La captura de Otoniel en Colombia: ¿Fin del Clan del Golfo o recrudecimiento de la violencia?

Andrés Felipe Gómez González COLABORADOR

El sábado 23 de Octubre, en la región noroccidental de Colombia del Golfo de Urabá, el gobierno colombiano capturó al máximo comandante del Clan del Golfo, alias Otoniel. El operativo involucró a 500 miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas y contó con la participación de la inteligencia estadounidense y británica. Con este operativo, terminó la carrera delictiva del jefe del mayor grupo armado organizado sucesor de la desmovilización parcial de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a mediados de los 2000. Otoniel, quien asumió el liderazgo del Clan del Golfo desde la muerte de su hermano Alias Giovanni en 2012, había militado anteriormente en el EPL (Ejército Popular de Liberación) y en las AUC y sobre él pesaban más de 120 órdenes de captura por crímenes como homicidio, terrorismo, y narcotráfico.

Medios internacionales han replicado la narrativa del Presidente Iván Duque de que este es el golpe más grande al narcotráfico en Colombia desde la muerte de Pablo Escobar en 1993. El Ministro de Defensa Diego Molano ha incluso aseverado que con esta captura se puede hablar del fin del Clan del Golfo. Esta reacción grandilocuente del gobierno puede interpretarse en el marco de la necesidad urgente de mostrar resultados en materia de defensa. Con las elecciones presidenciales de 2022 cada vez más cerca, Duque, quien no puede reelegirse, busca definir su legado. Adicionalmente, la captura le permite reforzar la principal narrativa de su partido, la seguridad, en un momento en el que los indicadores de inseguridad vienen al alza.

 Durante el año 2021 ya se registran 77 masacres, mientras que para esta fecha en 2020 el número era de 70. Los ataques a defensores de derechos humanos no han logrado disminuir desde la llegada de Iván Duque, y tan solo en el primer semestre de 2021 se registraron 58 asesinatos. La producción potencial de cocaína, una cifra de particular importancia para este gobierno, también aumentó 8% entre el año 2019 y el 2020 a pesar de que se redujo el área de cultivos de coca.

En ese sentido, este golpe al Clan del Golfo es significativo en la medida en que esta organización es de las más relevantes a la hora de entender las dinámicas actuales del conflicto armado y el narcotráfico en Colombia. Desde su surgimiento en 2006 en el Urabá antioqueño, este grupo armado se ha dedicado principalmente al negocio de narcotráfico y la explotación de otras economías criminales. Con el vacío de poder en varios territorios tras la desmovilización de las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo), el Clan se ha extendido  a regiones del país como el Chocó,  Catatumbo, el Caribe y Nariño hasta el punto de contar con más de 3000 integrantes.

Esta expansión ha acarreado la intensificación del conflicto en estas regiones. Por ejemplo, en el Chocó el Clan del Golfo lidera una batalla frontal con el ELN (Ejército de Liberación Nacional), la cual ha resultado en repetidos desplazamientos de miles de personas que habitan en la zona. En el sur de Córdoba y el Bajo Cauca antioqueño los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y su disidencia los Caparros ha dejado más de 150 muertos en 2020.

Es precisamente por esta importancia del Clan del Golfo que en 2015 el gobierno de Juan Manuel Santos había lanzado la Operación Agamenón, la cual pretendía desmantelarlo y capturar a su líder intensificando las operaciones de las fuerzas armadas y la policía en la región del Nudo de Paramillo, al noroccidente de Colombia. La presión ejercida por esta operación, y la puerta que abrió el proceso de paz con las FARC-EP para el desmonte de las organizaciones sucesoras del paramilitarismo, llevó a que el gobierno y Otoniel iniciaran negociaciones en 2017 para el sometimiento a la justicia del Clan del Golfo. Esta posibilidad se diluyó con el tiempo, y en 2017 se elaboró la Operación Agamenón II para redoblar los esfuerzos de capturar a Otoniel y acabar con el Clan del Golfo. Esta operación ya había permitido la captura o muerte de varias fichas claves de la organización, como la pareja de Otoniel alias La Flaca o alias Marihuano. Finalmente, el sábado pasado se llegó al punto más alto de esta operación con la captura de Otoniel. 

