La Conferencia Euro-Mediterránea de Valencia: entre la frustración y la esperanza
En estas circunstancias el balance cosechado en Valencia no invita a la celebración entusiasta. Si bien hay que reconocer que, de los doce vecinos del Sur y Este integrados en la Asociación, únicamente queda por negociar el acuerdo con Siria, una vez cerrados muy recientemente los de Argelia y Líbano, parece excesivamente optimista suponer que en 2010, como está previsto, se logre el pleno desarrollo de la propuesta.
El Proceso de Barcelona sigue siendo, en su esencia, un marco válido para la gestión de los intereses euromediterráneos. Sin embargo, para hacer efectiva su oferta debería superar tanto la resistencia de los gobiernos vecinos del Sur, para abandonar unos privilegios que provocan la exclusión mayoritaria de las poblaciones, como la visión cortoplazista de Bruselas, empeñada en la defensa de sus intereses comerciales y en el mantenimiento del statu quo. Un mínimo repaso por los tres capítulos de cooperación que contempla la Declaración Final de Barcelona permite destacar el cúmulo de asignaturas pendientes todavía por atender.
En el de la cooperación política y de seguridad, sigue siendo vital la aprobación de una Carta de Paz y Estabilidad que persigue conformar un sistema de creación de medidas de confianza para evitar futuras crisis. La gravedad del conflicto árabe-israelí impide, ya desde la conferencia de Malta (abril de 1997), cualquier avance en este terreno. Se entiende así que, a pesar del interés de la actual presidencia española de la UE por evitar que la reunión de Valencia se volviera a empantar en una nueva discusión sobre este tema, el esfuerzo principal a realizar sigue estando precisamente en este ámbito. Si no se encara esta realidad, no cabe plantearse, como está siendo el caso, más que objetivos de segundo orden.
En la cooperación económica y financiera, la UE ha logrado mostrar una actitud más activa. De MEDA I (1995-99)- con unos teóricos 8.000 millones de euros, de los que únicamente se llegaron a desembolsar en el período un 26%- a MEDA II (2000-06)- que prevé unos 11.000, entre fondos del presupuesto regular y préstamos del BEI- se ha conseguido una mejora tan evidente como insuficiente. Sin embargo, no se muestra voluntad suficiente para modificar realmente un esquema de intercambios comerciales claramente favorable a los Quince, poniendo fin a la difícilmente defendible discriminación hacia los productos agrícolas del Sur. La aplicación de las reglas del libre comercio para estos productos es una necesidad, que debe ir más allá de la defensa de intereses corporativos, para facilitar tanto la creación de empleo en esos países, como la consolidación de clases medias o la reducción de la presión migratoria hacia el Norte. Son iniciativas de este tipo, junto con la necesidad de lanzar planes de reconversión de una deuda externa que, en un 65%, está en manos de acreedores comunitarios, las que pueden hacer posible que se logren los objetivos planteados.
En el diálogo social, cultural y humano, tercer capítulo de cooperación, no se ha logrado superar la sensación de que se trata de un asunto secundario en la agenda, salvo en lo que se refiere a la colaboración entre responsables de Interior y de fuerzas policiales, en la persecución del terrorismo internacional, el crimen organizado, el narcotráfico y las mafias que trafican con personas. Los programas de cooperación descentralizado puestos en marcha, con el objetivo de impulsar los intercambios entre actores sociales de las dos orillas y destruir los estereotipos recíprocos, apenas han logrado resultados significativos. Por su parte, la colaboración policial, sobre todo tras los trágicos acontecimientos del pasado 11 de septiembre, tiende a centrar su atención en unos inmigrantes identificados cada vez más como delincuentes, cuando no como terroristas. Nada se ha avanzado en la práctica en la creación de fórmulas de gestión común de flujos (tarea difícil de realizar ante la falta de una política migratoria comunitaria) y muy poco en la apuesta por el desarrollo de estos países.
La extrema gravedad de la crisis palestino-israelí, y su potencial de bloqueo, no puede ser usada para justificar la falta de resultados significativos registrados en Valencia. Los tímidos, aunque positivos, avances que se logren en el desarrollo de la idea de co-propiedad y co-decisión- evitando que la AEM aparezca como un tema estrictamente controlado por los Quince- o con la creación de la Fundación Euro-Mediterránea- a semejanza de la creada para Asia-, no pueden ocultar la sensación de que Bruselas sigue sin asumir que el desarrollo y la estabilidad de la región le obligan a ir más allá. De manera más precisa, es preciso entender que sólo a través del desarrollo, socioeconómico pero también político, se podrá alcanzar el adecuado nivel de estabilidad. Los Quince tienen instrumentos para ello, queda por ver si tienen, también, voluntad política para adelantarse a un previsible escenario de mayor inestabilidad regional.
