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Argentina: últimas imágenes del naufragio

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En apenas dos años de gestión, el gobierno de Fernando De la Rúa logró el triste record de asesinatos perpetrados por las fuerzas de seguridad el Estado despues de 1983. El jueves 20 de diciembre, en la zona que va del Congreso a la Plaza de Mayo, fueron baleadas 25 personas. Cinco murieron. A todos les dispararon a la cabeza o al pecho, entre las 15.30 y las 16.45, con balas de 9 o 10 milímetros, probablemente de armas policiales. Las primeras conclusiones que surgen de las investigaciones llevadas a cabo por la jueza María Cervini de Cubría hablan de una matanza planificada. La jueza pretende establecer cómo fueron los homicidios y cómo se transmitió la orden. El ex presidente De la Rúa aparece como el primero de los responsables en la línea de mando que provocó la masacre. La denominada pueblada ha dejado un saldo de 26 muertos. Uno de esos cuerpos, desangrándose en las escaleras del Congreso, es la perfecta metáfora de un pueblo saqueado por un modelo de acumulación económica, implantado por la dictadura militar de 1976 y profundizado por los sucesivos gobiernos democráticos, que solo tuvieron oídos para las demandas del capital financiero. El resultado: estancamiento y recesión económica, crecimiento exponencial de la pobreza, el desempleo y la desigualdad social, aumento de la delincuencia y destrucción del tejido social. Durante la interminable sesión de la Asamblea Legislativa de la noche del 22 de diciembre, las cadenas televisivas transmitieron la incontenible alegría del peronismo, que cantaba, jubiloso, en el Congreso. La sonrisa del flamante presidente Adolfo Rodríguez Saá no encajó bien en el paisaje de una ciudadanía desbastada.

Las medidas anunciadas en estos días apuntan a descomprimir la tensión social: la suspensión del pago de la deuda externa, recorte de sueldos de diputados y senadores, la puesta en circulación de una nueva moneda –el argentino- con la que se pagaran los sueldos de empleados públicos y los nuevos subsidios de empleos para desocupados, a través de planes de
forestación, obras públicas, tareas de limpieza en hospitales y escuela. Se pretende crear así un millón de nuevos puestos de trabajo. A diferencia del sometimiento de Carlos Menem y Fernando De la Rúa al capital financiero corporizado en los grandes bancos extranjeros, los primeros indicios anuncian un acercamiento del nuevo gobierno con los representantes de los sectores productivos. Como telón de fondo, la
candidatura de Rodríguez Saá a las elecciones presidenciales del próximo 3 de marzo o la posibilidad de cumplir el mandato hasta el año 2003.

Por el momento, la paridad peso dólar se mantiene. Algunos sectores, como la transnacional italiana Techint, cuyo vocero es la Unión Industrial Argentina, persiguen la devaluación. Otros, como las empresas prestadoras de servicios, al estilo Telefónica, Repsol o BBV,  pretenden la dolarización. El ex presidente español Felipe González devenido lobbysta y, en palabras del diario Página/12, cada vez más español y menos obrero y socialista, ha desembarcado en tierras porteñas para defender los intereses de sus representados.

La captación del la dirigencia política por los sectores hegemónicos es una de los elementos que explica el proceso de polarización social sufrido por la sociedad argentina en los últimos veinticinco años. La corrupción es componente estructural del sistema político y económico y lo visto hasta ahora no parece augurar cambios en este sentido. La renuncia de De la Rúa dejó clara la falta de una alternativa real. La tan ponderada ausencia de insignias partidarias es también señal de despolitización. El tiempo dirá si lo vivido en estos días ha sido un estallido coyuntural o
expresa un avance en la organización y la participación popular. Los 26 jóvenes muertos merecen un futuro distinto.

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