Marruecos: la memoria en movimiento

En el ámbito internacional de los derechos humanos el presente da la razón a los que piensan, como advertía Faulkner, que el pasado jamás muere, ni siquiera es pasado. Los ejemplos de Chile, Argentina, Sudáfrica o Chad dan buena muestra de ello. En Marruecos, el frente reivindicativo más relevante lo constituye el movimiento que pugna por esclarecer la Verdad sobre las desapariciones forzosas y demás violaciones de derechos humanos acaecidas durante los denominados “años de plomo”, etapa que se inicia en los sesenta y que se recrudece especialmente a lo largo de la década siguiente.

Para confirmar el ejercicio de la memoria, el 27 de febrero de 2002 el órgano surgido del Simposio Nacional sobre las Violaciones Graves de los Derechos de la Persona, celebrado en Rabat en noviembre de 2001, decretó el año 2002 como el Año de Lucha, para conseguir del Estado la creación de la Comisión Nacional para el Establecimiento de la Verdad. A instancia de las dos principales asociaciones de derechos humanos del país, la Asociación Marroquí de Derechos del Hombre (AMDH) y la Organización Marroquí de Derechos del Hombre (OMDH), y del Foro Verdad y Justicia (FVJ), se han creado cuatro grupos de trabajo que desarrollarán una análisis político y jurídico, un registro de documentación y un nuevo planteamiento en materia de indemnizaciones. Todo ello como instrumentos para una resolución global de las violaciones de derechos humanos cometidas en un período que abarca cuatro décadas.

La citada Conferencia ha sido el acto unitario más importante del movimiento de derechos humanos en Marruecos desde la aprobación, en 1990, de la Carta Nacional de Derechos Humanos. En aquella ocasión, Hassan II reaccionó de inmediato mediante la creación del Consejo Consultivo de los Derechos del Hombre (CCDH), un órgano presentado como instancia resolutiva de toda la problemática en la materia pero que en realidad, acuciado en parte por la presión internacional, no era sino un freno a la progresión del movimiento asociativo.

Al igual que en la Carta Nacional, los acuerdos establecidos en la Conferencia constituyen un consenso de mínimos a partir del cual proyectar unos objetivos. Las tres asociaciones citadas, junto con el grueso de los partidos de izquierdas, y la participación inusitada de los islamistas del no legalizado Partido Justicia y Caridad, exigen no sólo que se determine la Verdad sino que, además, el Estado marroquí reconozca ampliamente su responsabilidad, libere a los presos de opinión y presente sus excusas a familiares y víctimas y las indemnice adecuadamente. Las discrepancias surgen en torno a la cuestión de la impunidad: la AMDH, y el FVJ no admiten concesiones en cuanto a la exigencia del procesamiento de los responsables, mientras que la OMDH considera que ello supondría un obstáculo insalvable para el proceso de transición democrática.

Los grandes ausentes han sido los dos partidos mayoritarios de la coalición gubernamental, la Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP) y el partido nacionalista Istiqlal, siguiendo una trayectoria histórica que consiste en no arriesgar su acervo político en cuestiones tan sensibles.

La lucha contra la impunidad

La actual reivindicación, dirigida contra los cimientos del régimen marroquí, entronca con la génesis del movimiento de derechos humanos en Marruecos, creado por militantes opositores con la finalidad inicial de conseguir la liberación de los prisioneros políticos. La Liga Marroquí de los Derechos del Hombre (LMDH) se crea por militantes del partido nacionalista Istiqlal, en 1972. A ella le sigue la AMDH fundada, en 1979, por miembros de la Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP) y de la izquierda radical. Posteriormente, y a consecuencia de una escisión de la USFP, miembros próximos a su órgano central deciden crear, en 1998, la OMDH.

Desde el año 1992, en el que por fin se rompe el silencio a través de un informe remitido por la OMDH a Naciones Unidas, rectificando a su vez uno oficial, aludiendo veladamente al presidio de Tazmamart, la evolución del movimiento de derechos humanos, germen de la sociedad civil y  uno de los escasos cambios políticos notables en el Marruecos de los años noventa, ha seguido una línea ascendente pese a las importantes interferencias de los partidos políticos, celosos de sus parcelas de poder en el espacio público.

Formalmente, una de las tareas determinantes del CCDH era demostrar el interés del poder central por cicatrizar las heridas abiertas durante los “años de plomo”. Un fenómeno, el de las desapariciones forzosas, cuya existencia había sido sistemática negada por el régimen hasta principios de los ochenta y cuyos gestos después se limitaron a las liberaciones, en 1984, de seis personas “desaparecidas” durante diez años, y, en 1991, de 321 saharauis y de los 31 “muertos-vivientes” de Tazmamart, militares, estos últimos, que participaron en los dos intentos de golpe de Estado en 1971 y 1972.

