Sáhara Occidental, barcos a casa
(Para Radio Nederland)
El tema era sobradamente conocido desde hace años: gracias a la complicidad interesada de la Unión Europea (UE), Marruecos venía obteniendo un considerable beneficio económico de la explotación pesquera de unos bancos (saharianos) que no le pertenecen.
Ha tenido que ser un eurodiputado finlandés, Carl Hanglund, el que ha impulsado un proceso que ha terminado con la decisión del Parlamento Europeo de no prorrogar el acuerdo de pesca firmado en 2006 entre la UE y Marruecos. Las reacciones no se han hecho esperar. La mayoría de los actores políticos afectados- sobre todo Marruecos, Comisión Europea y España- han mostrado su decepción y enfado.
En el contexto de las relaciones entre Marruecos y la UE los acuerdos de pesca han sido, simultáneamente, un asunto de controversia permanente y un buen negocio para las arcas marroquíes. En cada proceso negociador se ha producido una creciente presión marroquí para obtener mayores ventajas- fundamentalmente en fondos comunitarios, en opciones de trabajo para sus marineros y en la obligación de que la pesca obtenida tuviera que ser desembarcada en sus puertos- y una progresiva reducción del número de buques que pudieran contar con una licencia de pesca. En el actual acuerdo, firmado en 2006 por un periodo inicial de cinco años- aunque ya estaba prorrogado hasta febrero de 2012 y se suponía que habría acuerdo para extenderlo otro año más- se concedían 119 licencias de pesca a barcos comunitarios (de los que 100 eran para buques españoles).
Marruecos viene recibiendo a cambio 36,1 millones de euros anuales en compensación por la explotación de sus bancos de pesca- lo que incluye la explotación de la riqueza pesquera de los bancos saharianos, unas aguas que no son de ningún modo de soberanía marroquí. Ya en ocasiones anteriores, incluso la Comisaria de Pesca comunitaria, la griega Maria Damanaki, expresó sus reticencias a la primera prórroga del actual acuerdo, por entender que era insostenible pagar a Rabat por algo que no era suyo y que, además, no revertía en ningún beneficio significativo para la población saharaui local.
En todo caso, como en tantas ocasiones, la real polítik terminó por imponerse a los argumentos jurídicos o éticos y Marruecos pudo seguir disfrutando no solo de un ingreso indebido, sino también de un reconocimiento de facto de que esas aguas eran poco menos que suyas a todos los efectos. De ahí que ahora, la Comisión Europea se haya apresurado a expresar su descontento con la decisión de la Eurocámara, en la medida en que la decisión adoptada deja al descubierto las vergüenzas de una instancia comunitaria- y de unos países miembros- que han vuelto a mostrar la incoherencia entre los valores y principios que dicen promover y la defensa de intereses políticos que responden a otras agendas.
Marruecos, por su parte, ha obligado a todos los barcos comunitarios a abandonar sus aguas de inmediato. Con su gesto pretende forzar una revisión de la decisión adoptada este pasado día 14, sin entender quizás que no solo pone en peligro la firma de un nuevo acuerdo de pesca- que tendría que negociarse el próximo año-, sino incluso el que afecta a los intercambios agrícolas, un terreno de mayor peso en la economía marroquí. Aún así, su comportamiento puede entenderse fácilmente por tratarse de la misma táctica que tan buenos resultados le ha dado en el pasado, en su condición de actor mimado por Bruselas y otras capitales europeas.
Por lo que respecta a España, el gobierno se ha apuntado también a la crítica a la decisión del Parlamento Europeo. Aunque en primera instancia proclama su descontento por una decisión que va a aumentar a corto plazo el ya preocupante nivel de desempleo en algunas zonas (andaluzas y canarias principalmente), en el fondo entiende que lo ocurrido supone un desaire para su tradicional posición de aceptación de que Rabat se beneficie de la explotación de unas riquezas que no son suyas.
Llegados a este punto conviene recordar tres cosas. Por un lado, como recoge la argumentación de la Eurocámara, con este acuerdo se está llevando a cabo una sobreexplotación de los bancos pesqueros de una zona que no es de soberanía marroquí. Por otro, Marruecos no ha mostrado ningún interés por demostrar que la población local, como demanda el acuerdo, se beneficia directa y efectivamente de la pesca en sus aguas.
Además, en términos estrictamente contables, los datos del Parlamento Europeo vuelven a mostrar que por cada euro entregado por la UE en cumplimiento del vigente acuerdo solo se obtiene un ingreso de 83 céntimos. ¿No sería mejor subvencionar directamente a los pescadores comunitarios para crear alternativas de trabajo en otras zonas geográficas o, mejor, en otras áreas de actividad? Todo eso sin olvidar que, en las circunstancias actuales, los principales beneficiarios del acuerdo son significados actores políticos, económicos y de los cuerpos de seguridad del reino marroquí.