Por fin juzgan los «Ríos de Sangre» guatemaltecos

«Hubo desmanes, pero yo no estuve enterado», (General Efraín Ríos Montt, máximo responsable guatemalteco del genocidio maya en 1982-1983).

El pasado mes de Marzo, dio comienzo un juicio histórico. Efraín Ríos Montt marcó la segunda mitad del siglo XX en Guatemala y, tras una ardua lucha de muchos años, al fin, las víctimas de las de las atrocidades cometidas bajo el mandato del ex general, finalmente pudieron verle sentado en el banquillo, juzgado por crímenes contra la humanidad, acusado de genocidio, torturas y abuso de autoridad. Nada menos que un alto militar guatemalteco requerido por la Justicia, afrontando cargos por crímenes de guerra, es un fenómeno excepcional y sin precedentes en América Latina, pero es especialmente relevante que esto ocurra en Guatemala, donde un sistema judicial inoperante o débil, por decir lo menos, ha avalado la impunidad en el pasado y durante largos años. En base a lo anterior, podemos decir que este proceso es un indicio de que las cosas están cambiando, gracias en parte a las reformas en el aparato judicial, realizadas con el apoyo internacional. El juicio, que comenzó el 19 de Marzo, ha enfrentado a Guatemala y ha constituido un testimonio estremecedor de las heridas que aún hoy sangran en el país centroamericano.

Según relata El País «el 23 de marzo de 1982, un grupo de oficiales jóvenes del Ejército de Guatemala, cansados de la corrupción imperante en la cúpula militar que detentaba el poder y cuya brutalidad había dejado al país aislado del contexto internacional, depuso al sanguinario general Romeo Lucas García y elevó al poder a un general retirado de 55 años llamado Efraín Ríos Montt» que detentó el poder durante tan solo 16 meses, apenas más de un año, pero cuyo protagonismo político en el pequeño país centroamericano se ha hecho visible durante décadas, ya que no se retiró del mundo político hasta hace un año, cuando entregó su acta de diputado de su partido el pasado enero de 2012, finalizando así la inmunidad que le mantenía protegido de la justicia. De este modo, hace ahora un año, perdió su condición de parlamentario y su consiguiente inmunidad judicial, retirándose de la vida política con 85 años, tras vivir impunemente durante treinta años.

El juicio por genocidio abierto en Guatemala al general Efraín Ríos Montt ha vuelto a enfrentar al país centroamericano con los horrores de su pasado. La guerra de 36 años (1960-1996) entre el Estado y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) dejó, según calculó la Comisión de la ONU, 200.000 muertos, la mayor parte a manos de los militares y en su mayoría en las zonas rurales indígenas. Un reciente artículo publicado en El País, desvela que «los informes citados por organizaciones humanitarias, estiman que durante el mandato de Ríos Montt, unos 10.000 guatemaltecos, en su mayoría indígenas, fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales y sus cuerpos sepultados en fosas comunes, o dejados a merced de las intemperies climáticas». La brutal represión obligó al campesinado a buscar refugio en campamentos mexicanos, provocando la huida de más de 100.000 desplazados. El informe publicado en 1999 por la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), auspiciada por la ONU, dio cumplida cuenta de las atrocidades perpetradas contra la población civil, fundamentalmente por parte de las fuerzas militares. En concreto, documenta 448 aldeas literalmente borradas del mapa y 1.771 muertes de indígenas entre 1982 y 1983, de las cuales Ríos Montt deberá responder.

Aún así, el líder golpista y su colega el general José Mauricio Rodríguez están siendo juzgados por 15 masacres —de las 472 perpetradas bajo la presidencia de Ríos Montt— en las que murieron 1.771 ciudadanos en su mayoría indígenas y casi la mitad, niños de hasta 12 años, de la etnia Ixil en Quiché Norte. Y aún hay un segundo proceso en curso por la muerte de 250 campesinos en Petén, zona de tránsito de la droga, controlada por mafias mexicanas como los Zetas y el cartel de Sinaloa.

Las denuncias se suceden y coinciden en reproducir y reconocer la misma pauta en los ataques, cambiando únicamente el lugar y la fecha. Más de la mitad de los testigos propuestos por el Ministerio Público han declarado en el juicio culpando al ejército guatemalteco por asesinatos en masa contra comunidades y por arrasar comunidades y aldeas enteras si se consideraba que pertenecían o podrían aliarse con las guerrillas opuestas al gobierno de esa época.

