Liberación de generales libaneses, ¿solo un acto de justicia?
(Para Radio Nederland)
Cuando Líbano se encuentra tan solo a cinco semanas de la celebración de unas elecciones parlamentarias que aspiran a consolidar la habitualmente inestable situación nacional, se acaba de producir la liberación de cuatro generales supuestamente implicados en el asesinato del ex primer ministro Rafik Hariri (junto con otras 22 personas, como resultado de la explosión de una bomba el 14 de febrero de 2005).
Dados los antecedentes de un proceso de claras connotaciones políticas, no resulta fácil contentarse con las primeras lecturas que pretenden presentar esta medida como una simple aplicación técnica del sistema judicial encargado del magnicidio.
Desde una perspectiva menos contemplativa y oficialista cabe recordar varias claves de diversa naturaleza. Los cuatro generales ahora liberados fueron detenidos apenas seis meses después del atentado y llevaban desde entonces en prisión, sin que pesara sobre ellos ningún cargo concreto. Se trata de personas tan significadas en el entramado de seguridad libanés como Mustafa Hamdam- ex jefe de la Guardia Presidencial-, Jamil al Sayyed- ex director de los Servicios de Seguridad-, Ali al Hajj- ex jefe de la Seguridad Interna- y Raymond Azar- ex jefe de la Inteligencia Militar. Todos ellos fueron transferidos al Tribunal Especial para Líbano (TEL), creado a iniciativa de la ONU, con la misión específica de llevar a buen puerto un proceso que implica no solo a Líbano- políticamente polarizado en torno a este asunto- sino también a Siria- actor omnipresente en territorio libanés desde hace más de treinta años, aunque desde 2005 se viera obligado a retirar a sus soldados.
Debido a los fuertes condicionantes políticos- con el régimen sirio tratando desesperadamente de torpedear su funcionamiento y de verse libre de unas acusaciones que lo salpican por todas partes-, el TEL solo ha podido ponerse en marcha en su sede de La Haya a partir del pasado 1 de marzo. Desde entonces, se han dado algunos pasos, como la petición de los abogados defensores de los cuatros detenidos en la prisión de Roumieh para que se tomara finalmente una decisión judicial de encausar a sus clientes o dejarlos en libertad. Esto llevó a principios de abril a que un juez libanés ya se inclinara por suspender las órdenes de detención, lo que ha sido ahora ratificado (el pasado miércoles) por el TEL, con el argumento de que no existen evidencias suficientes para mantenerlos en prisión indefinida ante la falta de pruebas que los incriminen directamente en la eliminación de Hariri.
Aunque el propio Tribunal insiste en que esta decisión solo se debe interpretar como un mero asunto procedimental, recordando al mismo tiempo que, si aparecen nuevas pruebas, podrá volver a la carga contra los cuatro militares libaneses, resulta difícil evitar que se disparen las alarmas. No basta para detenerlas que incluso el propio Saad Hariri- hijo del asesinado mandatario y actual líder del frente antisirio en la convulsa escena política libanesa- diga sentirse satisfecho con la medida adoptada, prefiriendo entenderla como un ejemplo de justicia independiente.
En demasiadas ocasiones se ha podido comprobar cómo los factores políticos se imponen a los legales y jurídicos y, en este sentido, Líbano es un triste ejemplo de ello, al menos desde que el país se sumió en su amarga y larga guerra civil (1975-90), pasando a convertirse desde entonces en un campo de batalla en el que otros actores (Israel, Siria e Irán entre ellos) tratan de dirimir sus diferencias.
A día de hoy los libaneses siguen asistiendo a una encarnizada pugna entre actores con intereses muy diversos. Por un lado, están los que pretenden controlar el poder local, con la antisiria y prooccidental Alianza 14 de Marzo y la prosiria Alianza 8 de Marzo (en la que el grupo chií Hezbolá tiene una notable presencia). Ambos son conscientes de que la resolución del caso Hariri en uno u otro sentido es crucial para determinar sus opciones de poder en el inmediato futuro. Por otro, destacan los que siguen utilizando el suelo libanés para ampliar su peso político regional, como hace Siria, en su pretensión de recuperar no solo el control del país sino, además, la aceptación internacional a su regreso como supuesto pacificador (aunque todo ello sea visto como un mal menor, ante la amenaza que supone un Hezbolá manifiestamente reforzado).
También es preciso hacer mención a Irán que, tanto a través de Siria como directamente, moviliza sus fichas en territorio libanés para complicar la existencia a Israel, tratando de frenar así cualquier posible agresión desde Tel Aviv. Por último, también son perceptibles los movimientos simultáneos de Siria e Israel en pro de un acuerdo bilateral que permitiría a Siria recuperar las posiciones perdidas en Líbano y al extremista gobierno liderado por Benjamín Netanyahu, así como a la Administración de Barack Obama, presentarse como firmes impulsores de la paz en Oriente Próximo.
Demasiadas variables en juego como para pensar que la decisión del TEL es, únicamente, una muestra de independencia judicial. Ojalá todo fuera así, sin que pudiera caber la menor duda de que lo ocurrido no es un gesto más de real politik, que subordina la búsqueda de la verdad al acomodo político de los actores en juego. Los partidarios libaneses de Damasco en esta historia han celebrado con alborozo la liberación de los militares, ¿será solo por su amor a la justicia?
