México en la política migratoria de los EEUU
(Para Radio Nederland)
El anuncio de una posible amnistía para los más de 3 millones de mexicanos indocumentados, junto con el proyecto de un nuevo programa de reclutamiento de trabajadores extranjeros, han reavivado el debate sobre el impacto de la inmigración en los Estados Unidos. Tanto la administración Bush, como el gabinete del presidente mexicano Vicente Fox, están preparando una reunión del Grupo de Alto Nivel para el próximo 9 de agosto, como antesala del encuentro entre los dos mandatarios a principios de septiembre en la Casa Blanca. La política migratoria será un tema crucial en ambas agendas.
La última amnistía llevada a cabo en EEUU en 1986 regularizó a 2.7 millones de indocumentados. Datos recientes estiman entre 6 y 9 millones el número de sin papeles, hasta el momento la cifra récord. Un reciente informe elaborado por el Center for Immigration Studies (CIS) señala que de los 28 millones de personas de origen extranjero residiendo en los EEUU, 8 millones son mexicanos.
Algunos analistas ven el trato preferencial con los inmigrantes mexicanos como el paso lógico en el desarrollo del Tratado de Libre Comercio (TLC), hacia la creación de un mercado de trabajo común. La presencia de millones de inmigrantes indocumentados trabajando en los EEUU refleja las demandas del mercado laboral norteamericano, que empezaron con la agricultura pero que en la actualidad incluyen otros sectores de bajos salarios, como la industria hospitalaria, el textil, la salud y la hostelería. Desde esta visión, la amnistía garantizaría los derechos humanos básicos de los inmigrantes y la puesta en marcha de un programa de trabajadores invitados contribuiría al desarrollo de la economía regional, aumentando los casi 10 billones de dólares anuales que los trabajadores mexicanos envían a su país.
Otros sectores consideran que la amnistía para los indocumentados mexicanos tendrá un impacto negativo en la economía estadounidense. Según el CIS, los inmigrantes mexicanos (en su mayoría trabajadores no cualificados) representan una dura competencia para los trabajadores nativos con menos recursos, generan una bajada de los salarios y pagan menos impuestos al tiempo que utilizan más los servicios públicos, como la salud y la educación. Entre los grupos anti-inmigración se argumenta que las ciudades o enclaves de habla hispana están ”balcanizando América”.
La directora de la organización Diversity Alliance for a Sustainable America, Yeh Ling-Ling, ha mostrado su preocupación por el aumento de población, la creciente presencia de niños que no hablan inglés en los colegios, la previsible consolidación de los mexicanos como mayoría en el año 2061, la congestión del tráfico, la escasez energética, las escuelas superpobladas, la quiebra de la seguridad social y las tensiones raciales. Todo debido, según ella, a las altas tasas de natalidad de población hispana. Por su parte, el profesor de Harvard, Samuel P. Huntington, considera que la inmigración masiva proveniente de México se está convirtiendo en un problema de seguridad nacional. Desde esta perspectiva, el único motivo para la amnistía y el programa para importar trabajadores sería el interés de los republicanos por ganar el voto de los 35 millones de latinos, en la actualidad la minoría más numerosa. Pero hay indicios que delinean otro escenario.
México está reforzando los controles sobre su frontera sur. La puesta en práctica de la operación Plan Sur a principios de julio, coincidiendo con el inicio de las negociaciones entre México y EEUU, ha supuesto el incremento de la vigilancia de la policía y las FF. AA. sobre la frontera con Guatemala y Belice. Muchos temen que estas medidas, más que detener a los cientos de miles de centroamericanos que intentan llegar a EEUU, acreciente el número de muertes y favorezca el tráfico ilegal de personas. El año pasado las autoridades mexicanas deportaron a 150 mil centroamericanos, y en los primeros seis meses de este año la cifra ha llegado a 100 mil. Probablemente éste sea el precio que México tiene que pagar por una política más relajada del gobierno norteamericano hacia sus propios inmigrantes, aplicando en el sur lo que padece desde el norte.