Para el proceso judicial emprendido el 19 de Marzo, la fiscalía ha presentado 205 testimonios entre peritos y testigos, marcando un juicio cuya duración se prolongará hasta que el último de ellos preste su declaración, y convirtiendo a Guatemala en el primer estado que, a nivel mundial, es capaz de juzgar a un antiguo mandatario del estado por genocidio en su propio país, sin recurrir a un sistema internacional.

Por todo lo anterior, la UNAMG, ha elaborado el documento «La violencia sexual es parte constitutiva del Genocidio», que también ha sido firmado por algunas organizaciones de mujeres y de Derechos Humanos de Guatemala, cuya pretensión es denunciar que la violación sexual está tipificada en el artículo 376 del Código Penal Guatemalteco como delito de lesa humanidad y/o crímenes de guerra y/o del delito de genocidio, y señalando que ese delito se cometió muchas veces y de muchas formas durante el mandato de Ríos Montt.

Estas violaciones no fueron sólo graves delitos perpetrados contra las mujeres, ya que no se trata de acciones individuales realizadas por «algunos soldados» de manera particular o personal, sino que, fueron prácticas feminicidas que, amparadas por una cultura patriarcal, utilizaron los cuerpos de las mujeres como un ejercicio de demostración de poder, y de absoluta degradación y humillación humana.

De esta manera, son precisamente todos los testimonios hasta ahora presentados de las mujeres mayas Ixiles y de las Q’eqchi’es que sufrieron esclavitud sexual, los que nos permiten entender que «la violencia sexual cometida contra mujeres como estrategia de terror, respondía a patrones sistemáticos que demuestran que eran parte de la estrategia militar contrainsurgente», llevada a cabo con la intención someter a las mujeres, sus familias y comunidades. Por lo tanto, es posible afirmar que la actuación del ejército y las acciones llevadas a cabo por sus soldados, no sucedían sin la autorización y el conocimiento de sus superiores.

En base a todo lo anterior, el documento «La violencia sexual es constitutiva de genocidio», recuerda que sí hubo un genocidio (frente a los defensores de Montt, que estos días se han esforzado en negarlo), denunciando que esta violencia sexual no fue más que una política aplicada sistemáticamente por el gobierno para destruir a las víctimas, pero también para destruir a las comunidades a las que pertenecían, a partir de la degradación y humillación de sus mujeres. Por todo esto, las organizaciones firmantes del mismo claman un rechazo absoluto hacia aquellas «declaraciones vertidas desde el desconocimiento y la misoginia, en las cuales se pretende desvincular este crimen del genocidio», a la vez que manifiestan la idea de que esta violencia sexual contra las mujeres, en el marco del genocidio «constituyó un medio idóneo para la destrucción del grupo, dado que entre sus múltiples efectos están la intención de imposibilitar la reproducción biológica y social, el desplazamiento masivo de la población y mantiene efectos emocionales desestructurantes, tanto a nivel individual como colectivo en el largo plazo, los cuales inciden en la ruptura del tejido social y comunitario.»

Tanto bajo el prisma del derecho internacional humanitario, como de la moral militar actual, no existe refugio jurídico ni moral para el general Ríos Montt. Sólo hay dos opciones: o bien, él mismo ordenó las atrocidades del genocidio contra la población maya, o bien las permitió sistemáticamente, y en ambos casos la responsabilidad le alcanza de pleno. Finalmente, está ocurriendo lo que durante décadas pareció imposible en un país como Guatemala, y es que uno de los máximos criminales latinoamericanos se siente finalmente ante sus jueces, aunque todavía hay muchas presiones y amenazas que forman parte del precio a pagar por el intento de hacer justicia en aquella sociedad, una de las más desiguales, injustas y desgarradas de América. Es precisamente esa cultura de la impunidad, que ha prevalecido en el pequeño país centroamericano por muchos y largos años, la que se está juzgando en este proceso, lo que nos induce a pensar que, efectivamente, Guatemala se encuentra inmersa en un proceso de cambio, que quizás permita finalmente la construcción de una sociedad más igualitaria y justa, especialmente para las mujeres.

Para consultar con detalle el documento «La violencia sexual es constitutiva de Genocidio», puede consultarse con detalle en el siguiente enlace:

http://es.scribd.com/doc/135190652/Violencia-Sexual-Genocidio

Información adicional:

Video «Guatemala recuerda a víctimas de guerra» http://www.informador.com.mx/internacional/2013/440144/4/guatemala-recuerda-a-victimas-de-la-guerra.htm

Fuentes noticia:

http://internacional.elpais.com/internacional/2013/03/21/actualidad/1363892767_535883.html

http://internacional.elpais.com/internacional/2013/03/18/actualidad/1363639880_080393.html

www.internacional.elpais.com

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