Desafíos humanitarios en Colombia

Francisco Rey Marcos CODIRECTOR

Andrés Felipe Gómez González TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN

Las pasadas semanas se han presentado diversos informes sobre la realidad humanitaria en Colombia (Panorama de Necesidades Humanitarias HNO y Plan de Respuesta Humanitaria HRP del Equipo Humanitario País, y el Informe de Retos Humanitarios 2023 del Comité Internacional de Cruz Roja, CICR) y todos coinciden en el diagnóstico: las consecuencias de la crisis humanitaria se han agravado y las tendencias y perspectivas para el año 2023 son pesimistas. Es hora de actuar con seriedad y rigor en materia humanitaria y de respeto del derecho internacional humanitario (DIH) para que la acción humanitaria siga contribuyendo a la mejora de las condiciones de vida y la protección de las comunidades afectadas por los conflictos que sufre el país.

La situación humanitaria se agrava

La llegada de Gustavo Petro a la presidencia marcó el hito más importante de Colombia en 2022. Sus promesas de replantear la guerra contra las drogas, de lidiar con las causas estructurales del conflicto y de abrir nuevos canales de diálogo con grupos armados no estatales fueron una bocanada de aire fresco para las comunidades más afectadas por la violencia, especialmente luego de cuatro años de significativos retrocesos e insistencia fútil en recetas fracasadas.

Sin embargo, este renovado optimismo ha chocado con la realidad de las condiciones humanitarias del país en el 2022. El recientemente publicado Panorama de Necesidades Humanitarias para el 2023 muestra la continuación y agravamiento de eventos del conflicto como el confinamiento y desplazamiento de comunidades, el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, y las acciones de violencia masiva o selectiva. El flujo de personas refugiadas y migrantes desde Venezuela tampoco ha cesado, alcanzando un total de 2,48 millones de personas. De estas, R4V estima que el 80% son personas con necesidades de carácter humanitario. A esto se suma un sostenido período de lluvias a causa del fenómeno de la niña, el cual a diciembre de 2022 había causado afectaciones a 826.287 personas. Todos estos factores dejaron a un total 7,7 millones de personas en necesidad de asistencia humanitaria en el país. Abordar estos desafíos será una de las tareas más grandes que enfrentará tanto el gobierno como el sector humanitario en 2023, por lo cual vale la pena reflexionar sobre los distintos planes puestos en marcha hasta ahora en esta materia.

Los costos de la ingenuidad de la paz total se pagan en el territorio

El presidente Petro ha optado por un intento audaz de llegar a acuerdos con distintos grupos armados no estatales a lo largo y ancho del país dentro de la estrategia que ha denominado “la paz total”.  El gobierno ha abierto varios frentes de negociación y diálogo: retomó la mesa con el ELN, presentó al Congreso una nueva ley de sometimiento a la justicia que ofrece grandes beneficios a organizaciones criminales sin reconocimiento político, y ha creado varias mesas con pequeñas organizaciones criminales a nivel territorial que han llevado a la reducción de la violencia en ciudades como Buenaventura.

Estos loables esfuerzos han buscado cerrar ciclos de violencia reconociendo que las aproximaciones existentes no han sido suficientes y que enfrentar los fenómenos de violencia a nivel territorial implica replantear el rol que el Estado ha tenido tradicionalmente en estas regiones y abordar asuntos como la desigualdad y la violencia estructural. A pesar de ello, y aunque aún puede ser muy temprano para emitir juicios concluyentes, esta estrategia ya ha mostrado varias grietas que pueden echar los nuevos esfuerzos de paz al traste.

Desde un inicio se supo que esta nueva fase de construcción de paz sería distinta a la que se hizo alrededor del acuerdo con las FARC. En septiembre, el Canciller Álvaro Leyva afirmó que “En la paz no hay música clásica, es jazz: se va inventando”. La apuesta, según el Alto Comisionado de Paz Danilo Rueda, consiste en buscar lo que denominó “alivios humanitarios” para sentar las condiciones de los diálogos.

Sin embargo, tal estrategia no parece reconocer la complejidad de las dinámicas actuales del conflicto. Afanado por mostrar avances en materia de “alivios humanitarios”, el gobierno organizó una mal llamada “caravana humanitaria” en el marco de las negociaciones con el ELN y, finalizando el 2022, anunció un cese al fuego bilateral con cinco grupos armados no estatales, entre ellos el ELN y el Clan del Golfo. Este anuncio tomó por sorpresa al país, especialmente teniendo en cuenta que en la anterior negociación con las FARC una decisión de tal calibre solo se tomó luego de cuatro años de negociaciones. Pero tal decisión no fue más que un anuncio vacío.

A los pocos días quedó claro que el cese no había sido del todo acordado con los distintos grupos armados y que las condiciones en el terreno no estaban dadas para implementarlo. Esto se debe a que, como lo reflejan datos de la Fundación Ideas para la Paz, la mayoría de los enfrentamientos en el marco del conflicto ya no son entre el Estado y los grupos armados no estatales, sino entre los mismos grupos armados por el control de las economías ilegales. Al no abordar este aspecto en el planteamiento del cese al fuego bilateral, una tregua con un actor armado podría limitar la capacidad del Estado de reaccionar oportunamente frente a combates entre grupos armados. Tal fue el caso de los combates entre el ELN y disidencias de las FARC en Arauca que se han intensificado este año y que, tan solo en 2022, causaron el confinamiento de 5637 personas.

