Postales argentinas I: La Gran Licuación
(Para Radio Nederland)
A menos de dos meses en el gobierno, las últimas medidas económicas anunciadas por el peronista Eduardo Duhalde dibujan un claro perfil de los ganadores y los perdedores del derrumbe argentino. El futuro inmediato traerá una nueva estatalización de las deudas de las grandes empresas, el aumento del desempleo y un crecimiento de la pobreza que ya castiga a la mitad de la población.
El Gobierno ha decretado la pesificación (1 dólar = 1 peso) de todas las deudas, incluidas las de las grandes empresas nacionales y extranjeras. El 0,2% de los deudores acumula el 50% del total adeudado. Entre ellos se encuentran grandes fortunas locales- como Macri, Pérez Companc, Pescarmona y Fortabat- y transnacionales- como Telecom, American Express, Telefónica e YPF-Repsol. La diferencia entre los dólares que debían y los pesos que ahora pagarán será cubierta por los ahorradores -cuyos dólares serán devueltos a 1,40 pesos, muy por debajo de la cotización vigente- y por el Estado, que emitirá bonos en dólares para compensar a los bancos.
La denominada licuación de la deuda privada aumentará en más de 16.000 millones de dólares la deuda pública, sobre un volumen total de deuda externa actual que ya supera los 147.000 millones de dólares (mientras tanto, el Ministerio de Economía cifra en 150.000 millones de dólares los depósitos de argentinos en el extranjero). Tal vez sea necesario recordar que los créditos externos han tenido como principales destinatarios a las grandes empresas que, en gran medida, han enviado ese dinero al exterior. Así sucedió durante el último gobierno militar cuando, en 1981, esa deuda privada fue estatalizada por Domingo Cavallo, entonces presidente del Banco Central, con el resultado de un endeudamiento externo adicional de 45.000 millones de dólares. El análisis comparado entre el aumento de la deuda y la fuga de capitales muestra comportamientos similares. Algunos cálculos indican que si el Estado dejara de subsidiar al capital concentrado, como ha hecho hasta ahora, Argentina no necesitaría recurrir a los organismos financieros internacionales ni aceptar sus salvajes condicionamientos.
El Gobierno define esta condescendencia con las empresas privatizadas y el sector agroexportador como un paso necesario para que “las empresas se revitalicen y el aparato productivo comience a funcionar”. Sin embargo, el peso de las exportaciones argentinas en su PIB es del 8%, el cuarto más bajo del mundo después de Burundi, Ruanda y Haití. Por ello, el economista Eduardo Basualdo considera que deberían pasar muchas décadas para que las exportaciones puedan tener una incidencia significativa en el PIB y asegura que un modelo exportador basado en productos agroindustriales y energéticos tiene un impacto muy bajo en la creación de empleo. Pero hay más. Los oligopolios ahora beneficiados vendieron algunas de sus empresas en dólares y han invertido o depositado gran parte de ese dinero en el exterior. Pérez Companc ha enviado a las Islas Caimán, Brasil, Perú, Ecuador y Bolivia cerca de 1.400 millones de dólares. Macri se llevó a Brasil 540 millones. Entre 1992 y 1999 los once grupos económicos más poderosos de Argentina cerraron ventas por 6.750 millones de dólares y solo reinvirtieron en el país 1.620 millones.
En cuanto a las empresas privatizadas, durante el período de dolarización (paridad 1 peso = 1 dólar) aumentaron sus tarifas un 104 %. El teléfono, por ejemplo, es cuatro veces más caro que en Estados Unidos y duplica los precios de España. Algunos servicios que Telefónica ofrece gratuitamente en su país de origen, como el contestador automático, en Argentina se cobran. Veintiséis de las empresas privatizadas ganaron más de 16.000 millones de dólares entre los años 1993 y 2000, lo que equivale a 3.800 dólares por minuto, cifra que multiplica por diez un sueldo medio argentino. Ahora, ante la pesificación de sus tarifas, reclaman que el Estado subsidie sus insumos importados.
A este grupo pertenecen las empresas por las que el Gobierno español no ha dejado de presionar al ejecutivo argentino. El 25% de las inversiones del capital español en el extranjero se encuentra en Argentina, concentrado principalmente en las empresas públicas vendidas durante el escandaloso proceso de privatización del gobierno de Carlos Saúl Menem: 54% en energía, 31,7% en servicios e infraestructuras, 9,4% en bancos y el 4,9% en comercio e industria. Durante el año pasado, su facturación fue de 10.400 millones de dólares. Telefónica y Repsol obtuvieron en el mercado argentino, respectivamente, el 26 y el 40 % de sus ganancias a nivel mundial. Como se ve, no a todos les ha ido mal en un país que el Financial Times no dudo en catalogar como república bananera. Algunos han disfrutado, y a pleno, de la fiesta “Menemista”.
