Sudán: fortalecer la protección de civiles en un conflicto prolongado
La situación actual en Sudán representa una de las crisis de protección de civiles más graves del mundo. Desde el inicio del conflicto armado en 2023, el número de personas desplazadas ha superado los 12 millones[1], mientras las necesidades humanitarias continúan aumentando en un contexto de acceso restringido, fragmentación institucional y deterioro de los servicios básicos. Sin embargo, la violencia actual no puede analizarse únicamente como una crisis reciente, sino como la manifestación de vulnerabilidades estructurales acumuladas durante décadas, en las que los mecanismos nacionales e internacionales de protección no han logrado consolidarse de forma sostenible.
Si bien existen similitudes con conflictos anteriores en Sudán, particularmente la guerra de Darfur iniciada en 2003[2], en aspectos como la gravedad de crímenes contra la población civil, el uso de actores armados no estatales vinculados al poder central y la instrumentalización de identidades étnicas, la guerra actual presenta elementos distintivos que la hacen especialmente compleja desde una perspectiva de protección de civiles.
En primer lugar, el carácter del conflicto ya no es una lucha entre el centro y la periferia, sino una confrontación directa por el control del Estado entre dos actores armados previamente integrados en el aparato de seguridad nacional. En segundo lugar, la extensión de la violencia a gran parte del territorio, incluyendo centros urbanos densamente poblados como Jartum y El Fasher, ha reducido considerablemente los espacios de refugio disponibles para la población civil. La presencia de hostilidades en entornos urbanos incrementa los riesgos de víctimas civiles, la destrucción de infraestructuras esenciales y las limitaciones en el acceso a servicios básicos[3].
En tercer lugar, el colapso de la transición política tras la revolución de 2019[4] ha profundizado la fragmentación institucional y debilitado la confianza de la población en las autoridades, reduciendo enormemente la eficacia de los mecanismos formales de protección[5]. Por último, el conflicto refleja la creciente relevancia de tecnologías como drones, interferencias electrónicas y control de telecomunicaciones[6], que influyen tanto en la planificación como la ejecución de operaciones militares, como en los riesgos para la población civil, al tiempo que facilitan nuevas formas de documentación independiente de la violencia[7].
En este contexto, mejorar la protección de civiles exige reforzar el compromiso de las partes en conflicto con sus obligaciones, fortalecer mecanismos institucionales y comunitarios existentes, y promover el diálogo entre comunidades, autoridades civiles y actores armados como vía para reducir riesgos y prevenir daños.
Promover cambios de comportamiento en las partes en conflicto
Reforzar el compromiso de las partes en conflicto con sus obligaciones en materia de protección requiere un enfoque pragmático de interlocución que reconozca la necesidad de interactuar con todos los actores con capacidad de influir en los niveles de violencia, incluyendo fuerzas armadas estatales, grupos armados no estatales y autoridades civiles. El derecho internacional humanitario establece obligaciones claras respecto a la protección de la población civil, pero su aplicación efectiva depende de la existencia de capacidades institucionales, incentivos operacionales adecuados y canales de comunicación que permitan traducir principios normativos en prácticas concretas.
En el caso de las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF), la incidencia técnica en materia de protección de civiles puede contribuir a mejorar la previsibilidad de las operaciones, reducir daños incidentales y facilitar el acceso humanitario. Para que este esfuerzo tenga impacto en el comportamiento operativo, el diálogo no debe limitarse a los niveles más altos de mando, sino incluir también a mandos intermedios y comandantes sobre el terreno, quienes toman decisiones que afectan directamente a la población civil. La experiencia comparada muestra que la formación específica en protección de civiles y la incorporación de consideraciones de daño civil en la planificación operativa pueden contribuir a reducir riesgos, especialmente en entornos urbanos.
Este enfoque también resulta relevante respecto a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) y otros grupos armados no estatales, cuya estructura descentralizada plantea desafíos adicionales en términos de disciplina y control de unidades. Aunque la interlocución implica dilemas políticos, su capacidad de influir en la seguridad de la población civil hace necesario explorar canales de comunicación orientados a reducir daños.
