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Colombia inicia un nuevo ciclo electoral tras un 2021 de retrocesos en su búsqueda de la paz

El Heraldo

El 2021 no fue un año fácil para Colombia en materia de paz y seguridad. Las recientes publicaciones del informe anual de Human Rights Watch, el informe trimestral del Secretario General de Naciones Unidas, y el informe de Impacto y Tendencias Humanitarias de OCHA ratifican la tendencia iniciada desde hace ya cuatro años de deterioro de las condiciones de seguridad en varias regiones de Colombia. A menos de seis meses de las elecciones presidenciales y ocho meses de que el presidente Iván Duque termine su mandato, quien sea la próxima persona en asumir la presidencia tendrá un reto descomunal para mantener a flote un proceso de paz con las FARC que generó ilusión en varios territorios que lentamente se han sumido nuevamente en el conflicto, lidiar con la creciente amenaza de los grupos armados ilegales restantes, y enderezar a unas fuerzas de seguridad que en los últimos años han cometido graves violaciones de derechos humanos.

Un 2021 marcado por la violencia

El último informe de OCHA destaca el deterioro de varios indicadores humanitarios. Al comparar el período entre enero y noviembre de 2021 con ese mismo período de 2020, los ataques a la población civil aumentaron 24%, las víctimas de desplazamiento masivo se incrementaron 191%, y las víctimas de confinamiento crecieron un 45%.

Elaboración propia con datos de OCHA

El 2021 fue nuevamente un año marcado por las masacres y el continuo asesinato de defensores de derechos humanos. Con respecto a las masacres, Indepaz registró un total de 96 en el 2021 frente a 91 en el 2020, lo que implica un leve incremento del 5%. Frente al asesinato de defensores de derechos humanos, las cifras de OACNUDH no permiten sacar mayores conclusiones debido a que aún están pendientes por verificar en terreno varios casos. Sin embargo, Indepaz (la cual usa una métrica distinta para medir el fenómeno) habla de una importante disminución de los asesinatos de 2020 a 2021 que se puede atribuir a pactos humanitarios informales, la adaptación de algunos mandos de los grupos armados, y la capacidad de empoderamiento de las comunidades.

Fuente: Elaboración propia con datos de Indepaz y OACNUDH

Todos estos eventos del conflicto se han concentrado principalmente en los departamentos al occidente de Colombia y en los departamentos fronterizos de Norte de Santander y, más recientemente, Arauca. Como lo resalta el analista Kyle Johnson, el incremento de estas cifras corresponde principalmente a dinámicas particulares a cada región, y no a conflictos entre actores armados a escala nacional. Mientras en zonas como la costa pacífica de Nariño se enfrentan entre ellas diferentes grupos de disidencias de las FARC, en otras, como Chocó, la batalla es entre el ELN y el Clan del Golfo.

En los últimos años, los grupos disidentes de las FARC han hecho presencia en 12% de los municipios de Colombia. Incluso, de acuerdo a datos de la Fundación Ideas para la Paz, en 2020 superaron al ELN como los actores ilegales que más ejecutaron acciones armadas – tendencia que continuó en 2021. Entre los grupos disidentes que más protagonismo tuvieron en 2021 está la Segunda Marquetalia, liderada por el antiguo negociador de paz de las FARC Iván Márquez. El año pasado tres de sus cabecillas principales murieron en distintos ataques en territorio venezolano. Esto, sin embargo, no frenó su crecimiento en el occidente de Colombia durante 2021. Por otro lado, la disidencia liderada por Gentil Duarte desde el sur del país siguió consolidando alianzas con otras estructuras locales en varios puntos del país.

A su vez, luego de que se terminaran los diálogos de paz entre el gobierno y el ELN en 2019, la Fundación PARES ha identificado que esta guerrilla se ha fortalecido en la región del Catatumbo (PARES), donde ha tomado la delantera en su batalla por el control territorial contra los Pelusos y los Rastrojos. También ha continuado expandiéndose en algunas zonas del occidente y suroccidente del país, aunque haya sufrido varios retrocesos en su guerra contra las fuerzas estatales y el Clan del Golfo en Chocó, incluyendo la muerte de Alias Fabián Y Alias Uriel en la segunda mitad del 2021. Hoy en día, de acuerdo a la Fundación PARES, el ELN tiene presencia en 16% de los municipios de Colombia.

El Clan del Golfo sufrió su mayor revés en 2021 luego de que el gobierno capturó a su comandante Alias Otoniel. A esto le siguieron varios golpes de la fuerza pública en los meses siguientes, incluyendo la captura de más de 90 miembros en tan solo una semana. Sin embargo, lejos de la afirmación del gobierno de que con Otoniel capturado se acabaría el Clan del Golfo, éste aún ha mantenido su presencia en 18% de los municipios de Colombia. Y, en varios de estos, como en el nororiente Antioqueño y en Chocó, ha incluso tomado la delantera en su lucha contra adversarios como el ELN y los Caparros.

