Derechos y libertades en Túnez
El mes de febrero 2003 se ha cerrado con un pésimo balance en Túnez, corolario de una trayectoria en la que la represión viene siendo la única respuesta a la expresión de las libertades fundamentales. Como consecuencia de la brutal actuación de las fuerzas de seguridad tunecinas, con motivo de varias manifestaciones contra la guerra en Irak, más de veinte personas han sido hospitalizadas, algunas de ellas en estado grave, y se han practicado numerosas detenciones. Además, veinte jóvenes fueron detenidos por acceder a páginas «prohibidas» en internet, dominio que el régimen pretende privado, como lo demostró la condena de Zouahair Yayaoui a dos años de cárcel por haber creado «TUNeZINE», una página web en la que se divulgaba información crítica con el gobierno.
Es consabido que Túnez no es sólo el buen alumno de las instituciones financieras internacionales, por sus logros económicos y educativos, su estabilidad social, la supresión del integrismo (y del islamismo político) o el estatuto jurídico de la mujer. También es el país donde no hay libertad de prensa ni independencia del poder judicial, y donde los defensores de los derechos humanos sufren ataques violentos y un continuo hostigamiento. Desde hace años, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, entre otras, vienen denunciando las condiciones deplorables en las que se encuentran un millar de prisioneros políticos (unos 600 de ellos, presos de conciencia), las torturas, los juicios de civiles por tribunales militares, las restricciones a la libertad de circulación y, en tiempos recientes, las agresiones de las que han sido objeto varios abogados.
También es patente que el Presidente Ben Alí ha conseguido eliminar cualquier atisbo de oposición política- las seis pequeñas formaciones satélites, con representación parlamentaria, no han votado nunca en contra de un proyecto gubernamental y la auténtica oposición no parece contar con un verdadero proyecto político. Asimismo, ha logrado convertir al sindicato UGTT en su mejor aliado institucional, al menos hasta ahora, y moldear la sociedad civil mediante un imponente aparato policial, miles de células del partido gubernamental (la Agrupación Constitucional Democrática) y unas 7.000 organizaciones auténticamente gubernamentales.
Ante este panorama, el núcleo duro de la sociedad civil lo constituye una minoría admirable de defensores de los derechos humanos, liderada por la Liga Tunecina de Derechos Humanos, decana de las asociaciones en África, y el Comité Nacional para las Libertades en Túnez, ambas con múltiples trabas para su funcionamiento.
Por otra parte, Ben Alí, apoyado por las grandes potencias y confortado en su política represiva por los efectos del 11 de septiembre, ha dejado bien clara su vocación presidencial vitalicia- en un gesto que, como en tantos otros, recuerda a Burguiba-, asegurándose por el momento, mediante una nueva reforma constitucional, la posibilidad de mantenerse en el cargo hasta el año 2014.
En este orden de cosas, todo parece indicar que no va a haber cambios a corto plazo. No obstante, nada es completamente estable en un contexto de globalización, en el que la economía tunecina no ha cumplido con las expectativas de crecimiento en 2002 (estancamiento en el sector textil, una tasa de paro considerable y un sector turístico en crisis, como efecto añadido del atentado de Djerba), ni con el ritmo exigido para las imprescindibles medidas de adaptación derivadas del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea (UE). A la tensión que provocan estas malas noticias económicas habría que añadir la de una población reprimida pero cada vez más saturada y los efectos de todo orden en caso de una guerra en Irak.
Llegados a este punto, la cuestión que cabe plantearse es la siguiente. Si, como ha declarado la UE, las libertades políticas y los derechos humanos son fundamentales para el progreso de las sociedades y la eficacia económica, debería ser, por tanto, imprescindible poner en marcha nuevos mecanismos para su seguimiento, fomento y protección, dando, a su vez, una mayor coherencia en este ámbito al programa MEDA. Precisamente, el fundamento de todos los acuerdos de asociación euro-mediterránea es el respeto de los derechos humanos y la promoción de los principios democráticos. ¿Por qué la UE no es coherente con sus propios enunciados?
