Sionistas y pacifistas: militares israelíes contra la ocupación

Las recientes sentencias de cárcel contra cinco objetores de conciencia de las fuerzas armadas israelíes se suman, en cascada, a los últimos casos de rechazo de militares de todos los rangos a participar en operaciones que contribuyan a mantener el sometimiento del pueblo palestino mediante la ocupación de Gaza y Cisjordania. Esta dinámica ha abierto una nueva brecha en la sociedad israelí, que probablemente se agrande en el futuro.

En los primeros años de su existencia como Estado, y tras desalojar a cientos de miles de palestinos de sus hogares, los gobiernos israelíes realizaron campañas destinadas explícitamente a destruir totalmente las poblaciones palestinas abandonadas o, en mayor medida, a dar acomodo en ellas a la creciente y sostenida oleada de inmigrantes judíos interesados en asentarse en el nuevo país. Con esa misma idea se decidió cambiar a nombre hebreo a los antiguos pueblos árabes, intentando de esta manera eliminar todo resto palestino. Desde entonces, los esfuerzos políticos y militares, con la colaboración de intelectuales y académicos israelíes, se encaminaron a excluir de la memoria colectiva del país la cuestión del pueblo palestino y sus refugiados. Los palestinos fueron despojados de sus tierras y de su identidad, bien expulsándolos hacia los países vecinos o, para los que decidieron pese a todo quedarse en lo que hoy es territorio israelí, convirtiéndolos en ciudadanos de segunda categoría. La ocupación de Gaza, Cisjordania y Jerusalén, en la guerra de 1967, se realizaría bajo las mismas premisas, atenazando a una población palestina, que hoy supera ya los tres millones de personas sólo en los Territorios Ocupados, mediante una administración militar durante más de tres décadas bajo el pretexto de la seguridad del Estado hebreo.

El hecho de que muchos israelíes consideren a su país como el último refugio para los judíos del mundo (un “bien absoluto” creado en respuesta al “mal absoluto” causado por el antisemitismo europeo culminado en el Holocausto), les impide asumir que su Estado haya nacido de una injusticia hecha a otro pueblo. De ahí que todavía en la actualidad, tanto dentro como fuera de Israel, sean pocos los que hayan reconocido la ilegalidad e injusticia de la ocupación militar y menos aún los que, asumiendo riesgos nada desdeñables, lleguen a denunciar los abusos y crímenes de las Fuerzas de Defensa Israelí (FDI) cometidos contra la población palestina. La mayoría siguen prefiriendo mirar hacia otro lado en lo referente a lo que sucede en los Territorios Ocupados desde 1967, o, en todo caso, tienden a justificarlo bajo la lógica de la necesaria respuesta contra la amenaza terrorista que los palestinos, en su conjunto, representarían para Israel.

En cualquier caso, en el bando pacifista israelí siempre ha habido voces a favor de la finalización de la ocupación, provenientes principalmente de los grupos políticos de izquierda y de movimientos sociales que, en muchos casos en contacto con sus contrapartes palestinas, van incrementando progresivamente su actividad contra las políticas de fuerza de su propio gobierno. No obstante, en un entorno regional tan crispado como el que se vive en la zona, estos grupos e individuos están sometidos no solamente a una crítica permanente sino también a la represión de sus actividades por parte de las autoridades locales y estatales. Las sospechas que generan entre amplios sectores de sus propios compatriotas, que incluyen acusaciones directas de traición a la causa nacional, reducen significativamente su posibilidad de adquirir un mayor peso en la sociedad y en la opinión pública israelí.

Sin embargo, las atrocidades cometidas por las FDI en el marco de una estrategia que da protagonismo absoluto al uso de la fuerza para acabar con la actual Intifada– incluyendo los llamados “asesinatos selectivos”, que suelen acabar no sólo con la vida del presunto terrorista, sino con la de sus acompañantes y la de muchos otros inocentes– han sacudido moralmente a muchos israelíes, que no ven una relación directa entre la supervivencia de Israel y la continuación de la ocupación. El convencimiento de que esa línea de acción no sólo es ineficaz para acabar con los problemas de seguridad existentes, sino que además supone un comportamiento incompatible con el carácter democrático y de defensa del Estado de derecho con el que las autoridades israelíes pretenden identificarse, ha llevado a un creciente rechazo social. Desde el pasado año ese sentimiento de rechazo no solamente encuentra eco entre diferentes grupos civiles sino que también arraigan entre los miembros de las fuerzas armadas.

Desde enero de 2002, un goteo de militares de diferente graduación se han declarado objetores, posición totalmente inusual en una sociedad militarizada como la israelí, y la abierta explicación de sus razones en los medios de comunicación nacionales ha convulsionado a la sociedad. Primero, 54 militares firmaron un comunicado señalando que la ocupación y represión del pueblo palestino no sirve a la defensa o seguridad de Israel. Poco después se creó el movimiento Coraje, al que se han incorporado casi 600 oficiales y soldados en la reserva que han declarado asimismo su objeción de conciencia. En septiembre de 2003 se sumó un grupo de 27 pilotos de la prestigiosa Fuerza Aérea y tres meses después, 13 militares del Sayaret Matkal, la unidad de elite de las fuerzas armadas, enviaron una carta al primer ministro, Ariel Sharon, expresando su negativa a participar en la prolongación de la opresión de Gaza y Cisjordania y en la negación de los derechos humanos de los palestinos. Aunque entre estos militares hay algunos considerados héroes por su historial en el campo de batalla, todos están expuestos a ser expulsados definitivamente de las fuerzas armadas y a ser severamente juzgados. Estos militares, que se describen a sí mismos como patriotas, defensores de Israel y sionistas convencidos, rechazan la ocupación y la consideran la raíz del conflicto actual. Por ende, estiman que la retirada de las FDI de los Territorios Ocupados es condición sine qua non para alcanzar la paz. Aunque en ningún caso se les puede calificar de ser “palomas” políticas, interesa destacar su convencimiento de que el principio “paz por territorios”, base del Proceso de Paz iniciado en 1991 y ahora abandonado, es válido para resolver el problema con sus vecinos, en tanto que entienden que Gaza y Cisjordania no son, ni deben ser, parte de Israel.

La reciente condena a un año de prisión contra cinco jóvenes objetores demuestra, por una parte, la creciente radicalización que sufre la sociedad israelí por el tema de la ocupación y, por otra, el nerviosismo que este tipo de comportamientos está generando en un gobierno centrado en exclusiva en la vía militar para resolver el problema con los palestinos. Su rebeldía está obligando a sus compatriotas a enfrentarse con ese “pecado de omisión” que les ha impedido cuestionarse seriamente no solo la moralidad o justificación de la ocupación, sino incluso, sus beneficios. Voces a favor y en contra se alzan en todos los sectores sociales para debatir sobre el futuro de unas fuerzas armadas obligadas a defender a colonos ultraortodoxos, localizados en unos asentamientos que, desde la perspectiva de la legalidad internacional, sólo pueden calificarse de ilegales. Aunque todavía es pronto para saber cómo puede evolucionar esta dinámica social, cabe imaginar que pueda ser la base para el surgimiento de un movimiento pacifista israelí más fuerte y coordinado, para quien el patriotismo se demuestre condenando la ocupación y defendiendo la convivencia con un Estado palestino.