La nueva Ministra de Interior y el crimen organizado en Guatemala
Doña Adela Camacho Sinibaldi de Torrebiarte fue nombrada a finales de marzo Ministra de Gobernación de Guatemala, el equivalente a Ministra del Interior, tras la dimisión de Carlos Vielmann, el cual, había perdido la confianza del Parlamento por la falta de resultados en la investigación del asesinato de tres diputados salvadoreños y su chofer en febrero pasado. Los diputados se encontraban en el país para asistir a una reunión del Parlamento Centroamericano, con sede en Guatemala. La renuncia de Vielmann se dio en un contexto de acusaciones contra su persona por haber consentido, al parecer, la existencia de escuadrones de la muerte en las estructuras de la Policía Nacional Civil (PNC) guatemalteca . La acusación fue llevada a cabo por el ex jefe de la inteligencia militar guatemalteca, general retirado Otto Pérez Molina, que inculpaba, también, al director de la PNC.
A estos asesinatos se añadió, una semana después, la brutal ejecución extrajudicial (en prisión), de los cuatro detenidos identificados como autores materiales de los hechos, a la postre miembros de la PNC. Hecho que nos da una clara señal sobre el grado de corrupción de las fuerzas de seguridad.
Por otro lado, amplios sectores de la prensa guatemalteca y salvadoreña están alertando, desde hace tiempo, de la creciente infiltración del denominado crimen organizado en la esfera política, policial y militar de Guatemala. Incluso algunos medios han acuñado el término “colombianización” del país. El crimen organizado, relacionado directamente con el narcotráfico, parece que está aprovechando la ubicación geográfica y estratégica de Guatemala para establecerse y comprar espacios políticos, financiar campañas y asesinar, si es preciso, a los candidatos adversos.
La nueva ministra, por tanto, asume un enorme reto tras su nombramiento, aunque con tan sólo nueve meses para llevar a cabo su labor, ya que en septiembre se celebran elecciones generales en el país. Dicha labor la quiere orientar, según sus propias palabras, hacia la depuración y “limpieza” de los altos cargos corruptos dentro de la PNC. La tarea no es nada fácil, sobre todo si nos remitimos a las declaraciones que el ex ministro Vielmann hizo a un medio guatemalteco el pasado marzo, sosteniendo que renunció al cargo porque “creemos que el crimen organizado iba a tomar acciones en temas de impacto social para seguir perjudicando al gobierno (…); lamentablemente, la sociedad no está lista para enfrentar al crimen organizado, y tampoco son conscientes de la infiltración que tiene dentro del Estado”. Por último, añade que “ni la sociedad ni el propio Estado han dimensionado la influencia, infiltración y capacidad de acción del narcotráfico en el país”.
Las primeras medidas tomadas por la ministra han ido encaminadas a los cambios profundos en el ministerio, no así en la PNC, donde se ha apostado por el nombramiento de policías de carrera como directores, lo que transmite un cierto aire de continuidad, según esgrime la mayor parte de la prensa guatemalteca.
Doña Adela de Torrebiarde, como se la conoce en Guatemala, es miembro de la alta burguesía del país, esposa de un importante empresario y latifundista del departamento de Alta Verapaz, que se integró hace una década en la organización Madres Angustiadas. Este colectivo nació como respuesta de un grupo de madres, pertenecientes en gran medida a familias influyentes y poderosas del país, y víctimas de la violencia y, sobre todo, de los secuestros, para promover los derechos humanos y exigir el funcionamiento del sistema de justicia en Guatemala. De hecho, el hijo y un sobrino de la propia ministra fueron secuestrados y, posteriormente, liberados. Además, ha sido presidenta de la Liga Nacional de fútbol de Guatemala y presidenta del equipo de sus amores, el Cobán Imperial, y ha contado con un amplio apoyo del sector privado y de la cúpula empresarial para su reciente nombramiento. Por otro lado, en varias ocasiones se ha pronunciado a favor de la pena de muerte para los secuestradores con declaraciones como: “en
Guatemala existe la pena de muerte. Yo estoy en la aplicación de la ley pronta y cumplida”.
Todo esto parece darnos un perfil conservador de la ministra y muy afín a los grandes poderes económicos del país, lo cual es preocupante si tenemos en cuenta, por ejemplo, la visión que el sector privado tiene de la actual situación de inseguridad del país. Para Gustavo Berganza , columnista guatemalteco, “en la medida en que se incrementan los homicidios disminuyen los asaltos a bancos, robos a turistas, robos de vehículos, asaltos en autobuses, extorsiones y secuestros. De acuerdo con este razonamiento, de alguna manera implícito en el comunicado que publicó la Cámara de Industria la semana pasada, no debiéramos preocuparnos por los homicidios porque esto puede tener implícito una disminución en el número de ladrones”.
Esperemos que la nueva ministra no asuma el mismo razonamiento ya que, como afirma el último informe de Amnistía Internacional, los homicidios a mujeres han aumentado de forma alarmante en los últimos años. Además, según el Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, hasta el 70% de dichos asesinatos no se llegan a investigar ni se detiene a nadie en el 97% de los casos. Más de 2.200 mujeres y niñas han sido brutalmente asesinadas en Guatemala desde 2001 hasta mediados de 2006, sin que la mayor parte de ellos hayan sido esclarecidos. Según Sebastián Elgueta, investigador sobre Guatemala de Amnistía Internacional, “la tasa de asesinatos de mujeres en Guatemala está aumentando porque los asesinos no tienen motivos para parar: saben que quedarán impunes” y, en general, parece ser esa impunidad la que provoca el aumento de asesinatos no sólo de mujeres.
Esperemos, por consiguiente, que Doña Adela de Torrebialde apele a su activismo, llevado a cabo en Madres Angustiadas, y siente las bases, durante su mandato, del principio del fin de la impunidad que reina en el país y que está menoscabando los cimientos de una joven democracia, ahora que se cumple más de una década de la firma de los Acuerdos de Paz.
