Movilidad humana y crisis climática: la localización como eslabón ausente del financiamiento climático
Hoy, la movilidad humana ya no puede explicarse únicamente a partir de factores políticos y de seguridad, sino también a partir de las dinámicas climáticas que reconfiguran los territorios. Aunque el conflicto armado sigue siendo un motor central de las crisis —con más de 120 millones de personas desplazadas según el ACNUR, el panorama actual está cambiando. En 2024, los desastres provocaron una cifra récord de 45,8 millones de nuevos desplazamientos internos, y el 99,5 % de estos movimientos estuvo asociado a fenómenos meteorológicos extremos intensificados por el cambio climático.
Estas cifras obligan a ir más allá del dato estadístico y a interrogar las dinámicas que están detrás de estos desplazamientos. Lejos de responder a una única causa, el desplazamiento contemporáneo es un fenómeno multicausal en el que factores ambientales, conflictos y desigualdades estructurales se entrelazan. En el centro de esta realidad hay millones de personas que ven deteriorarse —o desaparecer— las condiciones que hacían posible su vida en un territorio y que se ven obligadas a desplazarse en contextos de alta vulnerabilidad y con escasas alternativas.
El desplazamiento vinculado al clima no es una anomalía puntual ni un fenómeno marginal. Se está consolidando como una dimensión estructural y creciente de la movilidad forzada contemporánea. Sequías prolongadas, desertificación, pérdida de productividad agrícola, aumento del nivel del mar o eventos extremos no operan en el vacío, sino que interactúan con economías precarias, disputas territoriales, degradación ambiental acumulada y ausencia de servicios públicos. Es en esa intersección entre factores ambientales, dinámicas de conflicto y desigualdades estructurales donde se sitúa el núcleo del desafío actual.
Esta complejidad no es nueva, pero su reconocimiento ha sido un proceso de maduración lenta. Ya en 2008, Walter Kälin, el Representante del secretario general de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de las personas desplazadas internas, advertía que el cambio climático no generaría una única vía de expulsión, sino un abanico de crisis: desde el impacto súbito de desastres hidrometeorológicos hasta el silencioso agotamiento de los recursos y la degradación ambiental gradual. Este planteamiento anticipaba una premisa que hoy es consenso en el derecho internacional: el desplazamiento vinculado al clima no responde a una causa única, sino a la interacción de múltiples factores que operan de forma simultánea.
En la última década, este entendimiento ha permeado las agendas del sistema internacional. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha pasado a entender la movilidad no solo como un riesgo, sino como una estrategia de adaptación; la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha integrado el cambio climático como un determinante estructural de riesgos sanitarios, mientras que, en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), la movilidad humana ha ido ganando espacio en los debates sobre pérdidas y daños. Sin embargo, este avance en el plano conceptual no ha encontrado un correlato en la práctica política.
La brecha es profunda. Como ya señalaba Kälin, los marcos normativos actuales —incluidos los Principios Rectores sobre el Desplazamiento Interno— logran encuadrar los desastres súbitos, pero fallan ante la degradación ambiental lenta, donde la frontera entre el movimiento voluntario y el forzado se difumina. A esta debilidad normativa se suma la ausencia de un régimen de protección para quienes cruzan fronteras internacionales, reforzando una respuesta fragmentada ante un fenómeno que, por definición, desborda las categorías tradicionales del derecho internacional.
Esta desconexión alcanza su punto crítico en el ámbito financiero. Resulta paradójico que, mientras el mundo registra récords de desplazamientos por desastres (45,8 millones en 2024), la respuesta siga anclada en presupuestos humanitarios de ciclo corto y recursos limitados por la crisis del multilateralismo. Mientras tanto, los grandes fondos climáticos —aquellos que tienen el capital para intervenir en las causas estructurales del problema— siguen manteniendo la movilidad humana vinculada a la crisis climática como una nota al margen de su agenda programática.
El resultado es un desalineamiento profundo entre la escala del fenómeno y la arquitectura financiera que debería sostenerlo. Esta brecha se agrava en un contexto global de restricciones presupuestarias: la OIM ha advertido recortes significativos en su financiación para 2025, en un momento en que las necesidades humanitarias vinculadas a conflictos y a desastres relacionados con dinámicas climáticas alcanzan niveles récord, y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha alertado sobre déficits presupuestarios que obligan a racionalizar asistencia en múltiples operaciones y a priorizar intervenciones críticas. Aunque ambas agencias han logrado sostener respuestas en contextos de crisis compleja, lo han hecho en un entorno financiero cada vez más restrictivo. En consecuencia, el desplazamiento vinculado al clima aumenta y el reconocimiento institucional se amplía, pero los instrumentos financieros siguen organizados bajo lógicas sectoriales separadas —humanitaria, de desarrollo y climática— que rara vez se articulan de manera coherente en el nivel territorial donde estos desplazamientos se originan y deben gestionarse.