Pero aparte de las afectaciones de los distintos conflictos en las zonas rurales del país, Colombia también vivió un incremento notable de la violencia en las grandes ciudades durante las jornadas de protestas masivas a mediados de 2021. El informe anual de Human Rights Watch afirma tener evidencia que vincula a fuerzas del Estado con la muerte de 25 civiles entre abril y junio del año pasado, varias de ellas debido al uso de armas de fuego. Hasta ahora solo dos policías han sido condenados y cinco han sido acusados por la Fiscalía por estos hechos. Estas acciones del año pasado se suman a las ya vividas durante las protestas masivas de finales de 2019 y mediados de 2020, en las cuales la policía también estuvo involucrada en graves violaciones de derechos humanos. Esto ha tenido un impacto medible en la disminución de la opinión favorable del pueblo colombiano hacia la Policía, la cual pasó del 62% en febrero de 2019 al 41% en agosto de 2021.

Tímidos avances en la implementación del Acuerdo de paz

El Acuerdo de paz con las FARC cumplió los cinco años desde su firma a finales de 2021. Éste ha alcanzado avances significativos en tan poco tiempo y su mayor logro es seguir en pie, especialmente teniendo en cuenta que el 50% de los países que firman un proceso de paz vuelven a hundirse en el conflicto después de cinco años. A pesar de que en Colombia la firma del acuerdo de paz con las FARC no significó el fin total de todos los conflictos existentes y varios grupos disidentes han surgido después de la desmovilización de las FARC, aún no se puede afirmar que Colombia haya caído nuevamente en un conflicto armado entre el Estado y una guerrilla de alcance nacional como lo fueron las FARC. A día de hoy, de acuerdo con el más reciente informe del Secretario General, 13.613 excombatientes de las FARC continúan acreditados por el gobierno y vinculados al proceso de reincorporación y el partido FARC, ahora llamado Comunes, ha logrado subsistir a pesar de algunas rupturas en su interior.

Adicionalmente, las entidades del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición han continuado operando a pesar de los intentos de sectores políticos afines al gobierno de reformarlas o eliminarlas. Por ejemplo, el informe del Secretario General resalta que 22 de los 26 agentes del Estado acusados por presentar civiles asesinados como bajas en combate reconocieron su responsabilidad ante la JEP. Tales avances sirvieron para que el año pasado la Corte Penal Internacional cerrara su examen preliminar sobre la situación en Colombia. Además, en 2021 la Comisión de la Verdad logró que varios excombatientes de las FARC, ex paramilitares, y miembros de las fuerzas armadas reconocieran su responsabilidad en hechos victimizantes y pidieran perdón a sus víctimas. Por último, el año pasado la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas logró recuperar 169 cadáveres para devolverlos a los familiares de las víctimas.

Sin embargo, a pesar de que el presidente Iván Duque ratificó su compromiso con la implementación de lo acordado durante la visita del Secretario General de Naciones Unidas a Colombia, el balance frente al progreso en los puntos más transformadores del acuerdo aún es negativo. El más reciente reporte del Instituto Kroc muestra que, a octubre de 2021, había un avance mínimo o nulo en 73% de las disposiciones de la reforma rural integral. Pese a que el gobierno ha seguido comprometido con los planes de desarrollo con enfoque territorial (PDET) pactados con las comunidades en zonas afectadas por el conflicto, el Secretario General enfatiza que tan solo el 1.5% de las tierras destinadas para los campesinos han sido adjudicadas y que más de la mitad de las leyes relacionadas al acuerdo aún por aprobar pertenecen a este punto.

Frente al punto de la solución al problema de las drogas ilícitas, el 2021 fue otro año en el que el gobierno se alejó del espíritu del acuerdo de abogar por la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos para favorecer una aproximación más dura enfocada en la erradicación forzosa. Aún a la espera de datos oficiales frente a la producción de cocaína en 2021, expertos como Angélica Durán consideran que esta apuesta no dará mayores frutos, como ha ocurrido en años anteriores. Esta apuesta por la erradicación forzosa ha dejado sin financiación el programa de sustitución voluntaria, lo cual deja en vilo a más de 100.000 familias que firmaron acuerdos con el gobierno para reemplazar sus cultivos ilícitos por otros proyectos productivos legales. De no cumplir con esas familias en 2022, se corre el riesgo de seguir maltratando las relaciones entre las comunidades y el Estado en los territorios donde más se necesita fortalecer las instituciones estatales.

