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Haití: de la crisis alimentaria a la crisis política y de seguridad

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Michèle Pierre-Louis, tercera candidata propuesta para el cargode Primer Ministro de Haití, cuando era directora de la ONG Fokal

La crisis alimentaria que azota a Haití se ha tornado en una crisis política de gran calado. Después de una semana de saqueos y protestas en las calles de Puerto Príncipe a mediados de abril que terminaron con 6 muertos, el primer ministro Jacques Edouard Alexis, fue destituido por una mayoría de 16 senadores. A raíz de este movimiento de la Cámara Alta, un grupo de 52 diputados de izquierdas de los 99 que componen la Cámara de Diputados, formaron la Coalición de Parlamentarios Progresistas (CPP) con la finalidad de contrarrestar la acción del grupo de 16 senadores. Su primera actuación fue el rechazo a Ericq Pierre, nuevo candidato propuesto por Préval para ocupar el cargo de Primer Ministro. Pierre no alcanzó la mayoría en la Cámara Baja, el pasado 12 de mayo, por el voto negativo de ese grupo de diputados debido a ser un alto funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo, aunque formalmente se dijo que era porque los documentos de identidad presentados por el candidato eran falsos. El candidato propuesto «encarnaba las políticas neoliberales del organismo financiero internacional», manifestaron entonces algunos de los diputados de la CPP.

Después de varias semanas de conversaciones con los principales líderes políticos del país, el Presidente de Haití presentó un nuevo candidato a Primer Ministro: Robert Manuel, arquitecto y poeta, y Secretario de Estado de Seguridad Pública de 1998 a 1999, durante el primer mandato de Préval. Robert Manuel estuvo exiliado de 1999 a 2004, durante el segundo mandato de Jean Bertrand Aristide, y es actualmente consejero particular del Presidente. Nuevamente los diputados de izquierdas rechazaron al candidato, esta vez por haber sido uno de los responsables de la represión contra los partidarios de Aristide después de que éste fuera derrocado, en el 2004, por una rebelión de exmilitares exiliados en República Dominicana. Esta vez, la excusa formal fue que no tenía propiedades en Haití, que no estaba registrado en el padrón electoral (se inscribió corriendo el 29 de mayo, tres días después de la postulación de su candidatura) y que no había residido en el país en los últimos 5 años, como exige la Constitución haitiana. El recurso a estos defectos de forma para perseguir a los adversarios no se circunscribe solamente al caso del Primer Ministro, sino que es una estrategia habitual entre la clase política. En el mes de marzo pasado, el vicepresidente del Senado, Rudolph Boulos, y el senador Ultimo Compere, ambos del partido Fusión Democrática, fueron expulsados del Senado por tener doble nacionalidad haitiana y norteamericana, algo prohibido expresamente por la Constitución. Los dos tuvieron que refugiarse en la vecina República Dominicana.

El último nombre propuesto por el Presidente para el cargo de Primer Ministro ha sido el de Michèle Pierre-Louis, amiga personal de Préval y directora de la ONG Fokal (Fundación Conocimiento y Libertad), financiada por el multimillonario norteamericano Georges Soros. A pesar de la falta de Gobierno, los diputados y senadores no parecen tener ninguna prisa por tomar una decisión sobre ella. Mientras tanto, la actividad institucional permanece bloqueada con las elecciones aún por celebrarse para renovar un tercio del Senado y las revisiones fiscales del presupuesto nacional que no terminan de llegar al Parlamento.

Todo esto demuestra que las revueltas del hambre de abril pasado han hecho emerger un nuevo escenario político en el país. Mientras que la Cámara Baja está dominada actualmente por el nuevo grupo de diputados progresistas formado a partir de diferentes agrupaciones políticas, el Senado está por el contrario dominado por los 16 senadores conservadores que destituyeron al anterior Primer Ministro. Después de más de tres meses sin Gobierno, la crisis política no hace más que aumentar y el enfrentamiento entre ambos organismos legislativos y de éstos con el ejecutivo es cada vez de mayor envergadura.

Simultáneamente con esta crisis política, la inseguridad se ha disparado en las calles del país. En el barrio comercial de Puerto Príncipe se producen ataques armados todos los días contra los comerciantes allí radicados. Sus organizaciones han lanzado un llamamiento al Gobierno para que intervenga, amenazando con paralizar su actividad comercial si no hay ninguna reacción de los políticos. El propio presidente del Senado, Kelly Bastien, recuerda que la economía nacional depende en gran parte del sector comercial, especialmente del informal (aquel que no paga impuestos ni está registrado).