Fortalecer mecanismos institucionales y comunitarios de protección
Además del diálogo y la incidencia, resulta fundamental invertir en el fortalecimiento institucional en materia de protección de civiles. En este sentido, las SAF, como actor estatal con responsabilidades jurídicas específicas bajo el derecho internacional humanitario, desempeñan un papel relevante por su capacidad de contribuir al desarrollo de mecanismos destinados a reducir daños a la población civil. El comité interministerial para la protección de civiles refleja una base institucional que, con voluntad política y apoyo técnico, podría fortalecerse para mejorar la previsibilidad de las operaciones militares, facilitar el acceso humanitario y reducir riesgos para la población civil. El fortalecimiento de este tipo de mecanismos puede contribuir a mejorar niveles de confianza entre instituciones y comunidades en un contexto de elevada fragmentación política y social.
Al mismo tiempo, la protección de civiles en Sudán no puede depender exclusivamente de estructuras estatales o internacionales. Las dinámicas del conflicto han puesto de relieve la importancia de mecanismos comunitarios de resiliencia y autoprotección que han permitido a muchas comunidades adaptarse a contextos de elevada incertidumbre y violencia. Entre estos mecanismos destacan iniciativas locales de mediación y resolución de conflictos documentadas en el informe del PNUD Bridging Divides: Local Peace Initiatives in Sudan, que analiza experiencias en Darfur y Kordofán donde líderes comunitarios, jóvenes y estructuras tradicionales han contribuido a reducir tensiones, prevenir violencia y sostener niveles básicos de cohesión social incluso en contextos de conflicto activo.
Asimismo, redes de solidaridad social han permitido mantener formas mínimas de apoyo mutuo pese a la prolongación de la violencia. En este contexto, las Emergency Response Rooms (ERR[8]) han desempeñado un papel relevante como redes locales de voluntariado que facilitan asistencia básica, identifican riesgos inmediatos y difunden información crítica para la supervivencia cotidiana de la población civil. Su legitimidad social y conocimiento del contexto les han permitido operar en entornos donde otros actores tienen acceso limitado.
Reforzar la protección de civiles implica también apoyar estructuras sociales con legitimidad local capaces de actuar como puente entre comunidades, autoridades civiles y actores armados. Líderes comunitarios y religiosos pueden contribuir a mediar tensiones, difundir información sobre riesgos y promover comportamientos orientados a la reducción de violencia. El papel de las mujeres merece especial atención, ya que en muchas comunidades desempeñan funciones esenciales en la organización de respuestas comunitarias[9] y el mantenimiento de redes sociales que sostienen la resiliencia colectiva. Como subraya ODI/HPG en Refocusing Protection on Reducing Risks of Violence (2025), una protección efectiva debe partir de las propias comunidades y sus estrategias de autoprotección.
Diálogo civil-militar
Las estructuras comunitarias también pueden contribuir a reducir la profunda brecha de desconfianza que durante décadas ha caracterizado la relación entre comunidades, autoridades civiles y actores armados en Sudán. En contextos donde los canales formales de comunicación se encuentran debilitados, actores con legitimidad social pueden facilitar la transmisión de información a autoridades y actores armados sobre riesgos de protección, necesidades prioritarias y percepciones locales de seguridad. Este tipo de interacción civilo-militar, cuidadosamente estructurada y respetuosa de los principios humanitarios, puede contribuir a mejorar la comprensión mutua de riesgos operacionales y reducir la probabilidad de incidentes que afecten a la población civil. Siempre que se evalúe y aplique el principio de do no harm, los actores humanitarios de protección pueden contribuir a empoderar a las comunidades para el desempeño de esta interacción.
No obstante, el diálogo con actores armados no está exento de riesgos, ya que puede ser percibido como legitimación política o generar percepciones de parcialidad si no se gestiona con transparencia y coherencia con los principios humanitarios. Sin embargo, resulta esencial, ya que incluso canales de diálogo limitados o indirectos pueden facilitar acuerdos puntuales de acceso humanitario y reducir malentendidos que podrían derivar en daños a civiles. Explorar formas graduales de interacción técnica entre autoridades civiles, estructuras de seguridad y actores comunitarios puede contribuir a crear condiciones mínimas de confianza necesarias para reducir riesgos inmediatos de violencia.