La desconexión es evidente y estructural. Mientras el debate sobre la movilidad humana vinculada al clima ha avanzado en foros humanitarios y de gobernanza migratoria —donde la localización cuenta al menos con un reconocimiento político explícito, aunque limitado en su implementación—, la arquitectura financiera climática concentra los mayores volúmenes de recursos sin haber incorporado la localización como un principio estructurante de asignación y gobernanza de los recursos. Esta asimetría no es meramente administrativa: determina quién define prioridades, desde dónde se toman las decisiones y bajo qué reglas se distribuyen los recursos.
En la práctica, esta brecha se traduce en realidades operativas divergentes. Mientras el Grand Bargain ha intentado blindar la autonomía local mediante metas de financiación directa, en la gobernanza climática multilateral la localización sigue siendo una tarea pendiente. La estructura del Fondo Verde para el Clima (GCF) es el mejor ejemplo de este embudo: entre el 70 % y el 80 % de los fondos son canalizados por grandes entes multilaterales, frente a un escaso 12 % que llega a entidades locales de forma directa. Esta distancia entre el financiamiento y el territorio tiene un costo político: las comunidades terminan ejecutando presupuestos que no diseñaron y prioridades que no eligieron, quedando al margen de la toma de decisiones.
Ante este escenario, diversas voces del Sur Global han señalado que los criterios de acreditación del GCF —basados en exigencias elevadas de capacidad institucional y en sistemas de salvaguardas altamente formalizados— operan, en la práctica, como barreras de acceso para los actores comunitarios. En este contexto, la gestión del riesgo financiero no es solo un requisito administrativo, sino un mecanismo que condiciona quién puede acceder a los recursos y, en última instancia, qué tipos de proyectos resultan financiables.
No es de extrañar, por tanto, que la movilidad humana haya ocupado un lugar marginal en la financiación climática. Como ha documentado la Forced Migration Review, pese al consenso sobre la compleja relación entre clima y desplazamiento, el GCF ha destinado históricamente recursos muy limitados a esta cuestión. Incluso el reciente Fondo de Pérdidas y Daños enfrenta el desafío de traducir su mandato en mecanismos operativos. Aunque su creación valida la existencia de daños climáticos irreversibles, aún no se han consolidado flujos significativos hacia la reubicación planificada o estrategias de movilidad digna. Bajo esta óptica, la brecha entre los compromisos internacionales y la asignación efectiva de recursos permanece como el núcleo del problema.
Sin embargo, esta brecha no implica la ausencia de alternativas. Frente a este modelo centralizado, han surgido iniciativas que apuestan por enfoques de financiación territorializados. El Fondo de Resiliencia Climática del ACNUR —con su meta de movilizar 100 millones de dólares para la protección local—, o los programas de la FAO en Nepal y Uganda —que integran agroecología y gestión comunitaria del agua—, ilustran cómo la adaptación puede nacer desde el territorio. Asimismo, las subvenciones de la OIM para la innovación juvenil evidencian el potencial de los actores locales como agentes de cambio. Estas experiencias demuestran que la localización bajo el enfoque del triple nexo no solo es viable, sino necesaria, aunque hoy opere a una escala modesta frente a una arquitectura global que moviliza volúmenes de capital significativamente mayores.
Esta brecha de escala no es neutra: condiciona la capacidad de prevenir los desplazamientos futuros y, en última instancia, la evolución del fenómeno. En este escenario, las proyecciones del informe Groundswell refuerzan la urgencia del debate: hacia 2050, hasta 216 millones de personas podrían desplazarse internamente como resultado de dinámicas climáticas y otros factores interrelacionados. No obstante, estas mismas estimaciones indican que dicha cifra podría reducirse sustancialmente mediante políticas coordinadas de desarrollo resiliente. Esto pone de manifiesto que este fenómeno no es un resultado inevitable, sino el efecto acumulado de decisiones políticas, económicas y de planificación. En última instancia, la cuestión central no es si el desplazamiento ocurrirá, sino si la arquitectura financiera global será capaz de priorizar la prevención estructural en los territorios donde estos procesos se gestan y podrían evitarse.
Pero financiar prevención implica orientar recursos hacia resiliencia estructural en el territorio, no solo hacia la respuesta posterior al desastre. En el ámbito rural, esto supone invertir en resiliencia agroecológica —semillas adaptadas a sequía, diversificación productiva, agroforestería y restauración de suelos— como barrera directa frente al desplazamiento. La evidencia muestra que los sistemas agroecológicos diversificados resisten mejor los eventos extremos, estabilizan los ingresos y reducen la probabilidad de abandono forzado del territorio de Agua, Saneamiento e Higiene (WASH) con enfoque de género constituye una intervención crítica en regiones semiáridas donde la escasez de agua es un detonante directo de movilidad. Experiencias en el Sahel, el Corredor Seco centroamericano, o el Cuerno de África muestran que la inseguridad hídrica no solo afecta la producción agrícola, sino que intensifica conflictos y vulnerabilidad demostrando mejorar la continuidad del servicio, reducir tensiones y disminuir la presión migratoria. En estos contextos, financiar el derecho al agua no es únicamente una intervención sanitaria, sino una política de estabilización territorial que reduce riesgos de conflicto y desplazamiento.