Fuente: elaboración propia con datos de Instituto Kroc

Por último, vale la pena enfatizar la situación de los excombatientes de las FARC. Luego de un 2020 en el que 74 de ellos fueron asesinados, en 2021 tales eventos disminuyeron un  27% en 2021 con 54 asesinados. En este sentido, el Secretario General destaca la utilidad de las medidas cautelares dictadas por la JEP y las acciones tomadas por el gobierno para aumentar los esquemas de protección y elaborar planes de evacuación. No obstante, más de 100 excombatientes tuvieron que desplazarse de su espacio de reincorporación en el sur del país tras amedrentamientos por parte de grupos disidentes. En el 2021 también hubo avances en la aprobación de proyectos productivos tanto individuales como colectivos para los excombatientes, quienes en su mayoría (alrededor del 77%) han salido ya de los espacios de reincorporación.

Los grandes retos para el próximo Gobierno

Actualmente hay más de 15 precandidatos (varios agrupados en grandes coaliciones) compitiendo por la presidencia y aún no es claro quién tomará la ventaja en las elecciones en mayo. Lo que se sabe es que el tema de la paz, a diferencia de las elecciones de 2014 y 2018, no estará entre los temas principales de la agenda. De acuerdo a la última encuesta de Invamer, la inseguridad ocupa la cuarta posición entre las prioridades del electorado, después de la corrupción, el desempleo y la economía. Sin embargo, a pesar de que los candidatos están más enfocados en responder al malestar en las grandes ciudades causado por el impacto económico de la pandemia, quien llegue a la presidencia tendrá que asumir grandes retos en materia de paz después de cuatro años de un gobierno renuente a implementar lo acordado con las FARC.

En primer lugar, estará el de alcanzar consensos políticos alrededor de lo que queda pendiente del Acuerdo de paz. Aún faltan por aprobarse 36 leyes como la reforma política o el tratamiento penal diferenciado para cultivadores de cultivos ilícitos. Los cuatro años del gobierno de Duque estuvieron marcados por varios intentos del partido del gobierno de derogar las instituciones creadas por el acuerdo, por lo que un mayor consenso político alrededor de lo pactado con las FARC es clave para brindar estabilidad a su implementación.

Además, el aumento significativo de fenómenos como el desplazamiento forzado, el confinamiento, y los ataques contra la población civil obligan a reconsiderar la estrategia de seguridad actual. Expertos como Jorge Mantilla o Kyle Johnson sugieren que las fuerzas militares deben dejar de enfocarse en neutralizar a los cabecillas de los grupos armados para poner mayor énfasis sobre la protección de las comunidades en zonas con presencia de grupos armados. La captura de Otoniel en 2021 es un claro ejemplo de que neutralizar a los líderes de los grupos armados no conduce necesariamente al desmantelamiento de los  mismos y menos aún a la mejoría de los indicadores humanitarios en los territorios. Quien llegue al gobierno probablemente también tenga que avanzar en una reforma de la policía para evitar que los repetidos episodios de abusos de autoridad y violaciones de derechos humanos sigan ocurriendo.

También será interesante observar la aproximación que tomarán los candidatos a la posibilidad de reanudar los diálogos de paz con el ELN o las negociaciones para el sometimiento con del Clan del Golfo. La administración de Duque puso unas condiciones irrealistas al ELN para negociar y se cerró la ventana de oportunidad para avanzar en un acuerdo en la medida en que el ELN entró en fase de expansión. Abrir esa ventana nuevamente implicará reconsiderar las exigencias mínimas bajo las cuales se puede dar un diálogo y diagnosticar adecuadamente las condiciones necesarias para propiciarlo.

Por último, y quizás más importante, está reforzar la apuesta por el desarrollo territorial luego de que la pandemia golpeara la economía y debilitara las instituciones del Estado en varias zonas apartadas. Por un lado, como destaca Elizabeth Dickinson del International Crisis Group, retomar la educación presencial en zonas rurales y subsanar las consecuencias de su prolongado cierre durante la pandemia será fundamental para evitar el reclutamiento de menores. Por otro, se debe seguir trabajando en generar las condiciones para el desarrollo económico rural de acuerdo a las visiones y planes elaborador por las comunidades locales. En este sentido, el próximo gobierno podrá aprovechar la renovada atención a estos temas por parte de la administración de Joe Biden, luego de cuatro años en los que las administraciones de Trump y Duque se inclinaron por adoptar una estrategia que ha mostrado ser poco efectiva a mediano y largo plazo. Esta apuesta tiene el potencial de ayudar a reducir la fragilidad de las comunidades en zonas de conflicto, ofrecer alternativas a los cultivos ilícitos, y sanar las relaciones entre el Estado y las poblaciones locales que desconfían de éste luego de años de incumplimientos.

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