Ola de represión contra los activistas políticos de la minoría árabe dentro de Israel
Israel apenas se molesta ya en mantener las apariencias, poniendo en cuestión su supuesta condición de única democracia en Oriente Próximo. En todo caso se trata de una democracia muy enferma, como queda de manifiesto con los métodos represivos que emplea contra los miembros de la sociedad civil, no solo palestina sino también israelí, que luchan contra la ocupación y por la defensa de los derechos humanos, sin distinciones de ningún tipo.
Quizás el síntoma más grave de esta enfermedad es que la sociedad israelí respalde estos métodos represivos. Una encuesta de opinión revela que la mayoría de los israelíes apoya el oprobio que sufren actualmente las organizaciones de defensa de derechos humanos. La encuesta- realizada por el Tami Steinmetz Center for Peace Research, de la Universidad de Tel Aviv, sobre una muestra representativa de 500 personas- indica que el 57,6% de los encuestados consideran que las organizaciones que condenan la inmoralidad de la conducta del Estado de Israel no deberían ser autorizadas a actuar libremente1.
En esa misma línea, un grupo de 19 diputados presentó en la Knesset, el 28 de abril, una proposición de ley para ilegalizar a las organizaciones que abordan o tratan el tema de los crímenes de guerra de Israel2.
Esta estrategia represiva se plasma día a día en un incesante proceso de detenciones de activistas palestinos e israelíes. La más reciente ha sido la detención de dos activistas árabe-israelíes, Omar Sayid y Amir Makhul, acusados de espionaje y colaboración con Hezbolá. Sayid, militante del partido Balad, fue apresado el 24 de abril, y Makhul, líder de la Unión de Asociaciones Comunitarias Árabes y presidente del Comité Popular de Defensa de las Libertades Políticas, fue arrestado por la Shabak el 6 de mayo cuando se encontraba en su domicilio.
Como parte del mismo enfoque represivo, el gobierno israelí ha impedido viajar a varios activistas (Shawan Jebarin, directora de Al Haq, entre muchos otros). Todo ello forma parte de una estrategia de represión a gran escala, que incluye también los asaltos o redadas a las oficinas de distintas organizaciones no gubernamentales, en las que se confisca material de trabajo, sin olvidar la práctica creciente de negar visados para los cooperantes internacionales que pretenden desarrollar su labor en el Territorio Palestino Ocupado (TPO). La plasmación más evidente de este medida es la orden militar 1650, adoptada el pasado 13 de abril, que amplía la definición de quién puede ser considerado como infiltrado y que obliga a todas las personas presentes en el TPO a tener una autorización o permiso de Israel sin el cual pueden ser deportados de inmediato.
Un elemento adicional de preocupación es que estas últimas detenciones son un síntoma más de la discriminación que sufre la comunidad árabe dentro de Israel (que representa un 20% de la población total del país). Aunque su situación no suele ser noticia en los medios de comunicación, el deterioro es cada vez más evidente desde la conformación del actual gobierno en el que han ido tomando fuerza posturas cada vez más extremistas (como las que representa el abierto racismo de líderes como Avigdor Lieberman, en su intento por crear una atmósfera de hostilidad general hacia esta comunidad). Los árabes dentro de Israel han sufrido constantes confiscaciones de tierras y demoliciones de casas, incluso más que los palestinos del TPO, y son víctimas de discriminaciones a nivel institucional. Baste recodar que al no poder realizar el servicio militar en Israel se ven privados también de muchos beneficios que sólo se conceden a los ciudadanos que lo han realizado (hipotecas ventajosas, exenciones fiscales, trato de favor para conseguir vivienda, acceso privilegiado a empleos públicos…).
Ante una nueva muestra de pasividad por parte de la comunidad internacional, los que en Israel siguen creyendo que lograrán imponerse por la fuerza a sus vecinos sienten que disponen todavía de un amplio margen de libertad para proseguir con su estrategia de fuerza y desprecio por la ley internacional y los derechos humanos. Se empeñan en seguir un camino equivocado, …pero nadie parece dispuesto a detenerlos.
Notas:
2.- Se trata de la Associations (Amutot) Law (Amendment – Exceptions to the Registration and Activity of an Association), 2010″, cuyo objetivo es cerrar o impedir la creación de cualquier asociación que proporcione información a entidades extranjeras o que esté implicada en acciones legales emprendidas contra el gobierno israelí (como la persecución por crímenes de guerra).