Sin embargo, a diferencia de lo que afirma el Ministro de Defensa, la captura de Otoniel está lejos de ser el final del Clan del Golfo. En cambio, y de acuerdo a expertos y a habitantes en las regiones de influencia del clan, es probable que la reacomodación de este grupo traiga consigo más violencia en las zonas donde opera. Según varios expertos, la captura de Otoniel puede resultar en una disputa por el poder entre los distintas cabecillas de la organización. Por el momento, dos de ellos, alias Chiquito Malo y alias Siopas, parecen estar dispuestos a asumir el mando de las estructuras que respondían a Otoniel. Esta disputa, más el quiebre de la confianza dentro de la organización tras esta operación, pueden causar un aumento de la violencia y los enfrentamientos en varias zonas del país como el Urabá, Chocó, y  Catatumbo.

Con o sin disputa por el liderazgo de la organización, se debe tener en cuenta que, a diferencia de organizaciones de estructura jerárquica como las FARC-EP, el Clan del Golfo opera como una red de varios grupos locales que se coordinan pero que también cuentan con un alto grado de autonomía. Los analistas Luis Fernando Trejos y Reynell Badillo destacan que esta estructura permite que la organización no se desestabilice por completo después de perder a su cabecilla. Por ende, es de esperarse que estos grupos sigan ejerciendo control territorial en varias zonas del país y manteniendo las disputas con otros grupos armados organizados.

Adicionalmente, está por verse la magnitud de las medidas de retaliación que tome el Clan del Golfo para vengar la captura de Otoniel. Por ejemplo, este martes ya se han registrado dos ataques al ejército que han resultado en cuatro soldados muertos. El Clan ya ha realizado este tipo de acciones en el pasado, como en la muerte de Alias Giovanni, alias Inglaterra, o alias Marihuano. En estas ocasiones, el Clan ejecutó “planes pistola”, que consisten en ofrecer recompensas monetarias a quienes asesinen a integrantes de la policía o de las fuerzas armadas. En el último plan pistola después de la muerte de Marihuano a principios de este año, alrededor de una decena de policías fueron asesinados en el Urabá y Chocó.

Este escenario obliga a las fuerzas armadas a no bajar la guardia en su lucha contra el Clan del Golfo. Vale la pena insistir en que las soluciones al problema del narcotráfico y el conflicto en Colombia siguen pasando por la transformación de los territorios apartados y una presencia de instituciones estatales que permita mejorar la relación entre el Estado y las comunidades locales. En ese sentido, aún quedan pendientes varios elementos cruciales contemplados en el acuerdo de paz con las FARC-EP en materia de desarrollo rural y sustitución de cultivos ilícitos. El programa de sustitución voluntaria, pensado para apoyar a familias productoras de coca a transitar a cultivos lícitos,  ha estado desfinanciado en la medida en que el presidente Duque prefirió apostar por la erradicación forzada. Tal apuesta, a pesar de que ha llevado a una leve reducción de las hectáreas sembradas de coca, ha roto la poca confianza de los campesinos de varias regiones en el Estado y por ende facilita la permanencia de grupos armados ilegales como el Clan del Golfo en el territorio. Con respecto al desarrollo rural, el último informe del instituto Kroc sobre la implementación del acuerdo muestra que el 82% de las disposiciones en esta materia llevan avances mínimos o nulos.

Precisamente, esta aproximación enfocada en el desarrollo rural es la dirección por la que se ha inclinado el gobierno de Joe Biden, como ha quedado establecido en la Estrategia Antinarcóticos hacia Colombia publicado esta semana. El documento le cierra la puerta a la gran apuesta de Duque de traer de regreso la fumigación de cultivos ilícitos con glifosato y hace énfasis en la importancia de la implementación de lo acordado con las FARC para luchar contra el narcotráfico. Con el gobierno de Iván Duque a menos de un año de terminarse, la nueva persona que asuma la presidencia tendrá el reto de adaptar su estrategia frente al narcotráfico a estos nuevos lineamientos que llegan desde la Casa Blanca y a la adopción de estrategias más sostenibles, lo cual puede brindar mayor optimismo en los territorios afectados por el accionar del Clan del Golfo. Mientras tanto, la captura de Otoniel es una victoria que le sirve a Duque para consolidar su legado e impulsar la bandera de seguridad de su partido de cara a las próximas elecciones, pero cuyos efectos tanto en la reducción de la violencia como en las dinámicas del narcotráfico serán bastante limitados.