La Instancia Equidad y Reconciliación marroquí y sus recomendaciones
(Para Civilización y Diálogo)
“Debe romperse el círculo de la transición democrática interminable”. La frase es de Driss Benzekri, presidente de la Instancia Equidad y Reconciliación (IER), entidad cuyo objetivo durante 23 meses ha sido investigar las violaciones de derechos humanos acaecidas en Marruecos desde 1956 hasta 1999, año en que Mohamed VI accede al trono. En el marco de la actual celebración del cincuenta aniversario de la independencia de Marruecos, la referida consigna indica tanto la absoluta necesidad de reformar el modelo marroquí como la urgencia de desactivar los frenos para proceder de forma firme y decidida. En este sentido, las recomendaciones de la IER , cuya actividad llegó a su fin con el informe que fue presentado por el rey el pasado mes de enero, son muy claras: es preciso reformar la Constitución para establecer una adecuada separación de poderes (especialmente, el deslinde efectivo entre poder ejecutivo y judicial) e incorporar garantías básicas en materia de libertades y derechos fundamentales, incluida la primacía de la legislación internacional de derechos humanos ratificada por Marruecos. El control de las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad por parte de jueces y parlamentarios es también una tarea prioritaria.
Lo realmente novedoso es que dichas recomendaciones han sido elaboradas por un organismo que, aunque reclamado por el movimiento asociativo, fue creado por el rey (quien nombró a sus miembros- la mitad de ellos proceden del Consejo Consultivo para los Derechos Humanos, CCDH, controlado por Palacio, y la otra mitad son reconocidos militantes por los derechos humanos y juristas) y se dirigen a quien realmente puede ejecutar dichas reformas, que no es otro que el propio monarca.
Al margen de que el trabajo de Benzekri y su equipo más cercano es de gran valor en muchos aspectos y las recomendaciones llevan sin duda su firma (se llega a proponer que sea el presidente de la Corte Suprema quien ostente la presidencia del Consejo Superior de la Magistratura , en lugar del rey), cabe suponer que existe un aval implícito de la monarquía sobre dichas reformas, como resultado de un proyecto tutelado. La tradicional instrumentalización de la burocracia de los derechos humanos en Marruecos por parte de Palacio reforzaría dicho argumento. Según esta lectura, existiría una auténtica agenda de modernización que se va desarrollando lenta (las resistencias internas son muy importantes) pero gradualmente (favorecida e inducida por factores internos y externos). Los ejemplos más significativos serían una mayor libertad de prensa, la reforma de la “Mudawana” y el trabajo de la IER.
Por el contrario, una versión menos optimista indicaría que reformas de tan hondo calado, y tan básicas para el pretendido Estado de Derecho (entre ellas, un recurso de inconstitucionalidad a favor del ciudadano, que podría tener en el punto de mira la ley antiterrorista o la nueva ley de partidos políticos), son por el momento inviables en un Marruecos que emite señales dudosas sobre su intención de avanzar en la senda democrática. En todo caso, el órgano encargo de materializar dichas recomendaciones, el CCDH, que preside Benzekri, es únicamente consultivo y, por tanto, sin facultades decisorias.
En el resumen publicado del informe de la IER se establece expresamente la responsabilidad de los aparatos de seguridad marroquíes, sin mayores precisiones, en relación a cerca de 10.000 casos de violaciones graves de derechos humanos (incluidos 1.018 muertos, frente a los 3.000 que alega la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, AMDH) y se insta a la presentación por parte del Estado de las correspondientes excusas a las víctimas, todavía pendientes. Sin competencias para actuar en el ámbito de la persecución de los culpables de dichas violaciones, la IER , no obstante, recomienda la lucha contra la impunidad. A las víctimas o a sus familiares únicamente les queda el desleído recurso a los tribunales de justicia, que ya han recibido algunas querellas.
El mérito de la IER y sus efectos positivos (pese a que en el referido resumen no se aporta nada nuevo sobre el Rif, son limitados los casos referentes al Sáhara y no hay ningún avance sobre el caso Ben Barka, de un gran valor simbólico), además de la impagable legitimidad internacional que ha supuesto para el régimen, no deben confundirse con el cumplimiento del fin primordial de todo el proceso: evitar que se repitan las violaciones de derechos humanos perpetradas en el pasado. Por tanto, en ningún caso puede entenderse que se ha conseguido pasar la página de dichas violaciones cuando los aparatos de seguridad siguen reprimiendo con gran violencia numerosas manifestaciones ciudadanas por todo el país. Además, mientras no haya un cambio manifiesto en las políticas de seguridad, la imagen del régimen seguirá lastrada por las acusaciones de torturas y otras violaciones de derechos humanos ejercidas contra islamistas con posterioridad a los atentados de Casablanca en 2003, reseñadas en informes de la AMDH y otras organizaciones internacionales.
Es también evidente que la necesidad de gestionar con autoridad los diversos expedientes internos no debe ser óbice para que los implicados en las graves violaciones de derechos humanos, cuya identidad es bien conocida, y que todavía ocupan puestos de responsabilidad, vayan dejando sus funciones. En un Marruecos tan necesitado de gestos, determinados cambios pueden tener efectos muy positivos. Ejemplo de ello sería la destitución de Ahmed Harrari, ex director de la Dirección de Vigilancia del Territorio, interpretada por algunos como el principio del declive del general Hamidou Lâanigri, figura nefasta del pasado y actual baluarte de los servicios de seguridad en Marruecos. Por otra parte, la credibilidad para acometer las citadas reformas también se reduce a medida que los elementos inmovilistas coartan la libertad de expresión y urden procesos contra la prensa independiente, en un claro y peligroso retroceso que denota las contradicciones internas del régimen.
La cuestión de las reformas es, por tanto, un asunto prioritario para un país que atraviesa un momento crucial de su historia, rubricado por la presentación conjunta del informe de la IER y el llamado Informe del Cincuentenario, voluminoso balance socio-económico del Marruecos independiente. No son pocos los actores que desde ámbitos diversos apuestan por mejorar el modelo actual para acometer con mayores garantías los grandes retos que ha de enfrentar el país (desarrollo económico, creación de empleo, descentralización, regionalización …, con un 20% de la población por debajo del umbral de pobreza). Un modelo que está gestionado por el monarca y su entorno, a través del nombramiento de los principales cargos ejecutivos de la política nacional, que no rinden cuentas ni al gobierno ni al parlamento.
En un entorno marcado por la celebración de elecciones legislativas en 2007, en las que los islamistas del Partido Justicia y Desarrollo tienen muchas opciones de gobernar, las nuevas estrategias en curso deberían conciliarse con determinadas reformas imprescindibles. Tan importante como las reformas son sus ritmos. De lo contrario, sólo cabe esperar mayores cotas de inestabilidad en el país vecino.