Conclusión
Más allá de la respuesta inmediata a la crisis actual, la experiencia de Sudán pone de relieve la necesidad de integrar la protección de civiles como un componente central de la gobernanza de la seguridad. Lo que ocurre hoy no puede entenderse únicamente como una guerra iniciada en 2023, sino como la manifestación de más de dos décadas de dificultades para construir mecanismos sostenibles capaces de prevenir y reducir daños contra la población civil.
Las dinámicas actuales reflejan la persistencia de patrones de violencia, exclusión e impunidad, así como la fragilidad de los canales de diálogo entre comunidades afectadas, autoridades civiles y actores armados. Incluso con marcos normativos sólidos, las respuestas humanitarias significativas han demostrado ser insuficientes para reducir de forma sostenida los riesgos para la población civil.
Fortalecer la protección de civiles en Sudán exige combinar la promoción del respeto de las normas internacionales con enfoques pragmáticos que contribuyan a mejorar los comportamientos operacionales de las partes en conflicto, reforzar capacidades institucionales existentes y apoyar estructuras comunitarias con legitimidad social. Esto requiere reconocer que, pese a los riesgos políticos asociados, la creación de canales de comunicación, incluso limitados, entre comunidades, autoridades civiles y actores armados puede ayudar a reducir malentendidos, anticipar riesgos y disminuir la probabilidad de que la población civil se vea directamente afectada por la violencia.
Bibliografía
[1] OCHA (2025). Sudan Humanitarian Needs Overview 2025. United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs; Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) (2025). Global Report on Internal Displacement.
[2] Alex de Waal and Julie Flint (2008). Darfur: A New History of a Long War. London: Zed Books; Human Rights Watch (2004). Darfur Destroyed: Ethnic Cleansing by Government and Militia Forces in Western Sudan.
[3] United Nations (2026). Report of the Independent International Fact-Finding Mission for the Sudan; World Health Organization (WHO) (2024). Surveillance of Attacks on Healthcare in Sudan
[4] International Crisis Group (2023). Sudan’s Military Coup and the Fragile Transition; UNDP (2022). Sudan Transition Assessment Report.
[5] Estos mecanismos incluyen, tradicionalmente, la aplicación efectiva de normas y leyes en el marco de un Estado de derecho, la existencia de fuerzas de seguridad capaces de garantizar el orden público y la protección de la población civil, así como la presencia de un espacio cívico funcional y de estructuras comunitarias que contribuyan a la prevención de riesgos y a la protección cotidiana de las personas
[6] United Nations (2026). Report of the Independent International Fact-Finding Mission for the Sudan, paras. 41–42 (documentation of use of electronic jamming equipment during the fall of El Fasher).
[7] En este sentido, cabe destacar el trabajo de diversos actores especializados en análisis de fuentes abiertas, como el Yale Humanitarian Research Lab, el Centre for Information Resilience (CIR) y Bellingcat, cuya labor ha contribuido significativamente a los trabajos de misiones internacionales de investigación de Naciones Unidas, así como al análisis independiente realizado por organizaciones dedicadas a la promoción del respeto del Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos. Yale School of Medicine, Humanitarian Research Lab (2025). Satellite Analysis of Mass Atrocities in Sudan; Bellingcat (2024–2025). Open-Source Investigations into Sudan Conflict.
[8] Las Emergency Response Rooms (ERR) son redes de voluntariado comunitario surgidas tras la revolución de 2019 que prestan asistencia directa a poblaciones afectadas por el conflicto. Su labor ha sido reconocida internacionalmente, incluyendo el Right Livelihood Award (2025), el Chatham House Prize (2025) y el Rafto Prize (2025), además de nominaciones al Premio Nobel de la Paz.
[9] Hala Al-Karib, Briefing to the United Nations Security Council on Sudan, NGO Working Group on Women, Peace and Security, February 2026, disponible en: https://www.womenpeacesecurity.org/resource/un-security-council-briefing-sudan-hala-al-karib/
