Perú: éxitos y retos de la política de drogas
(Para Radio Nederland)
El éxito de la política de drogas peruana se ha esfumado. Los cultivos de coca han aumentado, han aparecido cultivos de adormidera y se han consolidado organizaciones narcotraficantes con rutas internacionales propias. El actual gobierno está reformulando su política de drogas. La falta de financiación, la presión estadounidense para priorizar medidas represivas y la herencia “fujimorista” son los retos a los que se enfrenta.
Entre 1995 y 2000 Perú redujo sus campos de coca, de 115.340 hectáreas a 34.200. El gobierno de Fujimori lo presentó como prueba del éxito de su política de drogas. Sin embargo, el verdadero motivo del “éxito” fue la dinámica regional que influyó en el mercado: la caída de los carteles colombianos y el aumento de la producción cocalera en ese país derrumbaron los precios de la coca peruana.
Hoy día, el desplazamiento de cultivos generado por las fumigaciones y el agravamiento del conflicto en Colombia, así como la acelerada erradicación en Bolivia, están propiciando el crecimiento de cultivos en Perú. El precio de la hoja de coca ha pasado de 40 centavos de dólar el kilo, en 1995, a 3,50 dólares, en la actualidad. Por su parte, los precios de otros productos cultivados en zonas cocaleras (plátano y café) se han desplomado. Según cifras oficiales, hay ahora mismo unas 60.000 hectáreas sembradas con tendencia al aumento, además de un inicio de adormidera para opio (1.200 Ha.).
Los resultados de la lucha contranel crimen organizado, que el gobierno de Fujimori exhibía también como un éxito, han resultado un fracaso. La caída de Vladimiro Montesinos destapó el alto nivel de corrupción de amplios sectores al servicio del narcotráfico. La consolidación de los actuales grupos peruanos, de procesamiento y tráfico de drogas con rutas internacionales propias, tiene sus raíces en esos años.
El actual gobierno peruano está impulsando medidas para desarrollar una estrategia común sobre drogas en el ámbito nacional e impulsar la coordinación de programas de interdicción a nivel regional.
Los intentos de centralizar los esfuerzos antinarcóticos forman parte de la estrategia nacional. Sin embargo, se desarrollan alrededor de la Comisión de Lucha contra el Consumo de Drogas (Contradrogas), una institución que, para el experto en políticas de drogas, Roger Rumrrill, es «el armatoste corrupto e incapaz que creó Vladimiro Montesinos para construir una virtualidad de éxitos en 1996, […] sobre ese cadáver intentan construir una política de Estado».
Otra prioridad del nuevo gobierno es la sustitución de cultivos de coca y amapola mediante programas de desarrollo alternativo. Los dos principales retos en este sentido son la necesaria reformulación de los programas, fuertemente criticados, y su financiación. Según el “zar antidrogas”, Ricardo Vega Llona, Perú necesitaría unos 1.200 millones de dólares para hacer frente al fenómeno de las drogas.
Tras su reciente visita, George Bush se ha comprometido a aportar al país andino casi 156 millones de dólares. De ellos, 77,5 millones estarían destinados a programas de desarrollo alternativo y 75 millones a operativos de aplicación de la ley, interdicción y erradicación de cultivos. Pero es muy probable que EEUU condicione las aportaciones para desarrollo alternativo al cumplimiento de metas de reducción de cultivos.
Para ser efectivo, el desarrollo alternativo debe entenderse como un proceso gradual, lento y complejo, que requiere no sólo grandes inversiones sino tiempo, paciencia y la concertación con las comunidades campesinas. Dicho proceso es incompatible con estrategias de erradicación forzada. Y no sólo por razones económicas. Según Rumrrill, la erradicación violenta de cultivos de hoja de coca en la selva peruana supondría el definitivo retorno a la actividad guerrillera de grupos como Sendero Luminoso.
El gobierno ha expresado que no es partidario de la erradicación forzada, pero sigue desarrollando programas de ese tipo, heredados de la antigua administración fujimorista, con la fuerte oposición de los campesinos.
Tras una revisión de las políticas de desarrollo alternativo, sin la presión de EEUU para el cumplimiento de objetivos de erradicación, contando con fondos suficientes y con el control necesario sobre los programas realizados, los esfuerzos del gobierno peruano resultarían más eficaces.
Sin embargo, es utópico pensar en una eliminación completa de los cultivos ilícitos; éstos continuarán mientras exista demanda. Es preciso explorar enfoques alternativos a los actuales. Las políticas de reducción de daños que se aplican para el consumo de drogas podrían servir de pauta para políticas más eficaces en el lado de la oferta.
Un primer paso en esta dirección sería abandonar la obsesión por el recuento de hectáreas y, en su lugar, priorizar el objetivo de reducir el daño asociado a la existencia de cultivos ilícitos, no penalizar a los campesinos cocaleros y medir el éxito de las políticas en términos de mejora de sus condiciones de vida.
Más información sobre el tema: “Perú: ¿Del éxito virtual a políticas realistas?”; Informe sobre Políticas de drogas, TNI, abril, 2002, http://www.tni.org/drogas/informe/informe3.pdfdf