Por otro lado, el fenómeno del secuestro ha vuelto a repuntar como en los meses posteriores a la caída del ex-presidente Jean Bertrand Aristide. No menos de 50 casos se han dado durante el mes de mayo, según el propio Presidente. Muchos de estos secuestros han sido de adolescentes y han incluido graves torturas, terminando con el asesinato del secuestrado. Un cierto grado de psicosis se ha adueñado de algunos padres que no mandan a sus hijos a la escuela e incluso han decidido enviarles al extranjero. Además, la comunidad extranjera tampoco se está librando de esta ola de secuestros, como demuestra el caso reciente de una ciudadana canadiense. Varias personalidades de la sociedad civil han expresado su preocupación por este nuevo repunte de la violencia y creen que es un signo de la profunda crisis social por la que atraviesa el país. El economista Kesner Pharel afirma que «el fenómeno del secuestro pone en cuestión todo el funcionamiento del país y pone a su vez de manifiesto la necesidad de un plan estratégico a nivel del Gobierno y de la población para contrarrestar esta actividad criminal». En este contexto, René Préval ha pedido al Gobierno brasileño que sustituya parte de sus tropas militares por policías para enfrentarse mejor a la situación de inseguridad. Debemos recordar que Brasil, con unos 1200 soldados, es el principal contribuyente a las tropas de la Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (MINUSTAH). Precisamente, la fallida propuesta de Robert Manuel como Primer Ministro se enmarcaba en el lanzamiento de una batalla contra el crimen organizado, habida cuenta de su pasado como Secretario de Estado de Seguridad Pública.

Otro fenómeno creciente es el tráfico de niños a través de la porosa frontera haitiano-dominicana. En los cuatro primeros meses del 2008, se han contabilizado 1.353 niños traficados entre ambos países. En las redes mafiosas están involucrados tanto «pasantes» haitianos como «buscones» dominicanos, además de los militares y policías fronterizos que cobran una cuota por cada niño que dejan pasar haciendo la vista gorda.

La crisis alimentaria mundial, origen de este deterioro político y social, se cebó especialmente en Haití debido al descenso de la producción agrícola nacional en las últimas décadas. La producción de arroz pasó de las 125.000 toneladas métricas en 1985 a las 90.000 en la actualidad. Esta producción sólo cubre el 20% de la demanda local, por lo que el 80% restante debe ser importado u obtenido a partir de la ayuda internacional. Pero incluso teniendo en cuenta las importaciones y la ayuda exterior, hay un déficit del 15%, según la Plataforma Nacional de la Seguridad Alimentaria. En general, las exportaciones han pasado de financiar el 70% de las importaciones, a hacerlo solamente en el 32% durante 2006.

Entre las principales causas de esta inseguridad alimentaria en el país figura el hecho de que los alimentos son financiados en una gran proporción por capitales provenientes del exterior, bien a través de la ayuda internacional, o bien a través de las remesas enviadas por los haitianos que trabajan en el extranjero (que ascienden a 1.200 millones de dólares por año). Así, el país no puede tener control sobre el movimiento de estos capitales. Otros factores que también influyen sobre la inseguridad alimentaria son la inestabilidad política, las políticas económicas equivocadas, la debilidad de la sociedad civil, y las catástrofes naturales que asolan el país continuamente.

Mientras tanto, las primeras ayudas exteriores para combatir la crisis han comenzado a llegar. El primer país que ha acudido en ayuda de Haití ha sido Brasil con el envío de 200.000 dólares en efectivo, 14 toneladas de alimentos y técnicos agrícolas para ayudar al relanzamiento de la producción nacional. También la Agencia Norteamericana para el Desarrollo Internacional (USAID) ha lanzado el mayor programa de ayuda alimentaria para la población haitiana desde que ésta se creó. Este programa incluye 20 millones de dólares de ayuda de emergencia y 7.000 toneladas de arroz. Incluso el Fondo Monetario Internacional (FMI), en una decisión con pocos precedentes, ha decidido modificar las exigencias macroeconómicas impuestas al país para poder continuar dentro del programa de ayuda del Servicio para la Reducción de la Pobreza y el Crecimiento del Fondo Monetario Internacional.

Pero la acción internacional más importante ha sido la Conferencia sobre Seguridad Alimentaria y Desarrollo Rural en Haití, celebrada el 15 de julio en Madrid. Esta conferencia internacional fue una idea del Presidente del Gobierno español, Jose Luís Rodríguez Zapatero, y del Presidente brasileño, Luiz Inàcio Lula da Silva, después de un encuentro entre ambos en la Quinta Cumbre euro-latinoamericana del mes de mayo. La conferencia estuvo copresidida por Francia y Argentina y permitió elaborar un programa para garantizar la seguridad alimentaria y el desarrollo rural de Haití.

Sin embargo, teniendo en cuenta los relativos fracasos de otras conferencias del mismo estilo (como las dedicadas a recabar fondos para la reconstrucción de Irak o Afganistán después de las invasiones de ambos países), es de esperar que, nuevamente, las grandes palabras de los dirigentes políticos de las naciones invitadas se traduzcan en unas contribuciones económicas mucho menores que las comprometidas inicialmente en la Conferencia. Lo que está claro es que no será la ayuda internacional la que sacará a Haití de su puesto a la cola de los países del continente americano en prácticamente todos los componentes del Índice de Desarrollo Humano, sino la actitud decidida de sus dirigentes y de la misma población por cambiar las viejas inercias. El cambio de mentalidad es tanto o más importante que cualquier ayuda material que pueda recibir el país. Un cambio de mentalidad que tendría que pasar por el fin del cainismo político tan típico de Haití, por impulsar la producción agrícola e industrial y por aumentar drásticamente la inversión pública en infraestructuras, sin las cuales la actividad económica difícilmente puede desarrollarse.

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