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Por lo que hemos visto en la campaña, España está fuera del mundo

Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra

Para eldiario.es

La política internacional y de seguridad y defensa no tiene cabida en debates ni programas electorales: pareciera que España estuviera aislada, fuera del mundo.

Los ciudadanos deberían conocer las posiciones de los diferentes partidos en asuntos relativos a la Unión Europea o la participación en la OTAN.

España gasta anualmente en defensa unos 16.000 millones de euros y el riesgo de las misiones internacionales desplegadas suponen riesgos considerable.

Si atendemos al tiempo y espacio que ocupan la política internacional y la política de seguridad y defensa en los debates y programas electorales de los principales partidos, cabría concluir que España está fuera del mundo. Ese vacío solo tendría sentido si nos encontrásemos aún en la dictadura franquista –expulsados del concierto internacional– o si, milagrosamente, todas las fuerzas políticas hubieran llegado al convencimiento de que se trata de políticas de Estado y, por tanto, hubieran acordado las líneas maestras de lo que España debe hacer ahí fuera y la manera de defender sus intereses frente a amenazas y riesgos que puedan afectarnos. Pero la realidad es muy distinta.

Ninguno de los dirigentes debe pensar que con esos temas vaya a ganar votos. A ese argumento se suele sumar el de que, renunciando a una elemental labor pedagógica para crear opinión pública, suponen que a la ciudadanía no le interesan esos temas. Pero actuar de ese modo implica no asumir que en el mundo globalizado que nos toca vivir es imposible ya separar la seguridad interior de la exterior y que, además, el altísimo nivel de interdependencia que define nuestros días nos obliga a prestar atención preferente a lo que ocurre a nuestro alrededor.

España es una potencia media con intereses globales. Resulta obvio, en un momento en el que el multilateralismo está en crisis ante el empuje proteccionista estadounidense, que solo a partir de la suma de fuerzas con otros podremos tener alguna opción de influir en dinámicas que superan nuestras limitadas fuerzas y de encontrar apoyos para defendernos de lo que pueda afectarnos. Y eso, por imposición básicamente geopolítica, se llama Unión Europea (UE). Es ahí dónde se decide más de la mitad de todas las normas que regulan nuestras vidas y es ahí donde empieza o termina en torno al 70% de todos nuestros intercambios comerciales.

Además, con todos los errores e incoherencias incluidas, es con ese grupo de democracias con las que más estrechamente compartimos valores y principios. La UE debería ser, por tanto, un asunto central en cualquier agenda política española, tanto si lo vemos desde la perspectiva económica (somos la cuarta economía de la eurozona y nuestro bienestar depende sobremanera de lo que allí se decida) como política (procurando ser parte, con Alemania y Francia, del núcleo duro interesado en dotarse de una voz única).

Y, sin embargo, en el marco actual de euroescepticismo en auge, es ya un lugar común achacarle todos los males imaginables, como recurso clásico para evadir las responsabilidades propias. Y todo ello sin reparar en que es el mínimo techo protector que nos ha permitido convertirnos en los más privilegiados ciudadanos del planeta, tanto en términos de bienestar como de seguridad. Es igualmente la mínima plataforma desde la que podemos aspirar a responder adecuadamente a la desigual globalización que está generando tantos perdedores no solo en nuestra vecindad sino también en nuestro propio suelo, al cambio climático, a la proliferación de armas de destrucción masiva, al terrorismo internacional o a los efectos de unos flujos migratorios descontrolados.

Todo ello sin olvidar que tanto el mundo árabe (no solo parte de nuestra propia identidad sino importante suministrador energético, origen de muchos inmigrantes y salpicado de procesos de movilización ciudadana ante los que no podemos enmudecer) como el latinoamericano (nuestro mayor activo político es, con diferencia, el compartir lengua con 500 millones de personas) nos demandan una atención que en demasiadas ocasiones solo se queda en palabras. ¿Apuestan los candidatos por una España fortaleza o por implicarnos en el objetivo de un mundo más justo, más seguro y más sostenible? ¿Con qué recursos? ¿Con qué prioridades?

Aplicado al terreno de la seguridad y defensa también necesitamos saber qué piensa quien mañana pueda ocupar la Moncloa sobre nuestro nivel de participación en la OTAN (con el horizonte de 2024 para llegar al 2% del PIB dedicado a la defensa) o si cree que ya ha llegado la hora de apostar decididamente por la autonomía estratégica que propugna la UE, con el objetivo último de librarnos de la prolongada subordinación a Estados Unidos. España gasta anualmente en defensa unos 16.000 millones de euros y despliega sus fuerzas en misiones internacionales que suponen riesgos y compromisos que bien merecen alguna consideración. Y lo mismo cabe decir sobre nuestra política de comercio de armas (somos el séptimo exportador mundial), nuestra política de inmigración (cuando ya el 10% de la población es de origen foráneo) o la cooperación al desarrollo (que es la política pública que más se ha reducido desde el inicio de la crisis).

Pero hasta hoy, y sin que sirva de disculpa que en un mes habrá elecciones al Parlamento Europeo, no sabemos prácticamente nada de lo que nuestro próximo presidente de gobierno piensa sobre estos temas.

FOTOGRAFÍA: Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. EFE

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