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10 años de Ottawa. Próxima cita: Cartagena de Indias

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Los países en negro han firmado el Tratado de Ottawa

(Para Radio Nederland)
Se cumple esta semana el décimo aniversario de la entrada en vigor de la Convención de Ottawa (también conocida como Tratado de Ottawa) que prohíbe la fabricación, almacenamiento y utilización de las minas antipersonal. Se trató, sin duda, de un hecho histórico ya que trataba de poner fin al uso de una de las armas más cobardes y de efectos más indiscriminados que se hayan puesto en marcha en la historia de la humanidad. Y fue también un hito, en la medida en que la Convención fue firmada gracias a la labor previa de muchas organizaciones de la sociedad civil que durante décadas habían hecho campañas para conseguir la prohibición de estos mortíferos artefactos.

Estas organizaciones fueron premiadas con el Nobel de la Paz, y ello supuso un reconocimiento a la labor de miles de personas que en todo el mundo habían presionado a sus gobiernos para que avanzaran en la eliminación de las minas antipersonal. Y es muy significativo el que entre las muchas organizaciones que participaron en la lucha contra las minas se encontraban desde grupos pacifistas y activistas por la paz agrupados en la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas (ICBL), hasta organizaciones como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y otras organizaciones humanitarias que habitualmente no participan en este tipo de campañas. Gracias al trabajo unido de todas y al protagonismo de algunos países como Canadá o Noruega se logró la Convención.

Tras la aprobación de la Convención 156 Estados la han ratificado, han destruido sus arsenales y paralizado la fabricación. Arsenales de millones de estos artefactos han sido destruidos. Más de 42 millones de minas se llevan destruidas hasta la fecha. Lamentablemente, otros 39 países no se han adherido todavía a este tratado y entre ellos se encuentran China, Estados Unidos y Rusia. Otros como Grecia, Turquía o Bielorrusia no han destruido totalmente sus arsenales. Pero sólo dos gobiernos las han utilizado en los últimos años: Rusia y Myanmar. Y a esto viene a sumarse que el empleo de minas antipersonales y artefactos explosivos similares por parte de grupos insurgentes de todo el mundo ha crecido, alcanzando, en algunos casos como Colombia, cifras verdaderamente alarmantes. Entre 1990 y 2008 más de 7.500 personas han sido víctimas en Colombia de las minas antipersonal, entre las que se encuentran 722 niños y 372 mujeres. La semana pasada una niña de 7 años murió a causa de la explosión de una mina y su hermano de 12 años quedó mutilado. Y otro duro ejemplo es que las tareas de acceso para recuperar los cadáveres de los indígenas awá, asesinados por las FARC hace unas semanas, sigue dificultada por estar minadas las rutas de acceso. En Colombia, además, el tipo de artefactos que se están empleando por parte de grupos armados, incluyendo a narcotraficantes, es de fabricación artesanal que hace muy difícil su detección y desactivación.

Por ello, no es de extrañar que el gobierno colombiano esté tratando de liderar la lucha internacional contra las minas antipersonal y las municiones sin explotar (MUSE) y se haya comprometido a organizar a finales de año, en Cartagena de Indias, la Segunda Conferencia de Revisión de la Convención de Ottawa. El vicepresidente Francisco Santos declaró en Ginebra que «esperamos que la conferencia de Cartagena sea una oportunidad sincera y franca de condenar, sin dudas, y sin ningún tipo de consideración ni justificación, sin posiciones permisivas ni tolerantes, a los grupos armados ilegales que emplean minas como parte de sus tácticas destructivas, que afectan a la libertad de movimiento y a las vidas de las poblaciones más vulnerables, no sólo en nuestro país sino en otros también».

En otros países que fueron víctimas de las minas y que están ahora en procesos de rehabilitación posbélica- como Angola, Mozambique o Camboya-, los avances son lentos pero visibles. «En el terreno, la Convención ha cambiado la situación real en decenas de países. Pero pese a ese éxito, demasiada gente vive aún afectada por terrenos sin desminar, demasiados supervivientes no tienen derecho a condiciones de vida dignas y sigue habiendo demasiadas minas almacenadas», denunció estos días Sylvie Brigot, directora ejecutiva de Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas (ICBL).

El gran problema de las minas antipersonal es precisamente ése. Son extremadamente baratas y de muy fácil colocación y, sin embargo, su retirada es un proceso arriesgado, largo y muy costoso, que hipoteca el desarrollo de las zonas afectadas durante décadas.

Diez años después de la entrada en vigor de la Convención de Ottawa los avances son grandes pero el mundo no está libre del riesgo de estos artefactos. Hay que seguir presionando para que los países que no han ratificado el Tratado lo hagan, y el presidente Obama debería avanzar en este sentido. En cualquier caso, próxima cita Cartagena.

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