Se intensifica la “guerra de los narcos” en México

Los agentes de la Policía Federal Preventiva mexicana acuden a una casa de Culiacán, capital del estado de Sinaloa, en el noreste del país, dentro de una operación para la busca de armas y drogas. Al llegar al lugar son recibidos con disparos y granadas. Después de un largo enfrentamiento, 7 agentes de la policía resultan muertos y 4 heridos. Al entrar en la casa encontraron 7 rifles AK-47. Este tipo de incidentes se ha convertido en el pan nuestro de cada día para los ciudadanos mexicanos. Cerca de 1.400 personas han muerto en lo que va de año por la denominada “guerra de los narcos”, en la que los cárteles de las drogas se enfrentan entre sí, y con las fuerzas gubernamentales. De ellos, 450 han sido agentes de policía y funcionarios estatales. En 2007, el número de muertos en esta “guerra” ascendió a 2.500.

Mayo ha sido un mes especialmente sangriento para las autoridades mexicanas, ya que a lo largo de todo el mes fueron asesinados 6 altos oficiales de las fuerzas de seguridad, entre los que se incluye el director de la policía de la norteña Ciudad Juárez y el director interino de la Policía Federal de México. Además, varios altos oficiales de la policía han cruzado la frontera con los Estados Unidos para pedir asilo, después de haber recibido amenazas de muerte y sentirse abandonados por las autoridades mexicanas.

Ante esta situación, el presidente del país, Felipe Calderón, se propuso a principios de 2007 retomar el control de las calles destinando a unos 30.000 efectivos (entre soldados y policías) a los estados más violentos. El último despliegue se produjo a principios de mayo de este año, y en él fueron enviados 2.900 efectivos adicionales a Sinaloa para tratar de frenar la ola de violencia que sacude este Estado, uno de los más peligrosos de país. Sin embargo, esta política no parece estar dando resultados, ya que las cifras muestran que en lo que va de 2008 el número de muertos se ha incrementado en un 50% respecto al mismo periodo del año anterior. A pesar de ello, también hay que decir que ha habido algunos resultados positivos (como la incautación de 23 toneladas de cocaína y de 205 millones de dólares en efectivo durante el año pasado).

Según Calderón, el auge de la violencia es una muestra de que los operativos militares están siendo fructíferos, pero muchos analistas señalan que lo que está sucediendo es que los cárteles se han envalentonado y se están enfrentando directamente al propio Estado para poder continuar con el lucrativo mercado de drogas hacia los Estados Unidos (el cual algunas fuentes valoran en unos 20.000 millones de dólares anuales). Recientemente el mandatario lanzó un enfático “Ya basta” dirigido a convocar a la población para que colabore con las autoridades, pero muchos lo consideran solo como un acto de desesperación ante la pasividad social frente a la violencia. “¿Cómo va a denunciar la gente si no hay ni siquiera seguridad para los policías que persiguen el narcotráfico?”, señala la presidenta de México Unido contra la Delincuencia, Maria Elena Morera. Otra causa de esa pasividad está en que muchos jueces corruptos o acobardados suelen liberar a los narcos detenidos o ponen trabas para su extradición, como acaba de ocurrir en el caso de uno de los hermanos Arellano Félix (los líderes del cártel de Tijuana). Esta situación está llevando a una pérdida de la confianza de los ciudadanos en su presidente, y ello se refleja en el hecho de que el pasado mes de abril solo inspiraba “mucha confianza” al 6% de ellos, cuando en marzo ese porcentaje era del 35%.

Además de la ofensiva antigubernamental, una parte importante de la violencia es debida a  la propia guerra interna entre los capos de los cárteles; especialmente entre Joaquín “El Chapo” Guzmán, fugado en 2001 de un penal de máxima seguridad, y sus ex socios, los hermanos Beltrán Leyva (todos ellos dirigentes del cártel de Sinaloa ó del Pacífico). El origen del conflicto está en el control de los Estados que otros capos han dejado libres al ser capturados o morir, como en el caso de Osiel Cárdenas Guillén, jefe del cártel del Golfo, que fue detenido en 2003 y extraditado a Estados Unidos en 2007. Los Beltrán Leyva se habrían aliado con “Los Zetas”, un grupo de ex militares que actuó como fuerza de choque del cártel del Golfo y, como consecuencia, “El Chapo” habría filtrado a la policía datos para la captura de Alfredo Beltrán Leyva “El Mochomo”, el cabecilla del grupo. La venganza de los Leyva se manifestaría en el asesinato de un hijo de “El Chapo” a principios de mayo en un ataque con lanzagranadas. Mientras tanto, los otros dos cárteles importantes pero venidos a menos en los últimos años, el de Tijuana, de los hermanos Arellano Félix, y el Ciudad Juárez, comandado por los hermanos Carrillo Fuentes, permanecen atentos al resultado de esta guerra para ver si pueden obtener beneficios de ella.

En los últimos 3 años, la estrategia mediática de los narcotraficantes se parece cada vez más a la de grupos terroristas como Al Qaeda, pues difunden por Internet y televisión imágenes de ajusticiamientos y decapitaciones, junto con mensajes dirigidos a amedrentar a sus rivales, al Gobierno y a la sociedad en general. El primer caso de este tipo tuvo lugar en Acapulco, estado de Guerrero, cuando el 1 de diciembre de 2005 se mostraron las cabezas de 4 policías vinculados con “Los Zetas”. Recientemente también han aparecido carteles colgados de puentes de Ciudad Juárez y Chihuahua con los nombres de policías a los que el grupo Gente Nueva (disidentes del cártel del Golfo que ahora trabajan para el de Sinaloa) quieren asesinar.

