Una nueva esperanza blanca para Guatemala
El pasado 4 de noviembre, Álvaro Colom Caballero, del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), se proclamó Presidente de Guatemala tras ganar, en la segunda vuelta, por más del 52 % de los votos, al general Otto Pérez Molina del derechista Partido Patriota y cuyo lema de campaña, del que se hizo hasta una pegadiza canción, fue sencillo y directo: «mano dura, cabeza y corazón».
El general Pérez Molina fue Jefe del Estado Mayor Presidencial de 1993 a 1995 y representó al ejército de Guatemala como miembro de la Delegación Gubernamental de la Paz, firmando el Acuerdo de Paz Firme y Duradera de 1996, que puso fin a cuarenta años de guerra civil. Según la biografía de la página de su partido, «en 1982, el liderazgo de este joven oficial del ejército fue clave para propiciar el relevo del General Efraín Ríos Montt cuando se autoproclamó Presidente de la República». Su candidato a vicepresidente, Ricardo Castillo Sinibaldi, pertenece a la clase directiva y empresarial guatemalteca, habiendo detentando varios cargos directivos en diversas empresas, asociaciones empresariales y en la poderosa Cámara de Industria de Guatemala.
Álvaro Colom y su vicepresidente, Rafael Espada, por el contrario, constituyen, por primera vez desde 1954, una opción política que no representa al ejército ni a la oligarquía económico-política tradicional guatemalteca y esto es, precisamente, lo que ilusiona a sus votantes y, ahora, a gran parte de los guatemaltecos. En su programa electoral o plan de gobierno (denominado Plan de la Esperanza) la UNE abraza la socialdemocracia como ideología de base y hace referencia explícita del periodo histórico conocido como la Primavera Política (1944-54), valorando, según sus propias palabras «el esfuerzo político, histórico y filosófico de la revolución del 20 de octubre».
Colom ha ganado unas elecciones en un país donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha denunciado más de 50 asesinatos de candidatos, activistas políticos y familiares durante la campaña (el mismo Colom acusó a la Inteligencia Militar de estar detrás de, al menos, 14 de los 18 asesinatos de miembros de UNE, según sus palabras, con el único fin de impedir el acceso al poder de un candidato de izquierda) y donde la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala ha certificado 3.776 ejecuciones extrajudiciales sólo en 2006. Un país donde, según el Gobierno saliente, sólo en el primer semestre de este año se han cometido 2.857 homicidios, casi todos con armas de fuego y donde, según la Comisión de la Mujer del Congreso, desde el pasado 1 de enero han sido asesinadas 271 mujeres, un 16% más que el año anterior.
El nuevo presidente tiene, por tanto, entre manos una dura labor de mejora de las condiciones de seguridad de los guatemaltecos y de, por supuesto, mejora en las condiciones de vida. No podemos olvidar que Guatemala se encuentra en el puesto 118 a nivel mundial según el Índice de Desarrollo Humano, con un PIB per capita de algo más de 4.300 dólares y una tasa de alfabetización de adultos que no llega al 70 %. En este sentido, el Instituto Nacional de Estadísticas de Guatemala expone que el 51 % de los 13 millones de guatemaltecos, entre ellos el 70 % de la población indígena, vive en la pobreza.
Para esta tarea, Colom promete una reforma constitucional y cuenta con un amplio programa de reformas políticas y económicas cristalizado en el Plan Esperanza que, sin embargo, no plantea una mirada al pasado cercano de Guatemala y a una revisión del papel del ejército durante el largo periodo de conflicto. Quizás es algo muy difícil de emprender aún, cuando personajes como el ex-dictador Efraín Ríos Montt- acusado en España por delitos de genocidio- disfruta de la inmunidad jurídica derivada de su condición de diputado para los próximos cuatro años.
Este periodo de inmunidad se iniciará en 2008, precisamente cuando se cumplan 10 años de la presentación del Informe Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala «Guatemala Nunca Más». El Informe fue presentado la tarde del 24 de abril de 1998 por el coordinador del mismo, el Obispo Juan José Gerardi, asesinado apenas 48 horas más tarde, sin que se haya podido determinar todavía a día de hoy la autoría real del brutal crimen.
«Guatemala Nunca Más» es un informe basado en el testimonio de las víctimas y, en algunos casos, de los propios verdugos de las violaciones masivas de los derechos humanos y de las masacres perpetradas en el periodo de conflicto, periodo que, según los datos que se presentan, tuvo su mayor exponente de violencia durante los años 1980-83, espacio durante el cual Ríos Montt fue presidente de facto de Guatemala.
En este mismo sentido expone sus conclusiones el Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) de Guatemala, de 1999, que determinó que «fenómenos coincidentes con la injusticia estructural, el cierre de los espacios políticos, el racismo, la profundización de una institucionalidad excluyente y antidemocrática, así como la renuencia a impulsar reformas sustantivas que pudieran haber reducido los conflictos estructurales, constituyen los factores que determinaron en un sentido profundo el origen y ulterior estallido del conflicto armado». Para este informe, además, durante el conflicto armado «la noción de enemigo interno, intrínseca a la Doctrina de Seguridad Nacional, se volvió cada vez más amplia para el Estado». La CEH, a través de su investigación, concluyó, además, que como consecuencia de esta política las fuerzas del Estado y los grupos paramilitares afines fueron responsables del 93% de las violaciones de los derechos humanos documentadas por la propia Comisión.
Para superar los traumas causados por esta etapa de violencia y, sobre todo, para perfilar un horizonte digno para el conjunto de la población guatemalteca, sólo cabe desear lo mejor al nuevo presidente. Entre sus prioridades inmediatas destaca la necesidad de seleccionar un equipo eficaz, no lastrado por el pasado y no hipotecado por compromisos corporativistas. Especialmente delicado es el nombramiento de los cargos militares y de los responsables de la seguridad nacional. No menos importante será realizar una gestión que sirva tanto para cicatrizar las heridas del conflicto armado, como para sentar las bases del fin de la impunidad y de la corrupción generalizada establecida en la sociedad guatemalteca.
