Mercenarios en Libia: ¿mito o realidad?
En un conflicto bélico de cualquier naturaleza, determinar qué es información fiable, propaganda o desinformación es complicado. Como es bien sabido, la primera baja en la guerra es la verdad. La información deviene en otro frente de guerra, en el que dos bandos combaten con arrojo y saña. No es diferente en la arena libia, en la que hay dos posturas enfrentadas al respecto de la presencia de mercenarios en el conflicto.
La postura oficial, defendida públicamente por Saif al Islam, hijo y delfín del coronel Muamar Al Gadafi, rechaza tajantemente cualquier presencia de soldados de fortuna en sus filas. Argumenta que los soldados negros tachados de mercenarios son efectivos del ejército libio porque, siempre según sus palabras, «el 50% de los libios son negros» y acusa de discriminación a los periodistas que han dado carta de veracidad a esas denuncias.
Al otro lado de la trinchera informativa, la máquina mediática transmite en medio de la niebla de la guerra imágenes de supuestos mercenarios capturados, abatidos e incluso linchados por las fuerzas opositoras al régimen. La mayoría de los testimonios hablan de combatientes subsaharianos que no comprenden el árabe. En realidad, estos podrían pertenecer al ejército regular de Libia (cuya población está compuesta por alrededor de un 5% de habitantes de piel negra) o, con más probabilidad, ser soldados enviados a Libia por déspotas del África subsahariana para recibir formación militar, movilizados ahora tras el estallido del conflicto. Estas fuerzas militares extranjeras instruidas en Libia constituyen una especie de guardia pretoriana, normalmente con un componente étnico, tribal o clánico, que se encarga de asegurar la supervivencia física y política del dictador de turno. Por último, también podrían pertenecer a alguno de los movimientos de insurgencia cuyas luchas por la «liberación nacional» Gadafi lleva años apadrinando, ya luchen contra un gobierno legítimo o ilegítimo.
Bajo la férula de Gadafi, Libia ha sido uno de los principales exponentes de lo que bien podría llamarse mal de los mercenarios en el continente. Ha sido el campo de entrenamiento y financiación- y el bazar de material militar- de elementos tan funestos como las fuerzas liberianas de Charles Taylor, las zimbabuenses de Robert Mugabe o las de Mobutu Sese Seko, el cruel dictador del antiguo Zaire, entre otros. El coronel Gadafi, que durante años ha intentado jugar el papel de líder panafricano, llegando a sugerir la creación de unos Estados Unidos de África, ha utilizado sus petrodólares para intentar engatusar y atraer a su ideario político a líderes del continente, sobre todo de África occidental. La formación de unidades militares para protegerles de un eventual golpe de Estado ha sido una de sus dádivas a estos gobernantes africanos.
Si los testimonios no son concluyentes, tampoco es clarificador el análisis de las imágenes aparecidas en los medios o en You Tube. Un soldado de fortuna es un soldado profesional altamente cualificado, con entrenamiento especial, que ha servido durante años en ejércitos regulares y en sus unidades de élite, alcanzando incluso el grado de oficial o suboficial, y que cuenta con experiencia real en combate. Estas características le convierten en un valiosísimo y bien remunerado profesional de la guerra. Pero no son esos individuos los que hemos visto en las imágenes sino, por el contrario, personas sin identificar que difícilmente encajan en el perfil del experimentado mercenario.
La presencia de soldados de fortuna en la revuelta libia plantea uno de los problemas más graves desde el punto de vista humanitario y legal para Libia, y por ende para toda África. Libia es parte, desde el 22 de septiembre de 2000, de la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios. También es parte de la Convención para la Eliminación del Mercenariado en África, de la Unión Africana, desde 2005. Si se verificase el empleo de mercenarios en el actual conflicto, esto conduciría al banquillo de los acusados a los responsables de su utilización en acciones bélicas, de acuerdo con estos tratados y con la Resolución 1970 del Consejo de Seguridad de la ONU. Sin embargo, sólo una comisión internacional independiente, imparcial y neutral en el seno del grupo de trabajo sobre mercenarios de la Organización de Naciones Unidas podrá determinar el alcance de las actividades mercenarias en el conflicto libio. Sus investigaciones podrán servir de base para construir acusaciones formales ante la Corte Penal Internacional o ante un tribunal internacional ad hoc, conjuntamente con las de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Sólo de esta manera la comunidad internacional demostraría de forma rotunda, contundente e inequívoca su oposición a las actividades mercenarias, con independencia de quién las promueva y vengan de donde vengan. Tal vez de este modo, el próximo jefe de Estado o de Gobierno tentado de recurrir a fuerzas mercenarias se lo piense dos veces antes de hacerlo.
En todo caso, si la situación de inestabilidad en Libia se prolongara en el tiempo, caben pocas dudas de que esto abriría la puerta a la irrupción masiva de compañías militares privadas. Las empresas internacionales que operan en el país, en especial las extractivas, podrían contratar sus servicios para garantizar la seguridad de sus instalaciones y su personal, sobre todo del expatriado. De hecho, algunas de ellas ya operaban en Libia antes de que estallara el conflicto actual. La Resolución 1970 del Consejo de Seguridad del pasado 26 de febrero impone, entre otras sanciones, un embargo de armas sobre el territorio libio que podrían sortear, por ejemplo, las compañías militares privadas aprovechando la ambigüedad en la redacción de su articulado. En definitiva, más problemas a la vista.
