Día Internacional Humanitario: proteger el espacio humanitario

Hace seis años, el 19 de agosto de 2003, 22 personas perdían la vida en un bombardeo contra la oficina de Naciones Unidas en Iraq. Sergio Vieira de Mello, el entonces Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Representante Especial del Secretario General en Iraq estaba entre ellas.

Por ello, este día, el 19 de agosto, ha sido elegido por Naciones Unidas para instaurar el Día Internacional de la Asistencia Humanitaria, que conmemoramos por primera vez en 2009, un año en que los balances distan de ser optimistas en todos los sentidos.

Los países en los que es necesaria la acción humanitaria no han disminuido ni parece que lo vayan a hacer debido al incremento de desastres, el recrudecimiento de algunos conflictos violentos o cambio de rumbo de los mismos y al surgimiento de nuevas situaciones de violencia. Consecuencia de ello y del esfuerzo por realizar unas intervenciones de mayor calidad, los fondos dedicados por los donantes a tal tipo de actuaciones, hace años que tienen una tendencia continua al alza, siendo las estimaciones preliminares de esta cifra para 2008, según datos del último informe de Development Iniciatives de  en torno a 10.000 millones de dólares.

Pero esta apuesta por la mejora se ve muchas veces dificultada por otros intereses. Si bien la acción humanitaria se basa en unos principios que deben ser cumplidos, el uso de este término con otros objetivos –casos paradigmáticos son el intento de justificación «humanitaria» de la guerra de Iraq o el mal uso del emblema de la Cruz Roja en la liberación de secuestrados en Colombia- produce una confusión en los conceptos que repercute muy negativamente en la acepción y en la aceptación de la misma. Pese al aumento de los fondos, el espacio humanitario se ha reducido drásticamente en los últimos años.

Dichos elementos, sumados a las complejidades e intereses que rodean a la acción humanitaria han hecho que el año 2008 haya batido, tristemente, records: 260 trabajadores humanitarios fueron asesinados, secuestrados o gravemente heridos. El número supera el de los fallecidos en operaciones de paz de Naciones Unidas. 

Según el último informe del Overseas Development Institute –que cuenta desde 2006 con una base de datos sobre seguridad de los trabajadores humanitarios- la violencia se concentró en seis países: Sudán, Afganistán, Somalia, Sri Lanka, Chad, Iraq y Pakistán. En estas seis zonas (en orden decreciente) tuvieron lugar las tres cuartas partes de los ataques contra personal humanitario. Esto no es sólo producto de la evidencia de que, en contextos en los que el conflicto armado está en curso aún, la posibilidad de ser blanco de un ataque sea mayor. El riesgo que corren los trabajadores humanitarios va en aumento en buena medida porque ya sea como moneda de cambio o como llamada de atención, lo cierto es que un extranjero es más valioso y efectivo; la «comunidad internacional» se preocupa más si uno «de los suyos» es quien corre peligro. Por esto, como se señala en ocasiones, se produce un círculo vicioso en el que los trabajadores son atacados, las organizaciones se retiran, y las causas que originaron esa violencia o la situación de emergencia a que respondían los trabajadores, permanece o incluso empeora. En 2004, en un lapso de seis meses trece cooperantes murieron en Afganistán. Cinco de ellos eran trabajadores de Médicos Sin Fronteras, organización que tras veinticuatro años de trabajo se retiró del país y que ha regresado en el año 2009. Esta misma organización anunciaba el mes de marzo pasado la retirada de todos sus proyectos en Darfur (Sudán) tras el secuestro de dos de sus cooperantes.

En el caso de Sudán, por ejemplo, días después del secuestro, el diario árabe ‘Al Hayat’ informaba de que los secuestradores exigían, además de un rescate, la anulación de la orden de arresto internacional que pesaba –y aún lo hace- sobre el presidente sudanés Omar Al Bashir, mandatario que días más tarde de recibir la noticia de su orden de arresto decidió expulsar a las organizaciones humanitarias por «colaborar» con la Corte Penal Internacional, alimentando, según Al Bashir, las «mentiras» que llevaron a su condena –por supuestos crímenes de guerra y contra la humanidad-. En los Territorios Palestinos, en la ofensiva israelí de diciembre, pudimos ver cómo ir claramente identificado como miembro de la Media Luna Roja Palestina, de la UNRWA (Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos) o ir en el interior de una ambulancia era totalmente inútil: todo vale para aislar a los palestinos, incluido el ataque directo a aquellos que les proporcionan asistencia.

Los trabajadores humanitarios son el blanco de milicias, rebeldes, gobiernos y ejércitos regulares. Lo que muchas veces se ignora es que la acción humanitaria está respaldada jurídicamente por varios instrumentos jurídicos y muy especialmente del Derecho Internacional Humanitario (DIH). El mero hecho de asistir y proteger a las víctimas (donde se incluyen las dos dimensiones de derecho de solicitar ayuda y el deber de proporcionársela) de un conflicto armado ya constituye un derecho en sí: el derecho de las víctimas de conflictos armados y otros desastres a solicitar y recibir asistencia y protección con el fin de satisfacer sus necesidades inmediatas si no son capaces de hacerlo por sí mismos. Por tanto, parece evidente que el acceso a las víctimas también constituye un derecho para ellas y una obligación para los Estados (tras varias resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas) y que, impedir el acceso a las víctimas impidiendo que lleguen los suministros de alimentos y medicamentos, supone la violación del DIH. Sin embargo, la acción humanitaria no se debe limitar a la distribución de bienes, sino que debe incluir otras dimensiones como la de protección de las víctimas, y para ello, es preciso la preservación del llamado «espacio humanitario» que como define el Consenso Europeo de Ayuda Humanitaria aprobado en el año 2008 es el entorno operativo que necesitan los actores humanitarios in situ para tener plenamente acceso a las víctimas, para poder distribuir la ayuda y para ofrecer protección sin poner en peligro la seguridad y la seguridad de los trabajadores humanitarios. Ese es el reto.

Notas:

1.- Abby Stoddard, Adele Harper and Victoria DiDomenico, (Overseas Development Institute): Providing aid in insecure environments: 2009 Update. Trenes in violence against aid workers and the operacional response.