Integrar protección social adaptativa, empleo verde y restauración ecológica refuerza esta lógica preventiva al abordar la vulnerabilidad climática de forma tanto inmediata como estructural. Programas de transferencias monetarias o cash-for-work vinculados a restauración de cuencas, reforestación o manejo sostenible de suelos generan un doble dividendo: proporcionan ingresos inmediatos que evitan estrategias de afrontamiento negativas y fortalecen la resiliencia ecosistémica que reduce riesgos futuros. Evaluaciones del Banco Mundial, el PNUD y la FAO muestran que cuando la protección social se adapta a riesgos climáticos y se integra con gestión ambiental, disminuye la exposición a shocks y la necesidad de migrar como mecanismo de supervivencia. La evidencia acumulada indica que cuando adaptación, desarrollo y protección se implementan de forma integrada en un mismo territorio —articulando medios de vida, servicios básicos y gobernanza local— los efectos en reducción de vulnerabilidad son significativamente mayores que cuando cada componente se aborda de manera sectorial.
Pero financiar la prevención es insuficiente si no se transforma la arquitectura de decisión. Hasta ahora, la localización ha operado más como una transferencia de capacidades técnicas que como una redistribución efectiva del liderazgo. Aunque los programas de readiness del Fondo Verde para el Clima han fortalecido las capacidades nacionales, este avance se ha concentrado en los niveles centrales de gobierno, dejando la participación de municipios y comunidades como una excepción. El acceso directo subnacional sigue siendo un horizonte lejano, lo que mantiene a los actores locales fuera de la gobernanza real de los fondos.
Esta rigidez estructural ha obligado a los actores en mayor situación de vulnerabilidad a buscar alternativas fuera del sistema convencional. Los pequeños Estados insulares, por ejemplo, han liderado innovaciones audaces: desde el programa de ciudadanía por inversión para resiliencia climática de Nauru hasta los canjes de deuda impulsados por Barbados o la Falepili Union entre Tuvalu y Australia. Sin embargo, estas iniciativas —por valiosas que sean— son respuestas de excepción que dependen de condiciones geopolíticas específicas. No alteran la estructura central del sistema ni corrigen la concentración del poder decisorio en intermediarios internacionales.
En última instancia, el criterio decisivo de la localización no reside en cuántas organizaciones locales ejecutan proyectos, sino en quién define las prioridades y controla los recursos. Mientras no se simplifique el acceso para los municipios y se reconozcan los planes territoriales como marcos legítimos de inversión, la localización seguirá siendo una herramienta instrumental. Sin una reforma profunda de los criterios de elegibilidad y gobernanza del GCF, el protagonismo local seguirá subordinado a una arquitectura financiera que aún se resiste a redistribuir el poder de decisión. Este límite no es técnico: define el alcance real de cualquier estrategia orientada a prevenir el desplazamiento vinculado al clima en el largo plazo.
En este sentido, la movilidad humana vinculada al clima se erige hoy como la prueba de fuego para el sistema internacional. El hecho de que este sea capaz de movilizar cientos de miles de millones de dólares, pero no de reorganizar sus reglas de juego para que el territorio sea un espacio de decisión y no solo de ejecución, revela que la brecha no es técnica, sino profundamente política. En este momento de reconfiguración de la arquitectura financiera global, no basta con examinar los volúmenes de recursos, es necesario cuestionar las lógicas e incentivos que estructuran el modelo vigente y reproducen sus asimetrías de poder.
Reorientar esta transición exige un cambio de paradigma: no se trata solo de cuánto se financia, sino de quién decide. La localización debe dejar de ser un complemento operativo para convertirse en un criterio estructurante de la arquitectura climática. Esto implica trasladar capacidad decisoria, simplificar el acceso y, sobre todo, reconocer las estrategias territoriales como marcos legítimos de inversión. Solo así la justicia climática puede traducirse en reglas operativas. Si la justicia climática implica reconocer responsabilidades históricas y vulnerabilidades diferenciadas, redistribuir el poder hacia los territorios más expuestos no es una concesión, sino una condición de coherencia política. Sin mecanismos que garanticen el acceso directo a los recursos, corre el riesgo de permanecer como una declaración de principios que no altera las estructuras de poder existentes.
En este marco, reducir en un 80 % el desplazamiento forzado proyectado hacia 2050 no es una utopía, sino una posibilidad política. Depende de la capacidad de transformar el sistema de financiamiento que condiciona estos procesos. Este momento de reconfiguración global constituye un punto de inflexión que abre una ventana de oportunidad: no se trata únicamente de disponer de más recursos, sino de redefinir las reglas que determinan su asignación. Al final, la cuestión no es si el sistema internacional cuenta con el capital necesario para responder, sino si está dispuesto a cambiar la lógica del poder que lo administra. El futuro de los territorios más expuestos no se decidirá solo en las metas de mitigación y adaptación, sino en quién tiene la capacidad efectiva de influir en esas decisiones. Estas dinámicas de desplazamiento no son, por tanto, un destino inevitable, sino un proceso cuya trayectoria puede ser transformada.
