El Khalifa Bank, paradigma de las disfunciones del sistema argelino
(Para Civilización y Diálogo)
El Reino Unido acaba de iniciar el expediente de extradición de Abdelmumen Khalifa, de 40 años de edad, exiliado en Londres desde 2003 y condenado el mes de marzo pasado a cadena perpetua por un tribunal de Blida (Argelia). Su arresto viene motivado por una euro-orden del gobierno francés, que debería reducir los plazos del largo y complejo procedimiento de extradición británico. Khalifa está procesado en Francia por malversación y blanqueo de capitales, a través de tres filiales de su grupo empresarial, cuyas deudas ascienden a 90 millones de euros. El gobierno argelino ha solicitado también su extradición pero sus cauces han sido más lentos.
El procedimiento judicial contra el Khalifa Bank , creado en 1998 por Khalifa, hijo de un ex ministro argelino, ha permitido por primera vez que muchos de sus compatriotas conozcan algunos de los aspectos más turbios del sistema financiero y sus siniestras conexiones. También en rebeldía, el ex gobernador del Banco de Argelia ha sido condenado a 20 años de prisión y un ex Ministro de Industria a 10 años, en tanto que otras 45 personas han sido condenadas a penas de cárcel. Pese a dichas sentencias, más de un periodista local se ha lamentado tanto de la destrucción de miles de páginas de documentos contables por parte del liquidador judicial como de los escasos procesamientos en relación con personajes de las altas esferas.
La fulgurante ascensión y caída del banco y del holding de empresas creado por Khalifa (su quiebra se produjo en 2002) encierra algunas de las claves de un sistema económico diseñado en beneficio exclusivo de una minoría. Los préstamos, sin ningún tipo de aval ni control entre empresas del grupo, y los favores económicos y prebendas repartidos, permitieron en un período de apenas cinco años el desarrollo del primer grupo empresarial del país. También fueron sonados sus diversos patrocinios, desde algunos ministerios argelinos hasta el club de fútbol francés Olympique de Marseille (con 9 millones de euros). El conjunto de empresas llegó a tener 20.000 empleados: 7.000 el Khalifa Bank (con más sucursales que el propio Banco de Argelia) y 13.000 el resto de empresas, en el sector de aviación, televisión, inmobiliario, construcción y alquiler de coches de lujo. El grupo Khalifa fue la imagen más moderna del régimen argelino, liderado por la cúpula militar, en una etapa en la que éste estaba especialmente ansioso de una mayor proyección internacional.
Khalifa formó parte de la elite que se aprovechó de las privatizaciones acometidas en la década de los noventa, a través de su empresa farmacéutica KRG Pharma , con cuyos beneficios creó el citado banco. Ésta obtendría su auténtica capitalización a través de los flujos de depósitos de organismos públicos, como cajas de ahorro, empresas estatales y compañías de seguros, incluida la aseguradora de Sonatrach (empresa que detenta a nivel nacional el monopolio en la explotación del gas y el petróleo). Su quiebra ha supuesto la desaparición de los ahorros de cientos de miles de pequeños y medianos ahorradores, seducidos por una entidad que llegó a ofrecer un 17% de rentabilidad a sus depósitos. El importe total de la malversación se calcula entre 1.000 y 2.000 millones de dólares, 700 de los cuales fueron transferidos a cuentas en el extranjero.
Otro juicio relevante, celebrado en febrero de 2007, es el del Banco Comercial e Industrial de Argelia, relativo a operaciones de importación ficticias por valor de 140 millones de euros, documentadas a través de letras de cambio descontadas por el propio banco y avaladas por agencias del Banco Exterior de Argelia. El sector bancario ha estado tradicionalmente dominado, en un 90%, por seis bancos nacionales. En los últimos años se ha iniciado un proceso de privatización- por el que han mostrado interés las entidades financieras españolas BSCH , BBVA y Sabadell – y los bancos extranjeros han pasado a detentar el 14% del mercado.
El caso Khalifa se enmarca, a su vez, en el del conjunto del sector económico privado argelino, el más deficitario de todos los países árabes. Su bajo desarrollo (durante décadas ha representado únicamente una tercera parte de la economía), el escaso tejido empresarial productivo, la sobredimensión del sector comercial (una parte importante del cual es economía sumergida, sustentada en el denominado trabendo ) y las numerosas empresas públicas deficitarias tienen también su explicación en un modelo económico gestionado de forma irresponsable.
Las elites nacionales apostaron por concentrar el desarrollo económico en el sector de los hidrocarburos. El consiguiente endeudamiento externo, el control estatal de las divisas (que, desde 1977, proceden en más de un 95% de los hidrocarburos) y del comercio internacional (de 1971 a 1993), y su utilización para dominar amplios sectores de la importación a través de redes de patronazgo, son algunos de sus rasgos más característicos. La caída del precio del petróleo en un 40% en 1986, la reducción drástica de esas divisas y su destino al pago de la deuda externa, en detrimento de las importaciones de productos, fueron factores determinantes de las revueltas sociales de 1988, precedentes de una convulsa trayectoria socio-política que desembocó en la guerra civil.
El actual plan de infraestructuras que está acometiendo el gobierno argelino- con una dotación de 60.000 millones de euros, respaldado por unas reservas en divisas de 76.000 millones de dólares (muy lejos de los 4.000 millones de 1999, cuando Bouteflika accedió a la presidencia)- pretende lograr la tan proclamada diversificación de su tejido industrial e invertir en sectores clave, como el agrícola. El FMI ha manifestado sus reservas respecto a la adecuada gestión de las licitaciones públicas. El sector de la construcción, junto con el citado farmacéutico, son los dos ejemplos más destacados de cómo las elites se beneficiaron de los procesos de privatización, a resultas de un Plan de Ajuste Estructural que se inició en 1994, como consecuencia de una crisis provocada por ellas mismas.
Es, por tanto, evidente que el aprovechamiento de la excepcional oportunidad derivada de la actual bonanza económica depende de los avances en el orden institucional y político. A modo de ejemplo, la normativa aprobada en materia de corrupción (una ley en enero de 2006 y un decreto en abril de 2007) parece más una medida de maquillaje que una auténtica herramienta de reforma. Las condenas recaídas en el juicio contra el Khalifa Bank van en la misma línea.
