Colombia: violencia, negociación y elecciones
(Para Radio Nederland)
Cuando estamos a un mes de las elecciones presidenciales colombianas, diversos hechos nos recuerdan estos días, de modo dramático unos y de modo más optimista otros, que las elecciones no van a realizarse en un clima de normalidad democrática y que la violencia sigue siendo lamentablemente una de las referencias inevitables de la situación. El asesinato de Liliana Gaviria, hermana del ex Presidente colombiano César Gaviria, después de haber sido violentamente secuestrada en la ciudad de Pereira, viene a añadir mayor dramatismo a esta constatación y a hacernos ver que este periodo que resta hasta la primera vuelta de las elecciones presidenciales puede complicarse aún más.
Precisamente ayer, la organización no gubernamental humanitaria Médicos sin Fronteras (MSF) publicaba el estudio Vivir con miedo: el ciclo de la violencia en Colombia , que analiza con mucha profundidad los efectos que la situación de violencia tiene sobre las poblaciones vulnerables desde la perspectiva de la salud. La tasa de homicidios entre hombres de 15 a 44 años alcanza la alarmante cifra de 221 por 100.000 y la violencia se ha convertido en la principal causa de muerte en mujeres entre 15 a 39 años superando las cifras de mortalidad relacionada con el parto y el embarazo.
Pero como la propia MSF plantea, los efectos del conflicto armado sobre la población civil y, muy especialmente la población desplazada, superan con creces lo puramente sanitario o médico. Los más preocupante es el cómo la violencia se ha insertado en el tejido social y en la vida cotidiana de las personas, afectando particularmente a la salud mental y al bienestar psicológico. Y como consecuencia de ello, a la propia articulación social. Debido al conflicto armado el sistema de salud no funciona adecuadamente y en las zonas rurales la cobertura de muchas de estas necesidades es muy baja. Si en algunos casos, la tasa de cobertura para programas de inmunización de algunas enfermedades transmisibles no llega al 1%, en el caso de la salud mental los servicios son prácticamente inexistentes en las zonas rurales aisladas. Estas zonas son , precisamente, aquellas donde el impacto del conflicto es mayor al ser estigmatizadas muchas de las comunidades como colaboradoras de alguno de los grupos armados y ser por ello objeto de agresiones y tener, por tanto, que desplazarse. El ciclo pernicioso de la violencia, como analiza MSF, se cierra cuando estas comunidades desplazadas llegan a los “barrios de invasión” en zonas marginales urbanas de las grandes ciudades donde se enfrentan a nuevas realidades de privación y en los que sus posibilidades de inserción son mínimas. Un nuevo estigma les acompaña y eso hace que muchos desplazados prefieran no censarse en los dispositivos asistenciales por temor a esa identificación negativa.
Los datos aportados por MSF no son novedosos, y hace algunos meses la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU publicaba un excelente Informe que aportaba datos en materia de violaciones de derechos humanos por todos los grupos armados, incluyendo las fuerzas de seguridad del Estado. La fuerza del Informe de MSF radica en estar basado en testimonios recogidos directamente en el terreno y en plantear que el problema de la violencia es también un problema de salud pública y que las políticas públicas colombianas deben abordarlo desde la perspectiva de los derechos de las poblaciones civiles afectadas.
Con este telón de fondo de la violencia que no cesa, se iniciaba esta semana en La Habana una nueva ronda de las conversaciones del gobierno colombiano con el ELN (Ejército de Liberación Nacional) en un clima de una cierta esperanza. El objetivo de esta ronda es pragmático y se trata de concretar la agenda para la negociación. De alguna manera, como ha señalad el analista Daniel Valencia, “el ELN está esperando para ver cómo le va a Uribe, cómo queda el próximo gobierno, para ver si le apuestan a la negociación”. Y esa parece ser la clave de toda la situación.
Si hace algunas semanas nadie dudaba en la reelección de Uribe sin necesidad de una segunda vuelta, los últimos acontecimientos y algunos recientes escándalos de corrupción parecen afectar la popularidad del actual Presidente que ha descendido bastante en las encuestas. Según los últimos sondeos de Invamer-Gallup, en tan sólo un mes, su apoyo ha descendido 8 puntos, pasando del 61,4 al 58%. Todos los analistas coinciden en que este descenso pude continuar aunque no lo haga por debajo del 50% que evite la segunda vuelta.
En cualquier caso, tras la aplastante victoria de Uribe en las legislativas, las cosas parecen estar ahora algo más parejas y tanto Horacio Serpa del Partido Liberal como Carlos Gaviria del Polo Democrático están en torno al 15%.
Mes apasionante, por tanto, para Colombia en el que sólo cabe desear que los procesos políticos de negociación y elecciones puedan desarrollarse con la mayor autonomía posible del contexto de violencia. Y servir para su resolución en el próximo futuro.
