Túnez, segunda oportunidad
De este modo, y mientras En Nahda conserva al menos 9 carteras, Laridi ha transmitido su voluntad de ampliar la base de representatividad política de su gobierno, aunque sin llegar en ningún caso a crear un gabinete exclusivamente tecnocrático, como había intentado sin éxito su antecesor en el cargo, Hamadi Jebali (desautorizado por su propio partido).
Para ello, como en la etapa anterior, Laridi ha logrado mantener en la coalición gubernamental tanto al partido laico Congreso para la República como al centroizquierdista Ettakatol (que conserva la delicada cartera de finanzas, de la mano de Elyess Fakhfakh). Asistimos, por tanto, a una nueva versión de la misma coalición que ya había acordado incorporarse al gobierno tras las elecciones de octubre de 2011.
El problema no es tanto que se repita la fórmula del tripartito, como el hecho de que desde la caída del dictador no se ha logrado todavía consolidar un rumbo de avance democrático irreversible. En el plano económico la situación no ha hecho más que empeorar, tal como muestra la estadística de un desempleo que oficialmente supera ya el 18% y el notable deterioro de la actividad turística (auténtico balón de oxígeno para las arcas nacionales) y de la inversión extranjera. Para tratar de enderezar el rumbo todavía queda por cerrar la negociación con el Fondo Monetario Internacional para la concesión de un préstamo de 1.780 millones de dólares; pero las autoridades económicas son bien conscientes de que para ello será necesario comprometerse en la adopción de reformas impopulares que, a buen seguro, llevará a los afectados a aumentar de nuevo la tensión en las calles.
En el social, nada ha logrado frenar el impulso de los salafistas (con el grupo Jabhat al Islah como más destacado), empeñados en forzar un modelo rigorista que no encaja con la tolerancia tradicional del islam tunecino. Cuentan con unos militantes progresivamente crecidos en sus críticas a lo que consideran escaso perfil islamista de En Nahda, mientras van ganando terreno en determinados círculos (incluyendo las universidades y la administración), en los que tratan de imponer vestimentas y comportamientos públicos que ponen en peligro la convivencia.
Además, en el terreno político, sigue pendiente la elaboración de una Constitución, mientras en el sur del país se repiten con frecuencia episodios de violencia protagonizados por grupos armados que no terminan de ser neutralizados por unas fuerzas de seguridad crecientemente cuestionadas.