Una idea del poder de estos grupos la puede dar el hecho de que más de la mitad de los policías cuyos nombres aparecieron en esos carteles, han resultado muertos en menos de tres meses. Otro punto importante es que también han aparecido anuncios donde se busca reclutar soldados para los cárteles, en los que se ofrece un sueldo muy superior al que reciben como miembros del Ejército. Incluso en la vecina Guatemala han aparecido estos anuncios buscando que miembros de los “kaibiles”, las muy eficientes fuerzas especiales guatemaltecas, se unan a ellos.

Desde hace algunos años se sabe que numerosos “kaibiles” han abandonado Guatemala para unirse a los narcos mexicanos y también los policías reciben mensajes similares a través de sus radios mientras trabajan: “Súmense a nosotros o morirán”, rezan algunos de ellos. Como consecuencia, la policía del norte de México se está desestabilizando con deserciones masivas de sus filas y la imposibilidad de encontrar alguien que quiera ser jefe de policía de las ciudades fronterizas. Sin ir más lejos, en Ciudad Juárez han tenido que recurrir a un militar para hacerle jefe de la policía, aunque su nombre permanece en secreto para evitar que termine muerto como los anteriores.

Dentro de esta estrategia de terror se enmarcan también, por un lado, la muerte de 8 cantantes populares en 2007 (alguno de ellos asesinados en el hospital después de quedar sólamente heridos y otros a la salida de conciertos multitudinarios), y, por otro, las denominadas acciones “de alto impacto”, en las que se utiliza abundante armamento (incluyendo lanzagranadas y ametralladoras antiaéreas instaladas en helicópteros y vehículos todoterreno) y en las que se producen numerosas bajas. En uno de los últimos sucesos propiciados por este tipo de acciones, 8 sicarios murieron en un enfrentamiento entre bandas rivales en una hacienda de Durango.

El origen del armamento utilizado para las acciones “de alto impacto” está en las más de 10 armerías que existen en la zona fronteriza de Estados Unidos con México y en los mercados públicos de armas que existen en Texas y Arizona. Debemos recordar que en Estados Unidos la venta de armamento de todo tipo es legal y que está protegida constitucionalmente basándose en el derecho a la autodefensa de los ciudadanos. Así, y debido a estas “facilidades” se produce un incesante intercambio de drogas por armas que se extiende a lo largo de la frontera común de ambos países.

Felipe Calderón ha denunciado repetidamente ante las autoridades norteamericanas que el responsable de todo esto es Estados Unidos por ser el mayor consumidor mundial de drogas y ser el origen de las sofisticadas armas que utilizan los narcos. El Senado de Estados Unidos acaba de responder a estas denuncias con la Iniciativa Mérida, que prevé dar apoyo técnico a México y los países de Centroamérica para el combate del narcotráfico por un valor de 350 millones de dólares anuales durante 3 años (rebajando la cifra propuesta por George Bush de 500 millones). Este dinero se invertirá fundamentalmente en helicópteros y aviones de vigilancia.

En México, el oficialista Partido de Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional (que dirigió el país durante 70 años) son favorables a la Iniciativa, por lo que no es probable que ésta se encuentre con demasiados problemas para salir adelante dentro de la Asamblea Nacional (a pesar de la oposición del izquierdista Partido de la Revolución Democrática y de una parte del mundo intelectual y académico que cuestionan, como violadoras de la soberanía nacional, las condiciones impuestas sobre respeto de los derechos humanos y «no corrupción» por parte de las fuerzas policiales y militares beneficiadas por la Iniciativa).

Lo que parece claro es que después del giro general de Latinoamérica hacia posiciones no precisamente favorables a la política estadounidense en la región (incluyendo los últimos casos de Paraguay después de la elección del ex obispo Fernando Lugo como presidente, del reciente giro de los Gobiernos -hasta hace poco neoliberales- de Honduras y República Dominicana hacia posturas “proChávez” a cambio de poder participar de los beneficios de la Iniciativa Petrocaribe y la probable victoria del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en la próximas elecciones legislativas y presidenciales en El Salvador), Estados Unidos necesita mantener lazos fuertes con los dos únicos gobiernos que le permanecen totalmente fieles, el de Colombia  y el de México. Ahí se enmarcan el Plan Colombia y la Iniciativa Mérida que militarizan la lucha antidroga en ambos países. Sin embargo, la Iniciativa Mérida no hará más que propiciar un alejamiento todavía mayor de las opiniones públicas latinoamericanas de la política de Washington y reforzará la acción de los gobiernos en la dirección de aumentar su colaboración en todos los campos, incluido el militar, como se ha demostrado con la Iniciativa brasileña y venezolana del Consejo Sudamericano de Defensa dentro de la Unión de Naciones Sudamericanas. Simultáneamente, Estados Unidos responderá con una actitud cada vez más hostil hacia los países latinoamericanos (como se está poniendo en evidencia con el anuncio de la reactivación, por primera vez desde su repliegue tras la Segunda Guerra Mundial en 1950, de la Cuarta Flota, destinada a patrullar el Caribe y el Atlántico Sur).