La Declaración de Lima: de la retórica a la acción comprometida
El balance provisional de la V Cumbre América Latina y Caribe-Unión Europea, celebrada en Perú el pasado mes de mayo, puede calificarse de esperanzador. Y esto es así no sólo como consecuencia de los importantes acuerdos económico-comerciales alcanzados sino, fundamentalmente, como resultado de unas negociaciones que parecen ir más allá de la retórica y la mera renovación periódica de compromisos adquiridos en anteriores Cumbres (Río de Janeiro, 1999; Guadalajara, 2004). En efecto, la Declaración de Lima, que recoge las conclusiones y compromisos de esa reunión, establece mecanismos y plazos concretos para verificar los avances en el proceso de desarrollo e integración regional.
Asumiendo por fin la premisa de que “lo que no se mide no mejora”, por primera vez los gobernantes reunidos en Lima se han comprometido a cumplir, en formas y plazos ciertos, con los acuerdos respecto a la inclusión social y la educación, las buenas practicas empresariales, el desarrollo sostenible respetuoso con el medio ambiente y el crecimiento económico con cohesión social.
Por otro lado, respecto a la promoción de la inversión económica de empresas europeas en Latinoamérica, debe destacarse que a lo largo de la Cumbre se desarrollaron más de 1.500 citas de negocios que; conforme a lo señalado por el Director Ejecutivo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada del Perú (PROINVERSION), David Lemor, aseguran compromisos de inversión en la región de más de 1.000 millones de dólares en sectores tales como la agroindustria, el sector inmobiliario o la minería, lo que permite augurar un importante impulso al crecimiento económico.
Más concretamente, en el ámbito político y comercial, esta Cumbre ha destacado por la flexibilidad mostrada por la Unión Europea en su voluntad negociadora, así como por el reconocimiento de las asimetrías entre las partes y de los intereses específicos de los países latinoamericanos y caribeños. Esto ha permitido establecer una suerte de “negociación a diversas velocidades”, propuesta por Alemania y España, que se ha traducido en una mayor agilidad en las negociaciones sin afectar al proceso integrador latinoamericano.
En cuanto a la pretensión de poner en marcha cuanto antes una Zona de Libre Comercio (ZLC), a través de los Acuerdos de Asociación, entre la UE y la Comunidad Andina de Naciones (CAN), las diversas y radicales posturas confrontadas han llevado a cuestionar la existencia misma de iniciativas como la propia CAN. De un lado, el presidente boliviano Evo Morales calificó a la ZLC como un “mero instrumento de recolonización”, mientras que el peruano Alan García Pérez señalaba que “abandonaría la trampa de la CAN para recobrar la libertad de negociar con los países y los bloques que más favorezcan sus intereses”. Por su parte, el presidente colombiano Álvaro Uribe dejó claro que los proyectos de gobiernos estatistas y las tendencias neopopulistas son un factor limitante en la integración regional así como en la búsqueda de la justicia social.
La Declaración final de la Cumbre- recogida bajo el título “Respondiendo juntos a las prioridades de nuestros pueblos”- ha planteado tres grandes retos: promover un desarrollo respetuoso del medio ambiente, un crecimiento con cohesión social y la puesta en marcha de una ZLC entre la CAN y la UE, sin poner en peligro la integración entre Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú [1].
Queda por ver ahora si esta declaración de voluntad y el diálogo político previsto se llegan a traducir en medidas concretas que tomen en consideración que un desarrollo responsable implica la formulación e implementación de adecuadas políticas y estrategias, así la consolidación de un marco regulador y de control de la inversión privada. Recordemos que, como nos enseña la experiencia, un proceso de desarrollo mal encaminado puede acabar incrementando el riesgo de sufrir desastres que afectan muy directamente al bienestar del conjunto de la población. Esto es especialmente preocupante en la región latinoamericana, donde los niveles de pobreza y recurrencia de desastres son sumamente elevados. Adicionalmente, debe prestarse atención especial al seguimiento de los mecanismos de verificación que la misma Cumbre ha establecido, a fin de controlar que el crecimiento económico genere verdaderamente unos beneficios redistribuidos socialmente. Ésta será la única manera de garantizar la cohesión social.
[1] Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay, participan en la CAN en calidad de países miembros asociados. Venezuela, por decisión del presidente Hugo Chávez, anunció su retirada en abril del 2006.
