Guinea-Bissau: anacardos, cocaína y asesinatos en la cima del poder

Los asesinatos, el día 1 y 2 de marzo, de los dos hombres con más poder en Guinea Bissau –primero el del General y jefe del Estado Mayor del EjércitoTagmé Na Waié y, en represalia, el del presidente de la República, Nino Vieira, al frente del Estado durante un total de 22 años, y masacrado por un comando formado por un vehículo del Estado Mayor y otro de la Marina–, son el broche trágico de un enfrentamiento encarnizado entre ambos y que, además, refleja de forma nítida hasta qué punto va a ser complicado poner en marcha las reformas imprescindibles que necesita el país; no ya para avanzar, sino para no derivar hacia un conflicto abierto entre las diversas facciones enfrentadas.

La implicación de funcionarios, militares y políticos de alto rango (tal y como se reseña en informes de la ONU y otros organismos) en el narcotráfico que asola el país durante los últimos años, y sus diversos tentáculos, están en el centro de los desafíos que plantean dichas reformas; y son objeto de todo tipo de especulaciones en torno al desencadenante de dichos asesinatos.

El doble magnicidio, precedido de dos intentos de golpe de Estado en los últimos meses, se enmarca en una fase post-electoral, cuyo punto de partida fueron los comicios, aceptablemente transparentes, del pasado mes de noviembre; en los que resultó vencedor el Partido Africano por la Independencia de Guinea y Cabo Verde. Tras la muerte de Vieira y Na Waié, quedan ahora pendientes de un hilo los esfuerzos realizados, sobre todo a partir de 2007, por una parte del espectro político guineano junto con la comunidad internacional, liderada por la ONU y la Unión Europea (UE). La actual situación del país condiciona, por el momento, la continuidad de dichos apoyos, encaminados a poner fin a una trayectoria de constante inestabilidad (con el fondo de una breve pero intensa guerra civil en 1998) y marcada impronta militar – desde que en 1970 el país arrancó a Portugal su independencia, tras una cruenta guerra de liberación.

Ni la antigua potencia colonial hizo nada por desarrollar un territorio que siempre consideró marginal, ni los políticos y militares guineanos, cuyas ambiciones de poder llegan hasta el día de hoy, han considerado como una cuestión de su incumbencia la prosperidad del país que dedica el 30% de su presupuesto a partidas relacionadas con la seguridad. Los 1,7 millones de habitantes de Guinea-Bissau (en el puesto 171, de 179, en el índice del PNUD), que posee una considerable riqueza en minerales, siguen viviendo en condiciones absolutamente precarias. Los sueldos irrisorios, y los atrasos en las pagas de militares, funcionarios y maestros, son otro de sus rasgos característicos.

Uno de los máximos exponentes de esta falta de desarrollo es que el país no tiene ni siquiera la capacidad para procesar su producción de anacardos, de la cual proviene más de un 95% de los ingresos oficiales por exportaciones.

Es en este contexto en el que hay que insertar el progresivo desembarco, durante los últimos años, de diversos narcotraficantes, sobre todo de origen colombiano que, ante el control de las rutas que venían usando tradicionalmente, han convertido a Guinea-Bissau y a su archipiélago de Bijagos (formado por unas 90 islas) en el paraíso ideal  -por sus características geográficas y la ausencia de controles a lo largo de sus costas-  para el desembarco de la cocaína, procedente de Colombia, Venezuela y Brasil, y la extensión de sus redes criminales, que se ramifican por la región de África Occidental con un potencial de desestabilización considerable.

Ante dicho fenómeno, poco pueden hacer los 60 agentes policiales asignados a la lucha contra el narcotráfico en Guinea Bissau, a lo que se suma un aparato judicial sin voluntad ni capacidad para hacer frente a la cuestión y un sistema de prisiones inexistente.

Las estructuras institucionales del país tampoco permiten que sean gestionados de forma eficaz los ocho millones de euros asignados hasta la fecha por la ONU y la UE para luchar contra dicha plaga.
Si a lo anterior se le añade la connivencia en el narcotráfico de aquellos soldados y funcionarios encargados de vigilar el tráfico marítimo, las costas y las fronteras, y la referida implicación de altos mandos políticos y militares, todas las piezas encajan para que por el país transiten cientos de kilos de cocaína a la semana (según cálculos de la oficina de la ONU sobre el Crimen y la Droga) con destino a Europa. Dichos cálculos también indican que una cuarta parte de la cocaína consumida en Europa transita por África Occidental, sobre todo por Guinea Bissau, y que su valor comercial rondaría los 2.000 millones de dólares anuales, o, lo que es lo mismo, el PIB de Guinea Bissau multiplicado por siete (otro dato significativo: el valor de dos millones y medio de toneladas equivale al presupuesto nacional).

Ante dichas cifras, cualquier comparación entre los frutos de la cocaína y del anacardo resulta, por ridícula, de lo más esclarecedora para entender el efecto corrosivo que la cocaína está produciendo en el entramado institucional del país; así como la oposición de aquellos elementos implicados a cualquier reforma que suponga la reducción o pérdida de tan pingues beneficios.

Unas reformas que, por otro lado, también alterarían la cuota de poder de la etnia balanta (a la que pertenecía el difunto Nawié) en el seno de un ejército que cuenta con más generales que el gigante regional, Nigeria (140 millones de habitantes).

El nuevo presidente interino, y ex Ministro de Justicia, Raimundo Pereira, tendrá ahora que convocar lo antes posible la celebración de elecciones presidenciales (sin que quepa pensar en que lo podrá hacer en el plazo de dos meses previsto por la Constitución), y lidiar con el nuevo jefe de Estado Mayor, José Zamora Induta, cuyo perfil indica que no pondrá ningún tipo de facilidades a las citadas reformas. Ubicado entre ambos, el primer ministro, Carlos Gomes Junior, cuenta con escasos apoyos entre las Fuerzas Armadas, cuya reforma resulta vital.

Ante la situación descrita, se impone la necesidad de reconducir la actual misión de la UE encargada de una ambiciosa reforma del sector de seguridad (RSS), tal y como acaba de solicitar el General español al mando de la misma, Juan Esteban Verástegui.
Los dos asesinatos descritos sirven también para recordar que ningún intento de reforma podrá prosperar si no se atiende a la auténtica raíz del problema: un entramado de poder, con un ejército divido en facciones enfrentadas y alineado con los líderes políticos, y dispuesto a defender sus intereses a cualquier precio.

En este sentido, la clave inicial, tan compleja como difícil de poner en práctica, consistiría -en paralelo al programa de reformas previstas- en convencer a quienes manejan las riendas del país (combinando medidas más o menos firmes con otras flexibles, y con incentivos adecuados) que la mejor manera de defender sus intereses a medio y largo plazo es su incorporación a unas reglas del juego democráticas y a la estabilidad que para todos aporta un sólido Estado de Derecho. Una tarea que, tal y como están las cosas, no parece viable.   

Documentos de referencia:
Organised crime, drug trafficking, terrorism; the new Achilles´hell of West Africa. Amado Philip de Andrés-Deputy Regional Representative for West & Central Africa United Nations Office on Drugs and Crime, Mayo 2008.
Guinea-Bissau: in need of a state. International Crisis Group. Africa Report nº 142, Julio 2008.