Violencia, hidrocarburos y diplomacia en Irak

(Para Radio Nederland)
Mientras el presidente de Iraq, Jalal Talabani, emite un comunicado desde el hospital jordano en el que trata de recuperar su débil salud, afirmando que muy pronto estará nuevamente operativo, la agenda nacional no cesa de generar noticias. Tres son ahora las que acaparan la atención: una inminente operación militar, la aprobación por el Consejo de Ministros del proyecto de una futura ley de hidrocarburos y el anuncio de una inmediata reunión internacional para implicar a los vecinos y a la comunidad internacional en la búsqueda de soluciones para el país.

En los póximos días se producirá el lanzamiento de una operación militar combinada (con fuerzas estadounidenses e iraquíes) para doblegar a los insurgentes en Sader City (con sus dos millones de ciudadanos dentro de Bagdad). De momento no se han hecho notar los efectos de la decisión del presidente Bush para reforzar la capacidad militar de EE. UU, adoptada apenas hace unas semanas. El nivel de violencia diaria en Iraq no se ha reducido (aunque eso sea compatible con la decisión británica de rebajar su presencia militar en Basora) y, por el contrario, todo indica que quienes se oponen a las tropas norteamericanas e iraquíes disponen de nuevos medios para seguir sembrando la tragedia (desde la utilización de cloro añadido a sus explosivos hasta el empleo de nuevas tácticas para derribar herlicópteros). Esto ha llevado a la decisión de lanzar ahora una operación- sólo factible a partir de un acuerdo entre Al Maliki y Muqtada al Sader-, que pretende combatir dentro de los núcleos urbanos, casa por casa si es necesario, lo que implica inevitablemente asumir un mayor nivel de riesgo. Aunque habrá que esperar al menos hasta noviembre para confirmarlo, sigue siendo válido a día de hoy que el incremento de tropas aprobado por Washington o este tipo de campañas militares no va a modificar sustancialmente la situación sobre el terreno.

En paralelo a esa medida militar, la administración Bush viene presionando al gobierno iraquí para que cumpla determinadas tareas que buscan, fundamentalmente, evitar que sigan ensanchándose las brechas entre las distintas comunidades nacionales y hacer frente a las milicias de todo tipo que se mueven con demasiada permisividad por el territorio nacional. Ni Talabani ni Al Maliki han logrado hasta ahora imponerse a otros actores aparentemente menos poderosos, pero en cualquier caso más efectivos, como Muqtada al Sader, que combina su presencia en el gobierno y en el parlamento con su liderazgo del Ejército del Mahdi y con un innegable apoyo popular entre los chiíes, hasta el punto de convertirse en uno de los principales dolores de cabeza para el gobierno iraquí y para Washington.

Una de las vías principales para modular la resistencia interna pasa por asegurar a todas las comunidades relevantes (kurdos, chiíes y suníes) su participación en la explotación de las riquezas nacionales. Por ello el anuncio de que finalmente el gabinete ministerial ha aprobado, el 26 de febrero, el proyecto de una ley de hidrocarburos adquiere una importancia vital para el futuro. Hasta ahora son los suníes quienes se sienten marginados, en cuanto su localización territorial se concentra en zonas con escasa o nula presencia de petróleo y gas (aunque ya se habla de yacimientos confirmados en la provincia de Anbar). Temen, con razón, quedar convertidos en los parias del país, en la medida en que se permita que el reparto de los beneficios se haga en términos comunales y no nacionales. Con el proyecto ahora aprobado se prevé que el gobierno central será el encargado de distribuir los ingresos entre las 18 provincias en función de su población (concesión a los suníes), dejando la negociación de nuevos acuerdos en manos de los gobiernos regionales (concesión a los kurdos). Sobre esta mínima base, queda aún por resolver, en el proceso que ahora se inicia en el parlamento nacional, qué campos serán gestionados por las autoridades centrales, por las regionales o, incluso, directamente por compañias privadas. Igualmente se deja la delicada cuestión de Kirkuk, donde se concentra el 70% de las reservas iraquíes de gas, a expensas de un futuro referéndum (que ahora se pospone dos años más) que debe determinar si se integra en la Confederación Regional del Kurdistán- con Arbil, Dohuk y Sulaymaniyah- o pasa a formar parte de la correspondiente provincia árabe suní. Éste es un elemento central para apaciguar las tensiones internas o para llevarlas al extremo, si no se logra un consenso que satisfaga a todos.

Por último, la reunión anunciada para el próximo día 10 de marzo debe ser vista en la misma línea argumental. Sin asumir directamente las recomendaciones del informe Baker-Hamilton, el hecho es que ese día se sentarán a la misma mesa representantes (no cabe imaginar que sea en esta primera ocasión a nivel ministerial) del gobierno iraquí con los de Irán y Siria, por un lado, y con los de Estados Unidos, por otro, en un marco que deben completar los enviados de Francia, Reino Unido, China, Rusia, ONU, Liga Árabe y de algún otro país de la zona. Se abre así una vía que hasta ahora sólo se había explorado tímidamente en el plano estrictamente bilateral, pero que debería ser incentivada si realmente se busca una salida al empantanamiento actual. A pesar del inicial revuelo y del hecho de que éste pueda ser el primer encuentro en 28 años entre representantes iraníes (que aún no han confirmado su asistencia) y estadounidenses (que sí lo han hecho), no hay bases para adivinar ningún cambio radical en las dinámicas que definen, para mal, a la región. Recordemos que la apuesta principal sigue siendo la militar, tanto contra los que se oponen a los nuevos gobernantes iraquíes como a su principal apoyo estadounidense. No olvidemos tampoco que EE. UU. está allí con la clara intención de consolidar su presencia a largo plazo, en su afán evidente de controlar la región y sus riquezas. No esperemos que se vaya a producir un encuentro bilateral entre iraníes y estadounidenses para dirimir sus diferencias con respecto a Iraq, y mucho menos para discutir el futuro del programa nuclear impulsado por Teherán o su papel en Oriente Medio.

Antes que eso, se trata de un apunte más, y no precisamente el más importante, en la estrategia diseñada en Washington (aunque haya sido el primer ministro iraquí el obligado portavoz de la decisión) para crear un frente común que haga ver a Siria e Irán que no podrán imponer sus agendas. Y poco más, de momento.