Marruecos: ¿Gobierno islamista en 2007?
(Para Civilización y Diálogo)
La pregunta lleva en el aire desde que en las legislativas de septiembre de 2002 los islamistas del Partido Justicia y Desarrollo (PJD) obtuvieron 42 escaños (aceptando un “recorte” de unos 15 escaños, y tras haber decidido presentar candidatos únicamente en 57 de las 91 circunscripciones) y se situaron justo detrás de la Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP, 50 escaños) y del derechista Istiqlal (48 escaños). Ocho meses después y como consecuencia de los atentados terroristas de Casablanca, el PJD fue estigmatizado por una clase política que le acusó de ser el responsable moral de los mismos. A partir de entonces se agudiza el pragmatismo islamista en sus relaciones con el régimen tutelado por Mohamed VI quien, en su condición de “Comendador de los Creyentes”, inicia un proceso que intenta monopolizar el discurso religioso.
Desde aquel momento, el PJD ha concentrado sus esfuerzos en su papel parlamentario de único partido realmente de oposición y en su activa labor social hacia los más desprotegidos, plenamente consciente de que el tiempo juega a su favor. Su formación, repleta de líderes jóvenes, motivados y bien preparados, contrasta claramente con el gran desprestigio de los principales partidos políticos, fagocitados por un sistema de gobierno que ha generado profundas desigualdades sociales y en los que la mayoría de los marroquíes no se sienten representados. Los islamistas tampoco han dudado en rentabilizar, de cara a sus bases, un doble lenguaje que, aunque se adapta a las reglas del juego democrático, propugna sin concesiones una visión social muy conservadora. Su estructura asociativa, el Movimiento Unidad y Reforma (de la cual el PJD es su vertiente política y promonárquica y cuya ala más radical no reconoce el carácter sagrado del monarca), también les ha permitido un discurso plural y más crítico, no exento de tensiones internas, respecto a sus relaciones con el régimen y los intentos de domesticación por parte de este último.
Como era de prever, los factores referidos se traducen en una clara tendencia al voto islamista en las legislativas del próximo año. Ahora bien, en la arena política marroquí una cosa es que se sepa que los islamistas del PJD serán la fuerza más votada (al igual que se conoce que el otro movimiento islamista, Justicia y Espiritualidad, tolerado pero no legalizado, es el que viene detentando una mayor adhesión popular), y otra bien distinta es que la cuestión se haga explícita, como sorprendentemente ha ocurrido a través de una encuesta reciente, que cifra en un 47% los votos que el PJD obtendría en 2007, frente a un 17% de la USFP y un 12% el Istiqlal. Si, además, la encuesta es elaborada por el Instituto Republicano Internacional, afiliado al Partido Republicano del presidente Bush, principal valedor del régimen marroquí, la polémica está servida. No tanto por la fiabilidad de dichos porcentajes, siempre cuestionables, como por la constatación pública de un hecho político de enorme trascendencia. Los dos movimientos islamistas ya citados han sido las formaciones más consultadas durante los últimos tiempos por la embajada de EEUU en Rabat, pero ambos siguen siendo actores políticos escasamente conocidos por parte europea.
Lo que interesa evaluar hoy, a un año vista de las elecciones, no es ya si el PJD será la fuerza más votada en los próximos comicios, sino si se le permitirá gobernar.
Así como todas las miradas se dirigen ahora a Palacio (verdadero poder al frente de los asuntos del reino, a través de un equipo dirigente de su confianza y de un primer ministro “de soberanía”), y a la estrategia que diseñe el aparato de poder, el Majzén , para contrarrestar el avance islamista, también todos los indicios apuntan a que las próximos elecciones serán bastante transparentes- siguiendo la positiva y progresiva tendencia de comicios anteriores- y que el PJD podrá presentar candidatos en todos los rincones del país. Si a esto se le añade la adopción del sistema de recuento defendido por el PJD y la USFP, el proporcional por listas (a diferencia del uninominal, que tantas veces ha dado lugar en el pasado a masivas compras de votos), y un umbral mínimo del 5% de los votos a escala nacional para acceder al parlamento, es muy previsible un escenario político más sólido y menos balcanizado, en el cabe imaginar que los islamistas gobernarían probablemente en coalición con la USFP o el Istiqlal. La configuración definitiva dependerá, como de costumbre, del rediseño de las circunscripciones electorales y de la utilización que haga el Majzén de las formaciones bisagra, como la Unión de Movimientos Populares (integrada por notables con gran peso en el medio rural) para un posible gobierno de coalición.
En cuestión de coaliciones también se prevén nuevos pactos, ya que no sería el Istiqlal, con señas de identidad también islamistas, el que en principio formaría gobierno con el PJD (como ya se ha anticipado a señalar, y pese a que tras las legislativas de 2002 ambos partidos llegaron a anunciar su alianza), sino la USFP, y ello a pesar de la distancia ideológica que separa ambas fuerzas y de las fuertes controversias en cuestiones religiosas que derivaron, especialmente entre 1998 y 2002, en una relación muy conflictiva entre ellas. En este sentido, parece que la estrategia electoralista conlleva, para los socialistas, hacer borrón y cuenta de nueva del pasado, forzados por la profunda crisis que supuso, en 2002, la escisión de su facción sindical y el abandono de buena parte de sus bases más jóvenes y de sus mejores intelectuales. Estos últimos integran, junto con otras actores políticos, el partido Izquierda Socialista Unida, de escaso tirón electoral pero con mucha más credibilidad que la USFP. Una mayor sintonía entre estos dos últimos partidos debería implicar una estrategia renovada en el terreno social- del que desertó la izquierda y que está ahora mayoritariamente en manos islamistas-, en el que cuestiones como el estatuto de la mujer, los valores progresistas o el estímulo de unos jóvenes completamente desencantados (salvo los vinculados al PJD y, especialmente en el ámbito universitario, al movimiento Justicia y Espiritualidad) son determinantes para el futuro del país.
Se avecinan, por tanto, tiempos políticos de gran intensidad para Marruecos, en los que la actuación del rey Mohamed VI y de su entorno volverá a ser decisiva. El propio monarca ha contribuido directamente a poner sobre la mesa la necesidad de una auténtica separación de poderes, que ahora reivindican abiertamente tanto el PJD como la USFP, como única vía posible para enfrentar los complejos desafíos que tiene el país. También parece ser consciente de que su legitimidad, tanto política como religiosa, depende de la profundidad (y del éxito) de una serie de reformas y avances democráticos. Es muy probable que uno de estos avances sea el nombramiento de un primer ministro elegido por la formación política mayoritaria. Al menos así lo indica, como exigencia de primer orden, un artículo del diario “oficial” Le Matin , en el que, por otra parte, se desgrana un impecable programa político.
