Sudamérica y la guerra de los discursos
Escalofriantes frases, como “debemos estar preparados para todos los escenarios” o “estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias”, se han hecho parte del discurso de cancilleres y presidentes de varios países sudamericanos últimamente. Una región que tras algunas pugnas territoriales en el siglo XIX, prácticamente ha vivido desde entonces sin guerras entre sus países, pero que hoy pareciera haberse sumido en una vorágine belicista que resulta altamente preocupante.
Una beligerancia verbal que, confiemos, quedará probablemente en eso. Un escenario de guerra es hoy poco probable, aunque sólo sea por la interdependencia comercial entre estos países y por los intereses geopolíticos de unos con otros. Entrar en guerra sería sumamente autodestructivo para cualquiera de ellos. Y esto es así a pesar de la escalada verbal y de ciertos movimientos de tropas entre Venezuela, Ecuador y Colombia, que ha dado como resultado la ruptura de las relaciones diplomáticas por parte de los dos primeros con Colombia, junto con la expulsión de los embajadores colombianos desde Caracas y Quito, actos en todo caso comprensibles, dado que ninguna situación de lucha contra el terrorismo justifica la invasión de un territorio nacional por parte de otro Estado. No condenar esos hechos resultaría gravísimo para cualquier nación o persona que sea respetuosa de los derechos humanos.
La firme reacción del presidente ecuatoriano Rafael Correa, junto con la casi rocambolesca y mediática protesta de Hugo Chávez, que incluye movilizar tropas venezolanas a la frontera con Colombia, debe entenderse más como un mensaje para la comunidad internacional que como el anuncio de guerra inminente. Lo que Chávez ha querido dejar claro es que si alguien arremete contra un aliado de Venezuela, es como si hubiera agredido al propio país petrolero de la región. Además ha protestado por la invasión del ejército colombiano a tierras de Ecuador, en línea con lo que han hecho todos los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), a excepción de Estados Unidos que, por el contrario, ha brindado todo su apoyo a su principal aliado en la zona, Álvaro Uribe.
El clima ya se había ido enrareciendo en estos últimos meses. Cabe recordar aquí las elegantes, pero a la vez amenazantes, mensajes que se intercambiaban los cancilleres de Perú y Chile hace algunas semanas, por el tema del diferendo marítimo que tienen estos países. Recordemos también que Perú acaba de presentar una demanda contra su vecino sureño ante el Tribunal Internacional de La Haya sobre la delimitación de su frontera marítima, un conflicto en el que estará atento Ecuador, pues se trata de dilucidar un tratado tripartito.
El caso de Chile es particular, pues se ha convertido en la primera fuerza militar de Latinoamérica, quizá por el hecho de poseer territorios que obtuvieron en la denominada Guerra del Pacífico del siglo XIX y que antes le pertenecían a Perú y Bolivia, a consecuencia de la cual este último perdiera su salida soberana al mar, algo que viene reclamando desde hace varios años y que genera una soterrada tensión entre ambos Estados (con resultados chocantes como, por ejemplo, que el gas boliviano se exporte vía el Océano Pacífico a través de un puerto peruano y no de uno chileno, aunque este último le ofrecía un contrato mas ventajoso).
Parecieran entender los y las gobernantes implicados en estas dinámicas de desencuentro bilateral y regional, que el crecimiento macroeconómico debe ir de la mano con una carrera armamentista de los países que van reduciendo sus cifras de pobreza, como si fuese una verdad indubitable que comprar armas sea un requisito para garantizar la seguridad y la estabilidad económica. Algunos entienden que a mayor liquidez en las arcas de los Estados, en lo primero que se debe pensar es en adquirir material bélico y, en esa línea argumental que necesita justificar esa apuesta armamentística, no dudan en propiciar situaciones de amenaza, generar tensiones diplomáticas, alertar sobre la posibilidad de guerras y otras típicas razones al uso.
Los países que más han gastado en compras para defensa son- de acuerdo con International Institute for Strategic Studies (IISS) y el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (Cedal)- Chile y Venezuela, con 2.785 y 2.200 millones de dólares (1.832 y 1.447 millones de euros) respectivamente. Cifras que se han ido incrementando hacia 2007 y que han llevado, como es el caso de Chile, a comprar sistemas de armas que hasta ahora no existían en la región. «Las Fuerzas Armadas latinoamericanas disponen hoy de un armamento que no se corresponde con las teóricas relaciones políticas que existen entre los Gobiernos», advierte Rut Diamint, profesora especialista en Desarme y Defensa de la Universidad Di Tella, en Buenos Aires.
¿Qué factores coadyuvan a esta situación? En primer lugar, hay que referirse a un factor de política externa, que se expresa en la ya famosa polarización que viene experimentando la región, con países claramente aliados a los intereses de Estados Unidos (Chile, Colombia y Perú, en este orden), mientras que otros están en una situación intermedia (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) y un tercer grupo que evidencia una abierta oposición a los intereses del poderoso país norteño (Venezuela, Ecuador y Bolivia). En este contexto que incluye una clara implicación estadounidense en los asuntos regionales, los conflictos se intensifican entre unos y otros y las acusaciones mutuas van y vienen- los últimos acusan a los primeros de ser “cachorros del imperio” y de servir a los intereses de las grandes transnacionales, mientras que los segundos asumen el discurso de que sus adversarios “representan ideologías trasnochadas y que son aliados de grupos terroristas como las FARC”.
En segundo lugar, existe un factor de política interna. Es una práctica común en la región que cuando las cosas no van bien dentro de la gestión gubernamental de algún país, se recurre a la amenaza de un conflicto armado para cohesionar a la población y afianzarse en el gobierno, aplacar a la oposición y obtener réditos coyunturales. Este puede ser el caso de Chávez, tras su derrota en el último referéndum, pretendiendo ahora levantar su imagen ocupándose de asuntos internacionales. Por su parte, el presidente peruano, Alan García, se animó a presentar la demanda ante el Tribunal de la Haya respecto al diferendo marítimo con Chile en un momento en el que su índice de aceptación descendía de manera significativa.
El tercer factor es el tema del narcotráfico, aunque éste es un problema que atañe principalmente a los países productores de hoja de coca, no es un asunto menor, pues implica una justificación a intervenciones directas de una potencia en otro país, como se configura en el Plan Colombia. Una dinámica que genera conflictos con Estados vecinos, como queda claro en el caso de Ecuador y en la propia Colombia por las fumigaciones a los campos de cultivo de hoja de coca que afectan a las poblaciones ecuatorianas aledañas a la frontera con este vecino.
Como vemos, en definitiva, una situación en la que pueblos que tienen muchos más elementos en común que diferencias empiezan a dejarse llevar por esta dinámica belicista, mientras se enconan sus discursos gubernamentales, se dotan de armamentos cada vez más sofisticados a sus ejércitos (con el poco dinero que empiezan a obtener producto de sus reactivaciones económicas) y se desvía el rumbo hacia la integración regional en una comunidad de naciones que los haga, a todos, más fuertes y con mayores posibilidades de desarrollo. Si las fracturas y las divisiones siguen creciendo a este ritmo se corre el riesgo de volver a dejar escapar una oportunidad histórica. Ojalá que pronto vuelva la cordura.
