Bolivia: ¿Erradicar coca o cocaleros?
(Para Radio Nederland)
La crisis que sufre actualmente Bolivia es el resultado de una política represiva encaminada a la erradicación total de la coca, sin que se planteen alternativas económicas viables. El detonante del conflicto fue la aprobación y ejecución del Decreto Supremo 26.415, recurrido por inconstitucionalidad por la Defensoría del Pueblo, que prohibe la comercialización de la coca procedente del Chapare, actividad hasta ese momento legal.
En los dos últimos años, el gobierno de Bolivia se ha empeñado en forzar, presionado por EEUU, el ritmo de la política orientada a la “coca cero”, en el marco del Plan Dignidad. Según cifras del gobierno boliviano, ya se han erradicado el 90 por ciento de los cultivos de coca del país. Sin embargo, esta reducción acelerada de los cultivos sólo ha sido posible a costa del empobrecimiento y criminalización de los productores de coca, con intervenciones masivas de tipo policial y militar en el Chapare, con violaciones diarias de los derechos humanos (58 campesinos y 8 uniformados muertos en los dos últimos años), con la destrucción de unas mínimas bases de negociación con las asociaciones de campesinos, y sin que las compensaciones por erradicación voluntaria se hayan hecho efectivas.
Todo ello, unido al fracaso de los programas de desarrollo alternativo, ha generado una polarización del conflicto cuyo último episodio es la expulsión del líder cocalero, Evo Morales, de la Cámara de Diputados, a pesar de ser el diputado elegido por mayor número de votos: el 61,8% de su circunscripción. Esta expulsión ha sido calificada como una muestra evidente de la existencia de una doble vara de medida, debido al contraste entre el rigor y agilidad con que se actuó y la lentitud con que el Parlamento trata los casos de otros diputados que han cometido graves delitos.
Una de las grandes preguntas que cabe todavía plantearse es por qué, a pesar de quedar tan poca coca en Bolivia, el gobierno insiste, hasta llegar a los extremos de represión de los últimos meses, en la erradicación de las hectáreas restantes. Aquí entra en escena la ambición política del presidente Quiroga, interesado en que el 6 de agosto de 2002, fecha de las próximas elecciones, se haya alcanzado la meta “coca cero” y se pueda anunciar que Bolivia ya no forma parte del circuito coca-cocaína.
Un obstáculo para este objetivo lo constituye el movimiento cocalero. El debilitamiento de este movimiento, incomodo para los intereses del grupo político en el poder, se ha revelado como la agenda oculta del gobierno. De ahí que haya excluido a sus federaciones y sindicatos de los programas de desarrollo alternativo, para los cuales se han creado asociaciones paralelas de productores que no tienen ninguna base real en el Chapare.
Como analiza la revista Pulso (26/01/02), “el Plan Dignidad no pasará a la historia por haber sacado a Bolivia del circuito de la coca-cocaína, o por haber arrinconado al narcotráfico (…), se recordará, sin embargo, por haber sido el intento estatal más enconado de quebrar la resistencia interna, la base social que defiende la producción de hoja de coca (…). A diferencia de los otros países productores de coca —Colombia y Perú—, en Bolivia, la resistencia a las políticas antinarcóticos ha sido sindical, no armada”.
La salida a la crisis en Bolivia pasa por una postura más autónoma y firme frente a las continuas imposiciones del gobierno estadounidense. Mientras el trópico esté militarizado habrá muy pocas posibilidades de avanzar en la resolución del conflicto. Desarrollo y ocupación militar son dos realidades que no se concilian bien. La represión a formas legítimas de protesta puede llevar a un mayor respaldo a las formas no legítimas.
El objetivo “coca cero”, impulsado tanto por el presidente Quiroga como por la embajada estadounidense en La Paz, oculta un drama humanitario de imprevisibles consecuencias, que se podría paliar adoptando, entre otras, medidas como las siguientes:
Descriminalización del campesino productor de coca.
Mayor autonomía respecto a la política antinarcótica estadounidense en el tratamiento de la producción de coca.
Desmilitarización de las regiones cocaleras.
Reestructuración de programas de desarrollo alternativo, creación de mercados para sus productos y de salidas a los centros consumidores.
Participación de las organizaciones campesinas en el desarrollo alternativo.
Separación de la erradicación forzosa del desarrollo alternativo.
