¿Hasta dónde quiere llegar el Gobierno español con el reconocimiento del Estado de Palestina?
Jesús A. Núñez Villaverde
CODIRECTOR
Ya está hecho. Junto a Irlanda y Noruega, y adornado de la pompa y circunstancia propia de un hito histórico, el Gobierno español ha decidido reconocer a Palestina como Estado, con el respaldo presencial este miércoles en Madrid de cinco ministros de exteriores de países árabes (incluyendo el de la propia Palestina, Muhamad Mustafa, que también es primer ministro de la Autoridad Palestina) y del Secretario general de la Organización para la Cooperación Islámica, miembros del Grupo de Contacto para Palestina. Queda así oficializado lo que de ningún modo debería ser el final de un proceso al que España ha tardado en sumarse, contando con que ya más de 140 países habían dado ese paso con anterioridad. Por el contrario, debería ser el punto de partida de un plan para lograr que su importancia simbólica tenga, también, relevancia operativa pensando, sobre todo, en cómo mejorar la suerte de los palestinos y en la posibilidad de que finalmente reine algún día la paz en la Palestina histórica (que incluye a Israel).
Con esa idea, mirando hacia adelante con perspectiva realista, es más sencillo identificar lo que el reconocimiento de Palestina no va a suponer. Ninguno de los tres países mencionados tiene peso suficiente en el escenario internacional para lograr lo que no han conseguido los más de 140 que ya lo hicieron antes, sea el cese de las hostilidades en Gaza (sin olvidar Cisjordania) o la entrada masiva de ayuda humanitaria en la Franja. Mucho menos es posible dar contenido real de inmediato a la desgastada fórmula de los dos Estados, dado que la estrategia de hechos consumados practicada por los sucesivos gobiernos israelíes desde hace décadas, con el explícito respaldo estadounidense y la pasividad de muchos otros, ya ha hecho inviable la existencia de un Estado palestino soberano, digno de tal nombre. Tampoco se dan las condiciones para la celebración de una nueva conferencia de paz, no solo por el resquemor que sienten los palestinos y el conjunto de los gobiernos árabes con lo ocurrido con el Proceso de Paz iniciado en Madrid en 1991, sino porque el actual gobierno israelí rechaza frontalmente la idea, encerrado en su supremacismo negacionista de cualquier derecho para los palestinos.