La declaración en agosto de 1999 del nuevo monarca, Mohamed VI, reconociendo de forma general la responsabilidad del Estado en la materia y ordenando la creación de una Comisión de Arbitraje, no fue sino una luz fugaz. Esta última Comisión, cuya única finalidad es fijar las indemnizaciones, sólo ha conseguido pronunciarse sobre unos cuarenta casos, de las 6.000 solicitudes recibidas por víctimas o familiares. Por su parte, el CCDH ya había considerado cerrado el asunto en 1998 al determinar el número de desaparecidos en 112, cifra mágica de un recuento pasado, que contrasta significativamente con las estimaciones recogidas en un informe emitido en 2000 por la Federación Internacional de Derechos del Hombre, para quien el número de desaparecidos podría estar entre las 600 y 3.000 personas.

Como consecuencia de la ineficacia de la CCDH y de los incumplimientos del gobierno Yussufi, a finales de 1999 se crea la asociación Foro Verdad y Justicia, que reagrupa fundamentalmente a las víctimas y a sus familiares y considera las indemnizaciones como la última fase de un proceso que debe estar presidido por la dignidad.

Lo que subyace bajo la exigencia de una Comisión para el Establecimiento de la Verdad no es sino el armazón del Estado de derecho, terreno hacia el cual el movimiento de derechos humanos, con sus irrebatibles armas de la legalidad y los tratados internacionales, y la sociedad civil en su conjunto han ido atrayendo al régimen, el cual ha reaccionado apropiándose del concepto con fines de legitimación y sacando su brazo represor parapetándose en la noción arbitraria de orden público.

Un reto para el conjunto de la sociedad marroquí

El movimiento de derechos humanos en Marruecos ha ido evolucionando hacia una mayor consolidación y madurez, si bien sigue teniendo como reto fundamental conseguir una mayor autonomía y paliar sus inevitables disensiones internas. No obstante, y pese a sus estrechos márgenes de actuación, es una referencia imprescindible para encaminar los pasos hacia un auténtico Estado de derecho.

Sería un error considerar las exigencias en materia de desapariciones forzosas como la pretensión de exiguas minorías, puesto que este movimiento se ha convertido, sobre todo en los tres últimos años, en una corriente que se extiende progresivamente entre la población, especialmente en los centros urbanos. En este sentido, las editoriales y los medios de comunicación están jugando un papel primordial: periódicos como “Le Journal”, “Demain” y “Assahifa”, testimonios de las víctimas o sus familiares en esas y otras publicaciones, libros publicados en Marruecos como el de Mdidech sobre Derb Moulay Cherif (centro de tortura), el comic sobre la tortura de Mouride, los relatos de Salah el Ouadie o el libro “Tazmamart, Celda 10”, recuerdos del infierno vivido por Ahmed Marzouki convertido ya en fenómeno de ventas en Marruecos. Sin olvidar el insigne precedente del poeta Abdellatif Lâabi. El director de la principal editorial de Casablanca comentaba hace ya un año que cada semana le llegaban decenas de manuscritos de víctimas de la represión.

Todos estos testimonios, que constituyen un magnífico patrimonio y facilitan compartir las experiencias, forman parte de una catarsis colectiva que marca todavía más el gran abismo que existe entre los que no quieren recordar y los que no pueden olvidar. 

La voluntad de no pasar página es firme y el régimen debería asumir la responsabilidad de construir el relato del horror para promover un aprendizaje de la historia y establecer un paradigma para las futuras generaciones. Por otro lado, la historia ha ido demostrando que la cuestión de los derechos humanos no puede eludirse. En palabras de Jean Louis Déotte, no sólo porque es el principal fundamento ético de la convivencia social sino porque los dolores dejan huellas que ningún artificio político puede desconocer.

Las reacciones iniciales, procesamiento de 36 miembros de la AMDH a finales de 2000, como consecuencia de una convocatoria contra la impunidad y tras la publicación de una lista con 14 responsables de los “años de plomo”, dejaron bien clara la postura de las autoridades. En diciembre de 2001, al hilo de las declaraciones del antiguo agente de los servicios secretos, Ahmed Boukhari, sobre el asesinato de líder socialista Mehdi Ben Barka, dicha asociación amplió la lista hasta 45 supuestos responsables. El asunto “Boukhari”, que ha conmocionado a la opinión pública marroquí, marca también un antes y un después y será un referente clave en el futuro. La presencia en la lista de los generales Hosni Benslimane y Hamidou Lâanigri, este último máximo responsable de la Dirección de Vigilancia del Territorio, es por sí sola significativa de la altura de los objetivos.

La mejor señal que el régimen podría dar en esta tortuosa senda de la transición democrática sería la creación en 2002 de la citada Comisión de la Verdad, con fundamentos radicalmente distintos a los del CCDH, coincidiendo además con la celebración de unas elecciones sobre las que el rey ya ha declarado que, por primera vez en la historia, serán el fiel reflejo (islamistas aparte) del auténtico mapa político de Marruecos. Francamente difícil.