La Campaña BDS contra Israel, una iniciativa civil con futuro
Del 19 al 21 de octubre se ha celebrado en Barcelona la I Conferencia Estatal por el Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) contra el Apartheid Israelí “Ayer Sudáfrica, hoy Palestina”. El acto- organizado por diversas organizaciones y con una participación superior a las 500 personas y unas 50 organizaciones sociales- forma parte de una intensa y continua, aunque no por ello conocida, campaña internacional impulsada por 170 organizaciones palestinas desde 2005. El Comité Nacional Palestino del BDS- órgano de referencia para todas las campañas de BDS que se organizan a nivel internacional y que en estos momentos agrupa a la práctica totalidad de la sociedad civil palestina – insta a organizar boicots, promover desinversiones y aplicar sanciones al Estado de Israel hasta que cumpla con sus obligaciones según la legalidad internacional y:1) ponga fin a la ocupación iniciada en 1967 de todas las tierras árabes y desmantele el Muro de Cisjordania; 2) reconozca los derechos de los refugiados palestinos, tal como se recogen en la Resolución 194 de la Asamblea General de NNUU de 1948; y 3) reconozca plenos derechos a los ciudadanos palestinos residentes en Israel.
Para los promotores de la campaña los derechos de estos tres grupos de palestinos- los que sufren la ocupación israelí en el Territorio Palestino Ocupado (TPO), los refugiados en otros territorios y los palestinos residentes en Israel- constituyen un elemento fundamental que cualquier proceso de paz debiera abordar. Los numerosos planes, acuerdos y «hojas de ruta» para la resolución del conflicto han fracasado, entre otras razones, por haber estado basados en un enfoque centrado en la seguridad y no en la defensa y respeto de los derechos humanos. A este fracaso se une la nula presión ejercida por parte de la comunidad internacional sobre Israel para que cumpla sus obligaciones según la legalidad internacional. En consecuencia, después de seis décadas de conflicto, encontramos lo siguiente.
1. La ocupación israelí en Gaza, Cisjordania y Jerusalén (TPO) ha creado un territorio fragmentado e inviable que supone menos del 20% de la Palestina del Mandato Británico, en el que los palestinos viven bajo la opresión de políticas discriminatorias que les impiden el ejercicio de sus derechos individuales y colectivos. Para aliviar su sufrimiento los países donantes desembolsaron un total de 1.684 millones de dólares en concepto de ayuda humanitaria durante el periodo 2009-2011 . A pesar de esto, en 2011 la situación en el TPO se podría resumir así:
• El índice de pobreza se sitúa en el 25,7% de la población. En Gaza este índice es del 38%.
• El 33% de la población vive en condiciones de inseguridad alimentaria.
• El 31,6% de la población activa está en situación de desempleo.
• Debido a los más de 500 controles, obstáculos y cortes de carreteras existentes en Cisjordania (además del Muro de Separación), se calcula que alrededor de 557.000 personas no tienen acceso adecuado a servicios sanitarios de emergencia.
• En Gaza alrededor del 23% de los equipos médicos no funcionan. Debido al bloqueo iniciado en 2007, a principios de 2011 el 38% de medicamentos esenciales en Gaza se encontraban agotados .
Es obvio que la situación humanitaria está directamente relacionada con las causas políticas del conflicto, la ocupación ejercida por Israel y la violación sistemática de derechos que ésta produce. Sin embargo, cuando se desvincula la ayuda de la protección de los derechos humanos, se corre el riesgo de contribuir al efecto contrario y acabar dando apoyo indirecto a la propia ocupación. Al no exigir el cumplimiento de sus obligaciones bajo el derecho internacional, la comunidad internacional comparte la responsabilidad de las violaciones que Israel lleva a cabo en el TPO. Su pasividad política raya en la complicidad y la colaboración directa con el sufrimiento de los palestinos.
2. La seudo-economía local palestina en el TPO es incapaz de sostener a su propia población, y es la ayuda extranjera la que impide que la hambruna y las enfermedades alcancen niveles insoportables. La Autoridad Palestina (AP)- creada por los Acuerdos de Oslo no tanto como el embrión del futuro Estado Palestino sino más bien como una entidad administrativa a la que la potencia ocupante cedía determinadas competencias en parte del TPO- se ha convertido en una mera entidad gestora de los recursos donados por la comunidad internacional para proporcionar algunos servicios básicos, como la educación o la salud a la población. Es, por tanto, una entidad con la apariencia formal de un gobierno, pero sin soberanía real sobre el territorio, fronteras, espacio aéreo ni sobre la población a la que sirve, su defensa o su economía. Además, desde 2007, el TPO está políticamente fragmentado entre Ramala (liderada por Al Fatah) y Gaza (Hamas) inmerso en una dinámica de confrontación en la que ambas facciones utilizan su poder de gestión sobre los escasos y condicionados recursos como arma política entre sus bases. En este sentido, las recientes elecciones municipales (que se celebraron sólo en 93 de las 250 localidades de Cisjordania debido al boicot de Hamas y a la no presentación de candidaturas) son un ejemplo baldío de querer mostrar la realidad socio-política palestina como la de un país normal, con un gobierno que ejerce plenamente la soberanía y cuyas instituciones llevan a cabo ejercicios democráticos ejemplares.
3. Los desplazados y refugiados palestinos son hoy la mayoría de la población palestina en el mundo. A finales de 2008, había al menos 7,1 millones de desplazados palestinos, lo que representa el 67 % del total de la población palestina (10,6 millones). De ellos, al menos 6,6 millones eran refugiados y 427.000 desplazados internos . La población palestina que todavía vive en campos de refugiados se enfrenta a tasas de desempleo muy elevadas, sobre todo en la Franja de Gaza. Sus viviendas son extremadamente precarias, ya que las instalaciones no se han adaptado a una población que se ha cuadruplicado desde 1948. El hacinamiento es la característica principal de los campos de refugiados en Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este, Jordania, Siria y Líbano.
4. La minoría árabe palestina residente en Israel se enfrenta a una discriminación legal y continua que le impide acceder en igualdad de condiciones a los servicios educativos o al mercado laboral. Además, es considerada como una quinta columna y es tratada con abierta desconfianza por el resto de la sociedad israelí. Según revela un reciente estudio elaborado por el Dialog Institute asociado a la Universidad de Tel Aviv, el 42% de los judíos israelíes no quieren que sus hijos compartan clase con niños árabes y el 59% prefiere a judíos israelíes en puestos gubernamentales . Tratados como ciudadanos de segunda clase, este colectivo se enfrenta a graves problemas de educación, empleo y, también muy preocupante, de identidad.
Ante las políticas de doble rasero aplicadas por la comunidad internacional, el desprecio a la legalidad internacional y el panorama general que presenta la cuestión palestina, no es de extrañar que la sociedad civil tome la iniciativa y haga una llamada al boicot, a la desinversión y a las sanciones contra Israel. Ahora está por ver si la comunidad internacional abandona su empeño de ser sorda y muda ante esta situación.
