Legalización y supervivencia
Gran Bretaña ha abierto el debate sobre la legalización de drogas. Todo comenzó hace un par de semanas con la declaración de Mo Mowlam apoyando la legalización del cannabis, para que quede fuera del control de las mafias, y su regulación mediante un impuesto, parecido al que hay sobre el alcohol o el tabaco, que mejoraría el Sistema Nacional de Salud y ayudaría a pagar el tratamiento de todos los adictos. Al mismo tiempo, Keith Hellawell, el primer \\\»zar antidrogas\\\» de Gran Bretaña, declaraba que había \\\»suavizado su visión del cannabis como puerta de acceso a otras drogas más fuertes\\\». Unos días más tarde, Keith Morris, ex embajador británico en Colombia, declaraba que la guerra a las drogas es \\\»inganable, cara y contraproducente\\\». Morris defiende el final de la prohibición, mediante la despenalización de todas las drogas, y el establecimiento de un sistema legal y controlado por el que estén sujetas a impuestos. Incluso Sir David Ramsbotham, inspector jefe de prisiones saliente y tradicional defensor de la guerra a las drogas, ha retomado la propuesta de Morris apelando a una legalización de todas las drogas y a su control mediante la prescripción.
Por su parte, el partido conservador, en plenas elecciones internas, también ha entrado en el debate. Peter Lilley, ex ministro de Asuntos Sociales y número dos de su partido, ha defendido la legalización del cannabis y su distribución en puntos de venta autorizados. En esta línea apunta también Michael Portillo, al entender que la marihuana es una droga comparable al tabaco o el alcohol.
Desde el gobierno, David Blunkett, Ministro de Interior, reaccionaba afirmando que \\\»hay espacio para un debate adulto e inteligente\\\» sobre la despenalización del cannabis, aunque pidió que éste no se lleve a cabo bajo la presión de la prensa o de la histeria. Al día siguiente, el portavoz del primer ministro aclaraba que, aunque \\\»siempre hay lugar para diferentes debates en cualquier democracia, (…) no hay planes para descriminalizar el cannabis\\\».
El debate viene acompañado de la puesta en marcha de un proyecto piloto en el barrio londinense de Lambeth. En los próximos seis meses, la policía local no detendrá a los poseedores de pequeñas cantidades de cannabis, sino que confiscará la droga y les dará una advertencia (en la actualidad, en Gran Bretaña la posesión de cannabis puede llevar a penas de hasta cinco años de cárcel). Sin embargo, un informe de la policía de Lambeth mostró que 141 arrestados por posesión de cannabis fueron únicamente sancionados con multas en torno a las 45 libras, mientras que cada uno de estos arrestos requiere que dos policías pasen más de cuatro horas en la calle, con un coste total de 10.000 libras.
Según una reciente investigación del Ministerio de Interior, en Gran Bretaña se consumen anualmente 28-35 toneladas de heroína y 35-41 toneladas de cocaína. Desde 1989 las confiscaciones de drogas en operaciones policiales han aumentado un 600% y, sin embargo, el precio medio de la cocaína se ha reducido un 20% y el de la heroína un 40%. El número de presos por posesión o tráfico de drogas, por otra parte, aumentó de 4.000 en 1989 a más de 15.000, diez años después. Esto confirma, como argumentaba Morris, que \\\»el ataque al lado de la oferta del comercio de drogas siempre estuvo destinado a fracasar si no se hacía frente a los otros elementos (precursores químicos, lavado de dinero y demanda)”, en los que se constata un escaso esfuerzo.
Un ejemplo de ello ha sido el silencio dado como respuesta a las peticiones de apoyo de las autoridades locales y agentes sociales de las regiones colombianas de Cauca y Nariño, ante la decisión del gobierno central de reiniciar las fumigaciones de los cultivos ilícitos con herbicidas químicos. Según un estudio reciente, el 60% de los cultivos que están siendo fumigados pertenecen a pequeños productores. Las fumigaciones no sólo afectan a los cultivos ilícitos, sino también a la salud de las personas, a los alimentos cultivados para consumo propio, al medio ambiente y a la situación socioeconómica de unos campesinos codenados a la mera supervivencia. Esto provoca un permanente desplazamiento de población y de cultivos hacia áreas aún más frágiles, aumentando así la deforestación e intensificando el conflicto armado. Cuando en Europa se habla de legalización, en Colombia se habla de supervivencia.
Un primer paso hacia una política de drogas justa y eficaz, previa o simultánea a una discusión global sobre legalización, debería centrarse en reducir al mínimo los daños tanto de las drogas como de las políticas destinadas a controlarlas. En lo que se refiere a la producción, esto significa:
– Interrupción inmediata de las fumigaciones.
– Descriminalización de los pequeños productores y establecimiento de espacios de interlocución con sus organizaciones legítimas.
– No aplicación de la política de erradicación forzosa y desarrollo de acuerdos, concertados con las comunidades locales, y bajo circunstancias específicas, sobre erradicación manual.
– Alternativas de desarrollo, con un proceso gradual de sustitución de cultivos, en el que participen las comunidades locales.
– Respeto y garantías plenas a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, principalmente en las zonas productoras.
