Nigeria, fiasgo electoral político
Las últimas elecciones en Nigeria (para designar los cargos de gobernadores y miembros de las cámaras de los 36 Estados del país y para el parlamento nacional y la presidencia) han sido consideradas como las más fraudulentas de las celebradas hasta la fecha. Con una participación estimada en un 20-25%, se han caracterizado por la instrumentalización gubernamental de la Comisión Nacional Electoral Independiente (CNEI) y de las fuerzas de seguridad, la ausencia de votación en numerosos Estados e irregularidades masivas de todo orden.
Los observadores nacionales e internacionales han sido unánimes a la hora de señalar la farsa electoral. Muchos de ellos, como el Transitory Monitoring Group (compuesto por 70 organizaciones nigerianas y con experiencia acreditada por su trabajo en las anteriores elecciones de 1999 y 2003), han pedido la anulación de los comicios. Por su parte, el Parlamento Europeo ha solicitado la suspensión de la ayuda de la Unión Europea (UE) a Nigeria hasta que se celebren válidamente nuevas elecciones.
Todo lo anterior no ha sido óbice para que el pasado 29 de mayo el nuevo presidente, Umaru Yar´Adua, y su predecesor, Olosegun Obasanjo, protagonizaran un hito político: el primer relevo presidencial entre civiles salidos de las urnas. El primero accede al cargo sin ningún tipo de legitimidad democrática para enfrentar los grandes retos del país, mientras que el segundo deja en el poder a un hombre bajo sus órdenes (no en vano Obasanjo intentó por todos los medios presentarse a un tercer mandato) y un balance controvertido pero claramente negativo en su conjunto. Prueba de ello es que desde 1999 (año del arranque oficial de la democracia nigeriana) la violencia se ha intensificado en todo el país.
La oportunidad desperdiciada de progreso democrático, combinada con las características del Estado nigeriano- su condición de líder regional, con 140 millones de habitantes y más de 250 grupos étnicos, y su posición como primer exportador africano de petróleo, auténtica aorta que representa el 40% del PIB y el 70% de los ingresos federales-, ponen de relieve una serie de consideraciones de cuya evolución dependerá el futuro de Nigeria, con las consiguientes implicaciones regionales.
– Ningún modelo político será capaz de contrarrestar las múltiples tensiones sociales y la progresiva desintegración nacional si no se establecen como prioridades el saneamiento de las instituciones (entre ellas, la CNEI), la eliminación de las manipulaciones étnicas y religiosas ( desde 1999 los enfrentamientos entre comunidades han provocado unos 3 millones de desplazados internos y 14.000 muertos) y la lucha contra la corrupción en todos los niveles de la Administración (incluido el local, completamente desatendido; evitando que ésta se convierta en una herramienta selectiva para desbancar a adversarios políticos, como ha hecho Obasanjo). Todo ello teniendo en cuenta la complejidad de intervenir en un tejido socio-político conformado por arraigadas redes de patronazgo. Como ejemplo cabe citar el respaldo popular que vienen recibiendo diversos gobernadores procesados por malversación.
– Cuestión también esencial es la del establecimiento de disposiciones normativas equitativas sobre el reparto de las riquezas petrolíferas entre los diferentes Estados federados (con especial atención al Delta del Níger), la propiedad de la tierra y los derechos de ciudadanía. El hecho de que sea la condición de “indígena” de un Estado (basada en la prueba de que se desciende de abuelos nativos del mismo) la que determine la atribución de cargos, servicios y prebendas, ha provocado enfrentamientos entre comunidades con miles de víctimas (como viene sucediendo, por ejemplo, desde 2001, en el Estado de Pla teau).
– La puesta en marcha de las citadas reformas resulta también imprescindible para acometer con mínimas garantías cualquier cita electoral que se pretenda democrática. El esfuerzo en este ámbito, tanto de medios personales como económicos, de EE. UU. (15 millones de euros) y de la UE (6 millones de euros) queda completamente diluido ante unas elecciones de siniestro resultado en las que las propias autoridades nigerianas han despilfarrado grandes sumas de dinero como consecuencia de su propia negligencia (entre otras, la impresión de millones de papeletas de voto no utilizadas), y en las que la violencia, que ya viene siendo tradicional en torno a los comicios, se ha cobrado más de 200 vidas.
– Lo anterior indica, una vez más, la absoluta necesidad de priorizar aquellas políticas que enfrenten las profundas desigualdades y discriminaciones sociales. En este sentido, las medidas adoptadas por Obasanjo en materia económica (sector privado empresarial y bancario) y agrícola (aumento de la producción), aplaudidas en el exterior, con ser necesarias y meritorias, resultan por sí mismas plenamente insuficientes para activar la progresiva consolidación de un marco nacional de estabilidad y progreso.
– Todo lo dicho contrasta también con el papel que pretende desempeñar Nigeria como constructor de paz en el ámbito regional y como potencia a tener en cuenta a nivel internacional.
Por otro lado, cuando en este último escenario coinciden actores como el presidente Yar´Adua (invitado por la presidencia alemana en un nefasto ejercicio de “realpolitk”) y los representantes del G-8 (abanderados de una política neoliberal de impacto muy negativo en la región subsahariana y deudores de sus propias promesas incumplidas), la fotografía resultante no contribuye en nada a mejorar las expectativas de que se aborden adecuadamente los auténticos problemas.
– Una de las primeras tareas del nuevo presidente se ubica precisamente en el Delta del Níger, la octava región más productiva de petróleo en el mundo. Las condiciones de vida de la población (un 90% de los habitantes viven con menos de un dólar diario y en un entorno contaminado por la explotación del crudo) son probablemente el exponente más brutal que existe hoy sobre los estragos de una gestión corrupta del petróleo. Es un territorio cuyo diseño de las infraestructuras es un calco del que trazaron en la región subsahariana las potencias coloniales (las únicas carreteras existentes son las que conducen desde las refinerías y los centros de residencia de los extranjeros a los puertos desde los que se exporta el crudo). A sus 20 millones de habitantes no les llega ningún fruto ni de los 2,6 millones de barriles diarios que se producen oficialmente, ni de los 1,6 millones que no pasan por los conductos oficiales.
Dos de los grupos violentos más activos, la Fuerza de Voluntarios del Pueblo del Delta del Níger y el Movimiento para la Emancipación del Delta del Níger, fueron creados, respectivamente, en 2004 y 2006; en respuesta a la discriminación histórica de la región y en lucha abierta contra el gobierno federal y las multinacionales petroleras. La violencia se ha incrementado con posterioridad a las elecciones, tanto contra trabajadores extranjeros como contra cargos electos.
– Es precisamente en el Delta del Níger donde se concentra una parte importante de la apuesta energética de varios países de la UE (entre otros, Francia y España; de dicha región procede nada menos que el 25% del gas y petróleo que importa nuestro país) y de EE. UU. (de donde proviene un 11% de sus importaciones de petróleo; siendo a su vez Nigeria un aliado regional clave en la lucha contra el terrorismo internacional).
A la luz de todo lo anterior también se plantearán de forma cada vez más acuciante dos cuestiones básicas, relacionadas, por un lado, con la forma en que dichos intereses económicos y estratégicos están condicionando las relaciones bilaterales con el régimen nigeriano (y la incompatibilidad de los mismos con los derechos humanos y la democracia) y, por otro, con la búsqueda de una seguridad energética viable a medio plazo. El hecho de que los observadores electorales de la UE ni se acercaran al Delta del Níger por motivos, precisamente, de seguridad, es suficientemente explícito.