La situación de Arauca se repite en otros territorios. En el norte de Antioquia, los medios han reportado la comisión de masacres y la toma de un colegio por parte de grupos disidentes de las FARC. Adicionalmente, el gobierno había denunciado la infiltración del Clan del Golfo en el paro de mineros artesanales de la región, en el cual hubo varios ataques a personal de la salud y a bienes de la población civil. Finalmente, hace algunos días el presidente tuvo que decretar el fin del cese al fuego con esta organización luego de un ataque a una patrulla del ejército.

Sin el cese al fuego ni con el ELN ni con el Clan del Golfo, el gobierno se ve obligado a retomar las operaciones ofensivas con estos grupos. El problema es que este momento llega justo cuando el gobierno intenta replantear su estrategia de seguridad. Este replanteamiento responde a un llamado tanto de las organizaciones de base que eligieron a Petro como de expertos en seguridad críticos frente a la estrategia usada por Iván Duque. El presidente ha buscado crear una nueva estrategia basada en la seguridad humana, la cual hace mayor énfasis en la protección de comunidades que en la persecución de las cabecillas de las organizaciones criminales. Esa dirección, a pesar de ir en la dirección correcta, ha dejado momentáneamente a las fuerzas armadas sin direcciones claras para contrarrestar las acciones de los grupos armados ilegales. Esto, en el marco de la paz total, se traduce en que el gobierno hasta ahora solo ha sacado las zanahorias de la negociación, pero no el garrote.

Ha llegado el momento en el que el gobierno debe repensar urgentemente el camino bajo el cual se perseguirá la paz total. Lo hecho hasta ahora no ha sido suficiente para reducir los índices de violencia ni asegurar esos “alivios humanitarios” a los que se refería el Comisionado de Paz. Mientras el gobierno hace los ajustes necesarios a esta estrategia, las comunidades a lo largo y ancho del territorio nacional se enfrentan a un panorama bastante complicado, en el cual el sector humanitario deberá operar con bastante cuidado y determinación.

Retos y oportunidades en la respuesta humanitaria

El Plan de Respuesta Humanitaria, presentado las pasadas semanas, plantea objetivos alcanzables y su énfasis en la resiliencia y las capacidades comunitarias para abordar los retos en materia de protección, salud, educación en emergencias, entre otros, es valioso y necesario para alcanzar éxitos en este nuevo panorama. Este es tan solo uno de varios ejemplos contenidos en el Plan sobre cómo pensar la respuesta cada vez más en clave del llamado Triple Nexus humanitario-desarrollo-paz, desarrollando capacidades locales y avanzando en soluciones duraderas que necesariamente pasan por asumir desafíos estructurales relacionados a la presencia y naturaleza del Estado, desarrollo socioeconómico de zonas rurales, entre otros. Algo que ya de por sí es un reto en la compleja situación colombiana.

Abordar estos temas conjuntamente es fundamental, pero se puede correr el riesgo de que ocurra una excesiva politización de lo humanitario si no se camina con suficiente prudencia. Aunque la nueva narrativa de la paz total ofrece oportunidades inspiradoras para cerrar ciclos de violencia en Colombia, esta ha venido acompañada del uso y abuso del término humanitario dentro del lenguaje usado por altos funcionarios del Estado en casos y escenarios donde no aplica. El mal uso del término humanitario pone en riesgo a las organizaciones que llevan a cabo este tipo de labores en todo el territorio nacional. El aumento de ataques en contra del sector humanitario denunciado por el Equipo Humanitario de País en Colombia es un crudo recuerdo de la importancia de la ortodoxia con las definiciones y las prácticas. Consecuentemente, los distintos actores involucrados en los esfuerzos de paz en Colombia deben hacer un llamado inequívoco por la importancia y el respeto del derecho internacional humanitario (DIH).

Tales riesgos para los actores humanitarios en terreno llevan a hacer mayor énfasis en los debates alrededor del acceso y la negociación del acceso con grupos armados no estatales. Los obstáculos en la legislación colombiana para entablar contacto con grupos armados no estatales sin autorización expresa del ejecutivo no reconocen la realidad a nivel territorial en la que, como lo muestra el Plan de Respuesta Humanitaria, cada vez más se ven mayores limitaciones al acceso humanitario. Independientemente de los lineamientos de cada organización humanitaria en materia de negociación para el acceso, es necesario que se abran discusiones alrededor de este tema tanto entre las organizaciones como con el Estado, especialmente en un escenario de fragmentación del conflicto donde han aparecido nuevos actores armados que parecen desconocer o no respetar la labor humanitaria. La negociación humanitaria con grupos armados no estatales (GANE) es una práctica reconocida internacionalmente, poyada por organizaciones especializadas y realizada con éxito en numerosos contextos de crisis humanitaria ¿porqué no en Colombia? Por último, es fundamental que la comunidad internacional tenga presente que, aún con un nuevo aire de optimismo por los esfuerzos gubernamentales de llevar la paz total a buen puerto, las necesidades humanitarias continúan y, por ende, el financiamiento de las organizaciones humanitarias continúa siendo crucial para salvaguardar el bienestar de las poblaciones más afectadas por el conflicto. En este sentido, es fundamental que esto se haga siguiendo las máximas de los principios de eficacia, eficiencia y, particularmente, localización. El fortalecimiento de las organizaciones con arraigo en los territorios es una pieza clave para la sostenibilidad de las iniciativas de carácter humanitario de cara a los retos que esta nueva etapa del conflicto y del escenario político trae para Colombia.