Marruecos en construcción
(Para el periódico “La Provincia”)
La premisa de un Marruecos estable, próspero y con solvencia política cobra cada vez más importancia para Canarias. Ambos comparten un espacio con un gran potencial- conformado por intereses comunes de toda índole y una creciente cooperación e integración regional, con una vertiente empresarial canaria en alza-, cuya evolución depende en buena medida de que el reino alauí acredite su transición democrática y acometa importantes reformas. En el cincuentenario de su independencia y a menos de un año vista de unas cruciales elecciones legislativas, el gran reto de Marruecos sigue siendo la modificación de un modelo político que ha demostrado sobradamente sus carencias.
Es bien sabido que Mohamed VI, al frente tanto del Estado como de la comunidad musulmana marroquí, llegó al trono con un discurso progresista y que las expectativas de cambio que generó apenas se han cumplido. Su agenda modernizadora se ha ido adaptando a la realidad de un entramado de poder tradicional (denominado Majzén y cuyo núcleo duro lo componen precisamente el rey, en el que convergen todos los poderes, y sus consejeros) repleto de elites inmovilistas y con un sustrato represivo considerable. La excesiva rigidez de estos cimientos y sus mediocres resultados en todos los planos han impedido que determinados avances indudables- como la reforma del estatuto de la mujer (con una extraordinaria movilización de las asociaciones de mujeres), un marco más amplio de libertades fundamentales, como las de asociación y expresión, o la revisión (aunque imperfecta) de las violaciones de derechos humanos acaecidas durante el reinado de Hasan II, a través de la Instancia Equidad y Reconciliación (IER)- encuentren las condiciones adecuadas para desplegar todos sus efectos.
Un rey, por tanto, más implicado en la tarea democrática y en la lucha contra la pobreza que su antecesor (lo que no le ha impedido acrecentar sus inversiones empresariales en sectores estratégicos, con un Majzén que retoma con firmeza las riendas de la patronal marroquí, y conceder al estamento militar un mayor papel en la vida nacional) pero con una gran competencia en el plano social, político y religioso por parte de un movimiento islamista, pacífico en su inmensa mayoría. Lo cual no es óbice para que algunas células terroristas marginales sigan intentando desarrollarse y para que se sucedan noticias de su desarticulación, así como de purgas esporádicas en el ejército, en un intento por frenar en su seno la presencia de elementos islamistas.
Pese a tener dos estrategias bien diferenciadas, tanto los islamistas del Partido Justicia y Desarrollo (PJD; única fuerza parlamentaria realmente de oposición, con claras aspiraciones de poder y cuya ala más conciliadora reconoce la legitimidad religiosa del rey) como la asociación del jeque Yassin, Justicia y Espiritualidad (tolerada pero no legalizada y que cuestiona sin paliativos el sistema y dicha legitimidad) han conseguido, con su labor de atención a las necesidades básicas y su mensaje religioso, la adhesión de amplias capas de población en los núcleos urbanos. Actuando en un entorno de profundas desigualdades sociales, y en claro contraste con unos partidos políticos fagocitados por el régimen y desprestigiados, el PJD tiene todos los visos de ser, con mucha diferencia, el partido más votado en los comicios de 2007, que deberían confirmar la tendencia de unas citas electorales cada vez más transparentes.
Además de lo señalado, cabe computar en el haber del monarca- condicionado, eso sí, por la variable islamista y motivado por las exigencias tanto de la propia sociedad civil marroquí como de actores internacionales- el diseño de un contra-modelo político, cuya ejecución, llegados a este punto, resulta inaplazable. Su estructura se asienta en tres pilares que se concretan en las recomendaciones de la IER, en el Informe del Cincuentenario y en la Iniciativa Nacional de Desarrollo Humano. Mientras la primera propugna una reforma constitucional, con el fin de establecer una efectiva separación de poderes y un control de las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad por parte de jueces y parlamentarios, la segunda pone de manifiesto un “crecimiento sin desarrollo” (con un 19% de sus ya más de 30 millones de habitantes viviendo por debajo del umbral de la pobreza y con un déficit muy importantes en salud y educación). La tercera, por su parte, identifica enormes retos, como la creación de tres millones de empleos hasta 2010, tan sólo para absorber el aumento de la población en edad de trabajar y evitar que empeore la ya difícil situación actual en este campo. En este ámbito, ofrecer empleo a unos jóvenes que proyectan sus esperanzas vitales en la emigración constituye, para todo el Magreb, el objetivo estratégico común más importante de las próximas décadas.
Marruecos deberá también seguir apostando en la región magrebí por sumar puntos como alumno más aventajado en materia de libertades, en aplicación de la nueva política de vecindad de la Unión Europea (con requisitos precisos en cuanto a democracia y Estado de Derecho), en el desarrollo de la sociedad civil y en atracción de inversiones extranjeras.
Además, para que el proceso en curso tenga buenos asideros, y sea coherente con sus enunciados, parece imprescindible reducir la centralización del poder político- y la omnipresencia de un Ministerio del Interior que asfixia a la ciudadanía-, transferir competencias a las autoridades locales (en su condición de agentes claves del desarrollo), articular medidas que aumenten las capacidades y oportunidades de los más desfavorecidos, luchar eficazmente contra la corrupción y erradicar las acciones represivas de unos aparatos de seguridad que se emplean a fondo contra los islamistas, los jóvenes en paro o la población del Sahara Occidental. Para la resolución de este conflicto, respecto al que existe una profunda implicación en Canarias y que condiciona la democratización de Marruecos y la estabilidad regional, las únicas propuestas realistas son aquellas susceptibles de ajustarse a los legítimos intereses y derechos de la población saharaui.
La puesta en práctica de lo expuesto exige concesiones por parte de las elites, una visión política a largo plazo y un proyecto consecuente que no admite retrocesos ni fisuras. De ello depende el futuro de Marruecos y el de sus relaciones de vecindad. Por lo que a Canarias y a España entera respecta, la evolución de Marruecos es una cuestión decisiva que exige una gran implicación a todos los niveles, fortaleciendo a los actores democráticos y ejerciendo una crítica constructiva, incompatible con los enconamientos estériles de tiempos pasados.
