se estipulaba la posibilidad de fragmentación territorial o la posibilidad de que países como Ecuador, Colombia, Venezuela y Bolivia se convirtieran en «Estados fallidos», azuzados por el conflicto con el narcotráfico y la guerrilla y la intimidatoria presencia del Plan Colombia.
La reciente semi-ruptura diplomática y la «guerra de micrófonos» entre Bogotá y Caracas- producto de la detención del catalogado «canciller» de las FARC, Rodrigo Granda, en una operación realizada por las autoridades colombianas en la capital venezolana- es una consecuencia implícita de la regionalización del conflicto colombiano, plasmada en la expansión del Plan Colombia y la posterior transnacionalización de los movimientos insurgentes, que tienden a buscar refugio en países vecinos como Venezuela y Ecuador.
El caso colombo-venezolano revela dos realidades. La primera es que la presencia de Granda en territorio venezolano, con absoluta libertad de movimientos, deja en evidencia al gobierno de Hugo Chávez ante las acusaciones externas de vínculos con las FARC. Supuestamente afincado en Caracas, se especula que Granda poseía nacionalidad venezolana e, incluso, que participó en el referéndum en contra del revocatorio de Chávez.
Del mismo modo, es conocido que participó el pasado diciembre en un congreso de intelectuales, junto a Daniel Ortega, el presidente Chávez y José Saramago. No es ésta la primera vez que Chávez tiene roces profundos con su vecino colombiano por la presencia de guerrilleros en territorio venezolano. Ahí están los casos de José María Ballesta, perteneciente al ELN y capturado en 2000 por la INTERPOL y la seguridad colombiana y de la guerrillera de las FARC, Olga Marín, quién ofreció un discurso en la Asamblea Nacional venezolana en 2003. Del mismo modo, la creación, por parte de las FARC, de un Ejército Bolivariano de Liberación afectó a la revolución «chavista» y complicó aún más la situación, en un momento en que se aplicaba con rigor el Plan Colombia.
Bogotá, y ahora Washington, han acusado a Chávez de albergar «guerrilleros y terroristas» (las FARC están en la lista de grupos terroristas del Departamento de Estado) y de ser un factor de desestabilización regional. Mientras, el presidente venezolano ha decidido, en primera instancia, congelar los intercambios comerciales con su vecino, al que, además, exigía disculpas. La crisis se está desmontando lentamente por los canales diplomáticos, pero queda claro que va a marcar un antes y un después en las relaciones colombo-venezolanas. Sin embargo, y de una manera paradójica, si los espacios de negociación terminan por imponerse, esto podría provocar una cooperación más estrecha entre ambos países en materia antiterrorista.
El segundo aspecto a resaltar es la cada vez mayor presencia y coordinación de los servicios de seguridad colombianos, amparados por la cooperación estadounidense, en operaciones más allá de sus fronteras, con las peligrosas consecuencias que esto implica en materia de violación de la soberanía territorial. Si bien es cierto que la detención de Granda, comparable a la ocurrida hace un año en Ecuador con el guerrillero Simón Trinidad, reviste un carácter de ilegalidad indudable (si a ello agregamos los supuestos sobornos a policías venezolanos), el presidente Uribe Vélez y el gobierno estadounidense le han otorgado un dudoso carácter de legitimidad.
El hecho es que la cooperación colombo-estadounidense, plasmada en la política de Uribe de «seguridad democrática» y la transformación del Plan Colombia en un Plan Andino, funciona coordinadamente, aunque no sea valorada positivamente en los países vecinos. Por otra parte, tanto Uribe como Chávez no han dejado pasar la oportunidad para sacar rentabilidad política en un asunto sumamente sensible para ambos países. La línea dura de ambos mandatarios les ha hecho incrementar su popularidad y cierto consenso internos, quizás pensando más en las posibilidades de reelección de ambos para las respectivas elecciones presidenciales de 2006.
Otros procesos, no menos preocupantes, se desarrollan en Perú, Ecuador y Bolivia. La alarmante caída en picado en la popularidad y aceptación pública del mandatario peruano, Alejandro Toledo, ha dado paso a pricipios de enero a una extravagante rebelión militar por parte de un coronel retirado, Antauro Humala, en el interior del país. Humala, quien anteriormente ya se rebelara contra el entonces presidente Alberto Fujimori, manifestó su simpatía por la revolución bolivariana de Hugo Chávez, se autoproclamó heredero de la ideología etno-cacerista, en referencia al héroe militar decimonónico Avelino Cáceres, y prometió restaurar la ley inca. Del mismo modo, se observa en los últimos meses una abrupta reanudación de la actividad de células dormidas de Sendero Luminoso.
Ecuador, por su parte, vive pendiente de la presión del conflicto colombiano (por la cercanía de la base militar antidrogas fronteriza de Putumayo) y de los movimientos políticos de su presidente, Lucio Gutiérrez, quien ha copiado la misma fórmula judicial que Chávez en Venezuela, ampliando la conformación de magistrados afectos en el Tribunal Supremo a fin de contrarrestar el cada vez mayor descontento del poder legislativo hacia su gestión. Con el empuje de los movimientos indígenas conformados en torno a la influyente CONAIE, Gutiérrez se encuentra ahora en una delicada posición.
Para finalizar, la turbulencia boliviana parece revelar una mezcla de intereses petroleros y gasísticos por parte de las multinacionales y las elites locales, supuestamente coordinadoras de la amenaza secesionista de la región de Santa Cruz, confrontados con las demandas de movimientos sociales e indígenas que desean ampliar su espectro socio-político. Estos movimientos, cuyos líderes más visibles son Felipe Quispe y Evo Morales, atizan constantemente la atribulada presidencia interina de Carlos Mesa, en un momento en que el país más pobre de Sudamérica se prepara para la convocatoria de una Asamblea Constituyente, tras la caída del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, y cuya gobernabilidad y estabilidad se encuentran en entredicho.
Este es, en esencia, el panorama andino, repleto de síntomas de convulsión y pocas opciones de estabilización en una coyuntura en la cual a la cada vez mayor presencia geopolítica de Brasil, a través de MERCOSUR y sus proyectos de integración suramericana, se le opone la política estadounidense basada en dos pilares: el ALCA y el Plan Colombia.
