Fumigaciones y conflicto armado en Colombia
(Para Radio Nederland)
Se reiniciaron las fumigaciones aéreas en el Sur de Colombia, en el marco del Plan Colombia. En los últimos meses, las voces en contra del uso de herbicidas químicos para erradicar cultivos ilícitos han aumentado de manera significativa, abriendo el camino a un debate más amplio sobre la política de drogas que se ejecuta en el país latinoamericano.
En estos momentos el debate gira en torno a las consecuencias para la salud y el medio ambiente de la estrategia, con posturas que van desde cuestionamientos técnicos sobre el manejo de las fumigaciones hasta un rechazo frontal a las aspersiones y propuestas políticas alternativas.
Los órganos de Control del Estado en Colombia, tanto la Defensoría del Pueblo como la Contraloría General, han solicitado la suspensión de las fumigaciones basándose en cuestionamientos de orden técnico, jurídico y económico. En el ámbito internacional, el Parlamento Andino ha solicitado suspender temporalmente las aspersiones hasta que se realicen estudios técnicos sobre los impactos del glifosato.
En el nivel político, la discusión se centra en las consecuencias socioeconómicas y medioambientales de la estrategia, con argumentos que rechazan de plano las aspersiones y con propuestas alternativas de despenalización de los pequeños campesinos y de procesos de erradicación manual concertada, gradual y voluntaria.
Apoyando esta postura se encuentran, entre otros, los gobernadores del Sur, un grupo heterogéneo de senadores y representantes, así como un amplio espectro de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales.
En Colombia el debate se desarrolla principalmente en los departamentos del Sur del país, en los medios de comunicación, en el debate público de las campañas electorales y en el mismo Congreso de la República, donde ha dado lugar a la presentación de tres proyectos de ley en el órgano legislativo: 1) legalización de la producción, distribución y consumo de drogas, pero bajo el monopolio del Estado; 2) descriminalización de los pequeños agricultores de cultivos ilícitos y 3) prohibición de la fumigación aérea de plantaciones no legales.
Al mismo tiempo, el Parlamento Europeo y el gobierno de Ecuador han solicitado la suspensión de las fumigaciones y la búsqueda de alternativas, aunque éste último limita su reclamo a la franja de terreno fronteriza con su territorio. Alemania ya había conseguido que el gobierno colombiano se comprometiera a dejar de fumigar en áreas de Cauca y Nariño, donde se llevan a cabo proyectos de desarrollo alternativo financiados por la cooperación técnica y financiera del país europeo.
Todo ello ha dado lugar a una fuerte polémica en el Congreso de EEUU, impulsada por un amplio espectro de organizaciones no gubernamentales y secundada por los principales medios de comunicación. Como consecuencia, la Comisión de Apropiaciones del Senado, en julio pasado, decidió bloquear los recursos de la Iniciativa Andina para fumigar cultivos ilícitos en Colombia hasta que el Departamento de Estado entregue un informe sobre seguridad y salubridad. Por otra parte, varios senadores presentaron enmiendas para condicionar el paquete de ayuda a que se produzca una mejor situación de DDHH, detener o suspender la fumigación de cultivos ilícitos y prevenir que el apoyo de EEUU pase de una estrategia antidrogas a una de contrainsurgencia.
Por otra parte, existe una gran controversia en torno a la contratación de personal extranjero para la realización de operaciones antidrogas en Colombia. El Congreso de EEUU impuso un límite de 500 militares y 300 contratistas civiles como máximo, durante un mismo periodo de tiempo. Pero, y en vista de que la ley se refería a «estadounidenses», el Departamento de Estado o las firmas de contratistas que operan en el país, como DynCorp, han contratado personal de Guatemala, Honduras y Perú, para así mantenerse dentro de los límites. Además, algunos pilotos centroamericanos entrevistados para trabajar con DynCorp han declarado a los medios de comunicación que se les pidió experiencia en combate.
Sin embargo, la lucha antidrogas y dentro de ella las fumigaciones, tiene como fondo un escenario de guerra, conversaciones de paz y período electoral que sitúan el tema en un contexto de alta complejidad. Al tiempo de producirse el debate sobre la política de drogas en Colombia, y a un año del fin del período presidencial de Andrés Pastrana, el programa líder de su gobierno, la paz, entra en una fase crítica.
El escalamiento de las acciones de guerra, tanto del gobierno como de la guerrilla y de los grupos paramilitares, ha profundizado la crisis del modelo de conversaciones en medio de la confrontación armada. El giro que éstas tomen será clave para decidir, o bien un fortalecimiento de la solución política al conflicto, o una confrontación directa y generalizada.
En este contexto, a fin de evitar el escalamiento del conflicto, una suspensión de las fumigaciones tendría que ir acompañada de un cese al fuego, una redefinición de la política de drogas y la reanimación del proceso de paz.
La redefinición de la actual política de drogas en Colombia, en el marco de la búsqueda de salidas al conflicto armado, debería incluir para el caso de la producción, la suspensión de las fumigaciones, la descriminalización de los pequeños cultivadores y la reorientación de las políticas de desarrollo alternativo.
